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Antía declaró por demolición de casas en Punta Colorada y su defensa pide el archivo de la investigación
El intendente de Maldonado, Enrique Antía, declaró este lunes ante la Justicia tras la denuncia que presentaron los propietarios de un grupo de casas ubicadas en Punta Colorada que la comuna ordenó demoler debido a que entiende que están construidas de forma irregular.
Además del intendente, también declaró la directora general de Asuntos Legales, Adriana Graziuso. Antía es defendido por el abogado penalista Jorge Barrera, quien aseguró a El Observador que "no hay otro camino que el archivo de las actuaciones".
"Todas las sentencias judiciales, el informe de la procuradora de lo Contencioso Administrativo, la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, amparos que quedaron ejecutoriados hace unos años, la sentencia del primer amparo y la de primera instancia establecen la legalidad en la actuación de la Intendencia de Maldonado", aseguró.
Y agregó: "Si el fallo y la resolución fiscal obedece a motivaciones estrictamente técnicas y jurídicas, no hay otro camino que el archivo de las actuaciones". La fiscal a cargo del caso es Gabriela Barragán, adjunta de la titular Ana Roses.
A la salida de la audiencia, el intendente declaró en rueda de prensa que la denuncia era una "vergüenza". "Me parece una vergüenza que hagan una denuncia penal por un tema que ya tiene seis resoluciones judiciales diciendo que la tierra es pública", aseguró.
Y dijo que actuó "dentro de la ley" y cumplió con los fallos judiciales. "A pesar de eso aparece en Montevideo una denuncia penal enredando la piola. Tengo claro que actué dentro de la ley. Me preguntaron un montón de cosas y dije lo que pensaba. Lo mismo que estoy diciendo acá. Está autorizada la demolición. No sé cómo enrieda esto el tema penal", declaró.
Por su parte, los propietarios son representados legalmente por los abogados Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson.
Donnángelo aseguró en rueda de prensa que, a pesar de lo que argumenta la contraparte, no hay ninguna sentencia judicial que se pronuncie sobre el carácter público de los terrenos.
"Eso es extremadamente importante porque se ha utilizado como caballito de batalla. Que existen sentencias que le han dado la razón a la intendencia en cuanto a la declaración de bien público de ese terreno. En ninguna de ellas existe un pronunciamiento en relación a la naturaleza pública de la tierra en la que están emplazados. En ninguna", afirmó.
