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"Papá Noel va a morir" y niños con dos cabezas: lo que se decía de Botnia antes de instalarse
"Todas aquellas alarmas que había por la polución, que iban a nacer niños con dos cabezas, iba a aumentar el número de personas con cáncer, con leucemia; han pasado 12 años y no ha sucedido nada. No es UPM la que más contamina el río Uruguay".
De esta manera, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, desestimó este lunes las advertencias de quienes en el primer Consejo de Ministros abierto del año se manifestaron en contra de la instalación de la segunda planta de UPM.
Lo cierto es que, durante su primer mandato (2005-2009), antes de que en 2007 fuera inaugurada la primera pastera, Vázquez tuvo que afrontar las críticas y reclamos de ambientalistas y políticos, principalmente argentinos. Por ese entonces, una tras otra, las negociaciones con el país vecino fracasaban y los desencuentros se prolongaban.
La instalación de Botnia, la planta de celulosa que en un año superaría la producción de todo el vecino país, sumió a Uruguay y Argentina en un conflicto diplomático que el 10 de junio de 2006 los enfrentó por primera vez en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Cánticos de guerra
“Si Papá Noel llega a Uruguay, va a morir. Todos lo queremos, pero se va a morir: se va a tirar por la chimenea y por ahí vienen las dioxinas, y se va a morir, y chau navidad”, afirmó una ambientalista argentina al canal Telefe, rodeada de niños que sostenían pancartas en rechazo a Botnia.
“Pa, pa, pa, pa, papá Noel/se va a morir/cuando pase por el río Uruguay/con papeleras enormes, verán: por las chimeneas el gordo se va a tirar”, entonaban los menores, risueños, y el presentador del programa tuvo que señalar el extremismo de su canto.
Este grito fue parte del “grito blanco”, organizado por los asambleístas. En 2006, las autoridades de Entre Ríos declararon un día de asueto escolar para que 15.000 niños se manifestaran en la frontera con carteles en los que se leían frases como “Botnia es lo mismo que Chernobyl” y “Tabaré, tú sabes de cáncer, ¿no?”.
Casi 13 años atrás, la guerra parecía inminente en el pacífico Uruguay. Militares argentinos, de extracción nacionalista, ofrecieron a los asambleístas de Gualeguaychú tirar un misil contra Botnia, según informó en diciembre de 2006 el diario argentino Perfil.
Uno de esos ambientalistas, Antonio Campostrini, en declaraciones al diario Página 12 propuso “cortar el suministro de gas, de energía, poner el cuerpo si es necesario”. “A mí de acá me sacan muerto, eso lo puedo asegurar”, manifestó.
En ese mismo número, Marta —militante y jubilada— recordó el atentado a las Torres Gemelas y dijo: “Estaban en el medio de una ciudad y sin embargo le embocaron. Esto es más fácil de apuntar y se hará menos daño”.
Un técnico en informática de la zona mostró de qué manera se podía dejar sin internet a Uruguay: “Acá, 80 centímetros hacia abajo, hay un nudo informático que si lo intervenimos dejamos sin conexión de internet a Uruguay. Esa es una medida posible y no es muy complicada de realizar. La pueden empalmar, seguro, pero la podemos volver a cortar mil veces”.
Los ambientalistas, organizados y combativos
El ingeniero Héctor Rubio lideraba la asamblea contra las plantas, pero, según dijo, luego de viajar a Finlandia comprendió los argumentos de los empresarios y dejó de militar. “Gordo traidor, coimero, la vas a pagar”, decía la pintada en la fachada de su casa, donde se había atrincherado amenazado por sus excompañeros de lucha.
Los piqueteros anunciaron que a partir del 12 de diciembre de 2006 un grupo de ambientalistas “veranearía” en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. A ese espacio se lo llamaría “plaza de la vergüenza nacional”, un lugar donde la lucha contra las pasteras se hiciera “causa nacional”.
Sin embargo, políticos y manifestantes argentinos se posicionaron antes de que asumiera el primer presidente frenteamplista. El puente General Artigas fue cortado por primera vez el 4 de octubre de 2003.
Tres años después de ese primer bloqueo, en octubre de 2006, Jorge Frtizler, uno de los manifestantes más radicales dijo a El Observador que a su entender, “la única solución” al conflicto era el cierre de las papeleras, que aún no había quedado instalada, y por eso amenazaban al gobierno uruguayo con bloquear los puentes entre el 8 de diciembre y el 28 de febrero, para impedir que llegara la materia prima.
Ese día, una multitud aplaudió los dichos de Fritzler. Incluso el Sindicato Argentino de Televisión desplegó una bandera con la inscripción “No a las papeleras, sí a la vida” y entonó el Himno Nacional de su país.
El director general de Turismo, Antonio Carámbula, dijo que era “prematuro opinar” qué tendría que hacer Uruguay ante la amenaza del cierre prolongado del puente, pero anunció que junto al Ministerio de Economía y Finanzas estaban evaluando tomar medidas.
El presidente Vázquez tuvo siempre una cosa clara: “A este gobierno y a este pueblo no lo van a patotear”. Así lo había anunciado el 17 de enero de 2005, cuando festejaba su cumpleaños 65.
La postura del gobierno uruguayo y las negociaciones con Argentina
El entonces ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra (fallecido), aseguró el 20 de julio de 2005 que a los argentinos había que “pegarles una patada en la canilla cuanto antes” para detener las trabas al comercio en el seno del Mercosur.
Jaime Igorra, el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, estimó en octubre de ese año que “las razones para elegir Uruguay” eran las que lo diferenciaban de Argentina: “Políticas estables, respeto de contratos, ser un país predecible independientemente del sector político, honestidad en los controles y transparencia en los procedimientos”.
En febrero de 2006 el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, sentenció que “la etapa diplomática” había concluido, pero desde Uruguay, el presidente Vázquez reiteró que su gobierno aún tenía las puertas abiertas al diálogo.
Busti solicitó a la Justicia argentina que le ordenara “a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos y del Ministerio de Economía de la Nación” argentinos que prohibieran el ingreso por mar o tierra de los insumos destinados a la construcción de la planta, convencido de que los camiones contribuirían a “la situación delictiva”.
Vázquez reiteró que el gobierno uruguayo seguía dispuesto a dialogar "cuando (hubiera) que dialogar". “Podrá ser acá, en Argentina, o de repente en la isla Martín García”, dijo el presidente en Colonia, y afirmó que sentía un “gran aprecio” por el mandatario Néstor Kirchner.
“Uruguay va a estar preparado para cualquier contingencia litigiosa internacional” y “hará planteos internacionales por los daños sufridos”, aseguró Vázquez, ya preparado para enfrentarse a Argentina en la Corte Internacional de La Haya.
Antes de eso, en abril de 2006, la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial elaboró un informe técnico sobre el impacto ambiental de Botnia. “Los comentarios que expresan la preocupación de que las plantas causen daños ambientales catastróficos carecen de sustento, son irrazonables e ignoran la experiencia de muchas plantas de kraft de celulosa blanqueada”, concluyeron los investigadores canadienses .
En rueda de prensa, el canciller Reinaldo Gargano se aferró al informe como prueba de que Uruguay tenía razón, no Argentina.
Pleito internacional
Dos meses después, cuando el 10 de junio los países finalmente se enfrentaron en la primera audiencia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Argentina acusó al gobierno uruguayo de violar el Estatuto del Río Uruguay.
En busca de acarrear agua para su molino, los representantes del gobierno argentino se presentaron como víctimas de una "maniobra" de sus pares uruguayos basados en su “mala fe” y “desconfianza”, lo que terminó por burlar sus derechos.
Argentina no solo acusó a Uruguay de provocar daños económicos en la provincia de Entre Ríos a causa de proyectos turísticos suspendidos y producciones agropecuarias y pesqueras afectadas por la inminente instalación de las plantas, sino que insistió con la contaminación del ambiente y sus efectos fatales para la salud de 300 mil argentinos.
La demanda ahondó en advertencias sobre los efectos “cancerígenos” de los químicos “tóxicos” implementados en la producción de celulosa y los defectos “inmunológicos” con los que nacerían los niños expuestos.
Por su parte, los voceros del gobierno uruguayo reconocieron que en el año 2002 la información dada a Argentina había sido escasa. Dijeron que ese fue el origen la controversia, pero recordaron que en 2003 los presidentes y cancilleres habían acordado superar las diferencias y monitorear de forma conjunta la calidad del agua del río Uruguay y el control posterior de las plantas, una vez que comenzara la producción de celulosa.
“La presentación argentina fue una apelación meramente sentimental, sin fundamentos”, concluyó el entonces vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa.
Un conflicto que se prolongó en el tiempo
Los piquetes al borde del puente General Artigas no cesaron. Los asambleístas incluso construyeron un muro simbólico de bloque que representaba “la división" que existía "entre los pueblos por la inoperancia de los presidentes Vázquez y Kirchner”, según dijo a El Observador uno de los manifestantes.
En noviembre de 2006, un juez de la ciudad argentina de Gualeguaychú —sede de la resistencia contra la planta de celulosa— comenzó un relevamiento de la salud de los niños y adolescentes de la ciudad. La idea era conformar “la más extensa base de datos posible”, para luego comparar la información con la salud de los menores una vez que comenzara a producir celulosa. El registro fue certificado por un escribano público y los datos archivados.
El senador comunista Juan Castillo, por aquel entonces dirigente del PIT-CNT, anunció que hablaría con los trabajadores argentinos para arreglar lo que los políticos aún no habían podido solucionar. Vázquez había sido claro: “Con los puentes cortados no habrá diálogo”, recordó el 1 de noviembre en su segundo año de gobierno.
