El intendente de Maldonado Enrique Antía polemizó este jueves con la artista Natalia Oreiro, quien en un video cuestionó el proyecto de construir 29 edificios sobre la ruta panorámica en Punta Ballena.
"Natlaia Oreiro cantando? No escuché nada. Cualquiera opina sobre Punta Ballena hoy", dijo Antía consultado en rueda de prensa.
De todos modos el jefe comunal dijo tener una idea para "defender" el "patrimonio natural".
Más allá de la polémica con Oreiro, Antía manifestó sus discrepancias con el proyecto. Dijo que "29 (edificios) son muchos" y que pese a que los privados tienen "un derecho de propiedad", "también hay un derecho de los vecinos".
Tenemos claro lo de Punta Ballena. La queremos defender. Tenemos algunas ideas al respecto. Está claro que esto fue firmado en el gobierno del Frente Amplio. Ahí habían autorizado 37 edificios, no 29 como aparecen ahora. La intendencia no tiene información. No hay ningún expediente en la intendencia. Sabemos que hay un tema que está en (el ministerio de) Ambiente y Ambiente tiene que laudar", dijo este jueves en rueda de prensa.
En los últimos días, ante el conocimiento del proyecto, en la plataforma de Change.org, se comenzó una petición para detener el proyecto –bajo el nombre de "Exigimos la expropiación de Punta Ballena y declararlo como Patrimonio Cultural y Natural". Para este jueves, ya alcanzó 48 mil firmas.
"Punta Ballena es de todos y de todas, si querés que siga siendo así decí no a los proyectos inmobiliarios en Punta Ballena", comentó Oreiro en un video que filmó desde la propia costa de este balneario.
"Nosotros creemos que 29 (edificios) son muchos también", dijo Antía. "Y deberíamos defender a muerte la punta punta de Punta Ballena para que no haya nada ahí incluso", añadió el intendente.
Efectivamente, el proyecto –con una inversión de US$ 100 millones– está a estudio del Ministerio de Ambiente que ha tomado la postura de encontrar un equilibrio entre los reclamos de los vecinos y académicos y la inversión en esas tierras. Éstas fueron motivo de litigio entre el exdueño Antonio Lussich y la Intendencia de Maldonado cuando se construyó la ruta panorámica en lo que, en realidad, eran terrenos privados.
En 2012 se llegó a un acuerdo y los Lussich se comprometieron a dejar abierto al espacio público ciertos lugares como la ruta panorámica y los miradores a cambio de que se les permitiera fraccionar y construir en la zona. En 2017 la Junta Departamental de Maldonado aprobó la resolución con el voto de todos los partidos políticos.
"La intendencia en un momento cumplió la sentencia. Hace muchos años", recordó Antía.
"Pero tenemos claro que la decisión de construcción pasa por Medio Ambiente. Hay un derecho de propiedad, pero también hay un derecho de los vecinos y de defender nuestro patrimonio natural que tenemos"
El intendente dijo que desde la comuna no se reunieron ni con los inversores argentinos, ni con la cartera. En cambio, Antía sí prevé "hacer alguna gestión junto al gobierno nacional".
"Ahí tengo alguna idea al respecto que la semana que viene seguramente, después de informar al gobierno, vamos a hacerla pública", adelantó.
Unos 12 docentes del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de Maldonado redactaron un informe que aborda aspectos de la biodiversidad, la arqueología y la botánica del lugar y lo elevarán al consejo del CURE.
La docente Isabel Gadino dijo a El Observador que el proyecto del grupo inversor argentino es "muy negativo para la biodiversidad, para el paisaje de la zona, los usos públicos, eso es lo más grande", consideró.
El grupo inversor –integrado por Delfín Ezequiel Carballo, Eduardo Carrera Hughes, Lucía Carrera Ponce de León, María Mercedes Jude Gurméndez, María Cecilia Jude, Carmen del Castillo Soriano y Andrea Carbonell en representación de grupo Amuchastegui-Appellaniz – aseguró en el informe de impacto ambiental que "el diseño paisajístico buscará equilibrar la belleza y la funcionalidad del paisaje para las personas, con la conservación de la belleza y complejidad de la naturaleza".
Sin embargo, la consultora de impacto ambiental que estudió el proyecto para los inversores identificó como riesgos ambientales "altos" de la construcción de los 29 edificios la "pérdida de biodiversidad en la vegetación" y la "afectación del paisaje habitual".
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