Ancla contra la paz social

La persistencia de animosidad contra la estructura militar en sectores de la sociedad ancla el país en una perturbación carente de justificación. Esta anacrónica derivación del tema de los desaparecidos durante el período dictatorial fue precisada por el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, durante la celebración del Día del Ejército. El ministro, un exlíder guerrillero que pasó años en la cárcel durante la dictadura, afirmó que "hay una estigmatización evidente (a los militares) de todos los sectores de la sociedad, incluso del Frente Amplio". Y Manini Ríos reclamó que no se los "desprecie con soberbia por prejuicios del pasado". Ambos jerarcas denunciaron que sigue existiendo esa actitud al barrer hacia los militares, pese a que las Fuerzas Armadas de hoy son drásticamente diferentes de las que existían hace casi 40 años. Por un lado, están sólidamente comprometidas con el estado de derecho, bajo la autoridad de un gobierno plenamente democrático. Por otro, la casi totalidad de los efectivos de hoy, incluyendo a la oficialidad, en esa época eran subalternos de escasa autoridad o ni integraban las Fuerzas Armadas. Y si queda aún en sus filas alguien con responsabilidad en algún caso de violación a los derechos humanos, es más que improbable que se lo detecte después de tanto tiempo. En los últimos años, desde que el expresidente Jorge Batlle instituyó la Comisión para la Paz, se ha llegado hasta donde parece posible en esclarecer hechos deleznables del pasado. Varios jefes militares y jerarcas civiles de la época se encuentran en la cárcel, después que fracasara la propuesta del expresidente José Mujica de ponerlos en libertad. El presidente Tabaré Vázquez ha prometido renovar investigaciones sobre casos pendientes y ayer decidió por decreto la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Pero es más que difícil que aparezca ahora lo que no ha salido a luz en varias décadas. Desde los sectores que insisten en reavivar gratuitamente las llamas de la división social se levantaron de inmediato las previsibles voces de protesta contra las afirmaciones de Fernández Huidobro y Manini Ríos, una forma de seguir postergando el cierre de un capítulo doloroso de la historia uruguaya. Y si es verdad que la sociedad fue agredida por terrorismo de estado, también lo es que guerrilleros se levantaron en armas en 1963 contra instituciones plenamente democráticas, que permitían el acceso al poder por la vía electoral. Los reclamos del ministro y del jefe del Ejército se produjeron en vísperas de una nueva Marcha del Silencio, que se celebra anualmente en recuerdo de los desaparecidos y, por extensión, en reclamo de una renovada búsqueda de posibles culpables. Recordar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos es inobjetable. Pero el acto asumiría mayor valor y alcance si fuera una marcha por la paz entre los uruguayos, limitada a recordar la pérdida de seres queridos. Es, en cambio, tan perjudicial para el país como desesperanzado para sus promotores seguir utilizando el dolor de quienes perdieron a seres queridos para mantener viva una actitud divisiva que muchas veces esconde afanes revanchistas bajo el barniz de una justicia que, con seguridad, ya llegó hasta donde es posible.