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Un fuerte desequilibrio a favor de los sindicatos en el poder de negociación frente a las empresas. Ausencia de responsabilidades entre los sindicatos ante incumplimientos de acuerdos colectivos. Mensajes equívocos y falta de claridad de parte del gobierno. Inseguridad jurídica en torno a la actividad sindical que conspira contra el desarrollo o viabilidad de las empresas. Son todas percepciones que hoy existen entre expertos en relaciones laborales, juristas, políticos y empresarios de distintos sectores de la economía.
A partir de esas percepciones, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM) encargó a Equipos Consultores una medición de opinión pública a nivel nacional sobre la regulación sindical. Lo que sigue es un resumen de los resultados obtenidos en ese trabajo.
Hay 7 de cada 10 personas que está en contra de aceptar las ocupaciones y piquetes como una medida sindical. Además, casi 8 de cada 10 rechaza la realización de huelgas de hambre .Y 5 de cada 10 está en contra de los paros totales de actividades.
Hay 9 de cada 10 entrevistados que tienen una opinión negativa sobre las ocupaciones y piquetes como medidas.
Además, 3 de cada 5 están dispuestos a admitir que existe ese derecho solo como última alternativa, una vez agotadas todas las demás instancias de negociación posibles.
En tanto, 1 de cada 3 personas creen que los sindicatos no tienen en ningún caso derecho a ocupar o hacer un piquete.
El 72% de los consultados consideró que las ocupaciones y piquetes no deberían afectar la libre circulación de bienes y personas. Solo una minoría de 17% respondió en sentido contrario.
El 55% de los consultados está de acuerdo con que se elabore un reglamento que limite o controle las ocupaciones. Solo el 24% manifestó oponerse a esta alternativa planteada, según el trabajo presentado este martes por el abogado y profesor del IEEM, Juan Martín Olivera, durante la Asamblea de Antiguos Alumnos del IEEM.
Asumiendo que las ocupaciones fueran reguladas, solo 1 de cada 5 personas cree que este paso sería malo para el país. Para los sindicatos la misma cantidad (3 de cada 10) lo considera bueno o malo.
De la medición de opinión pública también se desprende que el 74% de la población considera que los sindicatos deben ser responsabilizados y sancionados en caso de aplicar medidas que generen daños materiales a las empresas o cuando rompan acuerdos de paz.
Para Olivera, a partir de la opinión recabada entre expertos y en la opinión pública, Uruguay está preparado para avanzar en soluciones que cambien las reglas sobre cómo se están manejando la realización de medidas sindicales y la regulación sindical en general. “Es avanzar en definitiva hacia una relación entre empresas y trabajadores que sea más colaborativa y que contribuya al beneficio del país que es el objetivo común de todas las partes”, apuntó el experto.
Por Nelson Larrañaga
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