Apología del liberalismo y el discreto encanto de la izquierda

El comentario de Chou, un hábil diplomático partidario de la apertura hacia Occidente, fue interpretado como una excelsa muestra de sabiduría china, una cultura que suele medir el tiempo en dinastías. Pero otros afirman que simplemente Chou En Lai no entendió la pregunta de Kissinger; o que la respuesta le fue atribuida por un error del intérprete. De todos modos, se non è vero, è ben trovato.

Algo similar puede decirse de muchos aspectos de la economía uruguaya de las últimas décadas, cuando regresó al camino liberal, aunque con marcada timidez; y más aún de los resultados de los gobiernos de la izquierda en Uruguay, entre 2005 y 2018: aún es muy pronto para juzgar.

Uruguay parece hallarse ahora en vísperas de problemas y ajustes inevitables, para corregir algunos serios déficits acumulados durante los gobiernos del Frente Amplio, y evitar una inminente parálisis. Pero las grandes líneas del proceso económico de las últimas décadas resultan claras, como el balance.

Elogio del liberalismo

En primer lugar, la historia económica del mundo y de Uruguay —que se ha reseñado en los 53 capítulos anteriores de esta serie— muestra que las economías abiertas y liberales son muy superiores a las economías cerradas, o protegidas, para generar desarrollo, bienestar, justicia social y libertad.

Así como desde el fondo de los tiempos las sociedades que practicaron el comercio superaron a las tribus cerradas, así la Revolución Industrial y el capitalismo han provocado, en solo dos siglos, más cambios económicos, sociales y políticos que en toda la historia anterior. Y lo ha hecho a una velocidad difícil de soportar.

“La esperanza de vida no aumentó entre la era del hombre de Neanderthal y el siglo XVIII de nuestra era”, recordó Hugh Thomas en su Historia inacabada del mundo. En esa larga etapa las personas vivían menos de 30 años en promedio. Hoy la esperanza de vida ronda los 50 años en el Estado más miserable de África, los 77 en Uruguay y supera los 80 años en Europa occidental y Japón.

La especie humana requirió 100.000 años para sumar 1.000 millones de personas. Pero en los últimos doscientos años, apenas un pestañeo en la historia, la humanidad se multiplicó por siete. Fue posible gracias a más libertad para producir, comerciar y elegir: más tecnología, más alimentos, más salud y mejor distribución, a pesar de los pesares.

La historia de Uruguay como Estado independiente se circunscribe precisamente a esa etapa fabulosa.

Las grandes etapas de la historia económica de Uruguay

En grandes rasgos, Uruguay creció a buen ritmo entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Entonces pasó de su fase bárbara a la modernidad provinciana, y su población se multiplicó casi 20 veces.

El país comenzó a regular y cerrar su economía a partir de la década de 1910, pero más marcadamente desde 1931 en adelante, y se estancó largamente a partir de 1955.

El Uruguay de “desarrollo hacia dentro” y de la “industrialización por sustitución de importaciones”, propio del “neobatllismo”, fue un grave error histórico —cometido en casi toda América Latina— que contribuyó a provocar aislamiento, estancamiento y crisis, inflación, conflictos sociales, emigración y autoritarismo. La nostalgia por lo viejo, salvo la música y poco más, es una trampa que nos tienden los afectos y los cuentos.

La economía comenzó a desregularse en 1974, a la vez que se inició una tímida apertura comercial. La grave crisis de 1982-1984 destruyó lo andado. El proceso de liberalización se profundizó en la década de 1990, aunque más para la región que para el mundo. Desde entonces, pese a otra crisis terrible (1999-2002), la economía alcanzó un superior grado de madurez y estabilidad.

El crecimiento promedio del producto (PBI) entre 1960 y 1984 fue de 1%; y entre 1985 y 2017, de 3,4%.

Un estudio del economista Gabriel Oddone, socio de CPA Ferrere, señala que entre 1985 y 2016, años de gestión democrática, la tasa de crecimiento del país fue 3,7 veces mayor que la del período 1953-1984, signado por el proteccionismo, los conflictos o el autoritarismo.

Uruguay, encerrado en su caparazón desde la década de 1930, dejó pasar una de las etapas de mayor desarrollo en la historia de la Humanidad. En las tres o cuatro décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial el mundo creció como nunca antes ni después.

En los años ’90, tras la caída de los regímenes del “socialismo real” y la comprobación de la inutilidad de muchas de sus propuestas, se logró cierto consenso político y técnico para liberalizar la economía, recuperar la disciplina fiscal y acabar con la inflación de más de un dígito.

Desde la apertura democrática, los tres partidos que gobernaron introdujeron o aceptaron algunas grandes reformas estructurales: creación de la industria forestal; revolución agrícola; desmonopolización de la actividad portuaria, del crédito hipotecario y de los seguros; rebaja de aranceles para el comercio exterior; integración regional vía Mercosur; reforma del sistema de seguridad social y creación de las Afaps; depuración del sistema bancario; reforma tributaria de 2007; reperfilamiento y “pesificación” masiva de la deuda pública a partir de 2005 (Ver nota: ¿Qué tan bien le fue a la economía uruguaya tras la recuperación democrática?)

La apertura al mundo de la década de 1990, especialmente en el Mercosur, hizo cerrar muchas industrias de baja productividad, que vivían de la protección. Pero, a cambio, gestó nuevos empleos y una trama empresarial que en el largo plazo demostró ser mucho más sólida.

“Se empezó a entender que la protección generaba costos más altos para la sociedad en su conjunto”, señaló el economista Carlos Steneri, de larga trayectoria nacional e internacional, en la nota citada más arriba. “Es cierto que cuando se baja la protección hay algunos que se perjudican y otros que se benefician, pero lo que cuenta es el saldo neto. Hoy hay menos desempleo que hace 30 años, por lo que la apertura a largo plazo no generó desocupación, sino todo lo contrario”.

El auge durante el ciclo “progresista” en Uruguay

El comercio uruguayo con el Mercosur cayó dramáticamente entre 1998 y 2004, cuando las economías de la región se derrumbaron. Por entonces se abrió una larga fase proteccionista y arbitraria, que redujo la importancia del bloque, pese al discurso de hermandad “progresista” que predominó en la era Lula-Rousseff en Brasil, los Kirchner en Argentina, Chávez-Maduro en Venezuela y el Frente Amplio en Uruguay.

Las ventas uruguayas en la región regresaron a las cifras históricas previas a la creación del Mercosur: en torno al 30% del total, como siempre. La integración de los países del Atlántico Sur se llenó de palabras y se vació de contenido.

Quien acudió al salvataje del comercio exterior latinoamericano en los últimos lustros fue China, que se convirtió en el principal socio, y por lejos, de los países de la región, como comprador y proveedor.

La coalición de izquierda que ganó las elecciones nacionales de octubre de 2004 era muy distinta a que propuso en 1971, cuando su fundación, un programa netamente estatista, nacionalista y socializante (algo similar, en menor escala, ocurrió con el programa “Nuestro compromiso con usted” de los líderes mayoritarios del Partido Nacional: Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra).

En los años ’90, tras el fracaso de los regímenes socialistas autoritarios, buena parte del Frente Amplio —aunque no todo— abandonó discretamente, sin mayor debate, aquellas propuestas y viró decididamente hacia otras de neto corte socialdemócrata y liberal, a la usanza de Europa occidental. El capitalismo no agonizaba, pues, por lo que era preciso apuntar hacia un “capitalismo en serio”, no la típica chapucería latinoamericana.

 “El pensamiento de la izquierda estuvo muy fuertemente impregnado de un orden doctrinario que subordinaba el individuo a la idea, subordinaba el individuo al Estado e incluso al partido. Recién en los últimos tiempos nos dimos cuenta de que eso no era así”, dijo a Búsqueda en mayo de 2000 el general Líber Seregni, líder histórico de la coalición.

Ya en el gobierno, el Frente Amplio estableció planes sociales para combatir los graves efectos remanentes de la crisis de 2002, hizo reformas (nuevo sistema tributario, sistema nacional de salud, seguridad social) pero no cuestionó las bases del sistema capitalista y profundizó la apertura comercial. Gracias a ello cabalgó sobre el período de desarrollo más largo de la historia moderna del país. La economía uruguaya continuó andando incluso después del fin del auge internacional de las materias primas, en torno a 2014, que acabó con casi todos los procesos “progresistas” de América Latina.

El crecimiento a altas tasas registrado entre 2003 y 2018 sólo es comparable al que ocurrió después de la crisis de 1890 y finalizó abruptamente en 1913, cuando la “crisis del crédito” provocada por el segundo gobierno de José Batlle y Ordóñez. Luego, en 1914, el inicio de la Gran Guerra disimuló las culpas del gobierno.

“(Este es) el período más extenso de crecimiento económico en Uruguay desde que se llevan estadísticas oficiales”, escribió el economista Javier de Haedo en El País del 30 de abril de 2018. “Otros períodos parecidos se dieron entre 1943 y 1957, también de 15 años, pero con una leve caída en 1952; en los nueve años desde 1973 y en los diez desde el retorno de la Democracia (1985 a 1994) que con una caída en 1995 (por el llamado ‘efecto tequila’) se extiende hasta 1998. A partir de aquel dato, como suele suceder en este país agrietado, unos se atribuyeron casi todo el mérito del récord y otros lo asignaron prácticamente al ‘viento de cola’ [los buenos precios internacionales]. Ambos tienen parte de la razón. Es indudable que el contexto externo fue fundamental, pero también es evidente que las políticas públicas llevadas adelante por los gobiernos del Frente Amplio coadyuvaron al desempeño registrado”.

De Haedo —quien ocupó altos puestos en el equipo económico del gobierno del Partido Nacional entre 1990 y 1995— atribuye el largo ciclo de crecimiento al “muy buen diseño de la salida” de la crisis de 2002 por el gobierno de Jorge Batlle; “ a la prolija transición entre los gobiernos de Batlle y Tabaré Vázquez, con el anuncio tempranero de que Astori sería el titular del MEF y las señales de que habría continuidad de políticas macro económicas que generaban buena reputación al país”; a las políticas “sensatas” de los equipos económicos liderados por Danilo Astori; y al “inicio del ‘viento de cola’ a partir de 2002 con el debilitamiento global del dólar, y desde 2003 con el aumento en los precios de las materias primas”.

El impulso y su freno

Pero también, en ciertos aspectos decisivos, Uruguay se ha quedado a mitad de camino. El más significativo, tal vez, sea que no profundizó su apertura ni negoció nuevos mercados por la vía de tratados de libre comercio, o comercio preferencial. Así, más del 35% de las exportaciones realizadas a China y a la Unión Europea en 2016 quedaron en sus aduanas. Esa enorme suma es un límite para las ganancias de los exportadores y para los salarios de los trabajadores.

El interminable debate en el seno del Frente Amplio antes de aprobar un tratado de libre comercio con Chile en 2018 mostró las fuertes tendencias antiliberales en sectores minoritarios pero significativos, hábiles apparatchik. De hecho, ellos no creen en el libre comercio, o no entienden su significado. Proponen proteger relativamente pocos puestos de trabajo locales a costa de un precio enorme.

Pero no ha habido auge productivo e industrial en la historia sin una previa expansión del comercio y la especialización. Ya en noviembre de 2004 Danilo Astori advertía sobre los estrechos límites del Mercosur: “No se trata ahora de sustituir la economía cerrada” de Uruguay en el pasado “por un encerramiento regional”.

En segundo lugar, los gobiernos del Frente Amplio se han vuelto adictos a tomar deuda pública para financiar un déficit fiscal que es muy alto desde 2014. Antes esos agujeros se cerraban por la vía de grandes devaluaciones y picos inflacionarios. Pero desde la estabilización lograda en los años ’90 el déficit debe cubrirse con ajustes —más impuestos, tarifas públicas más altas— y con deuda. Entonces la deuda pública neta (descontadas las reservas) se disparó del 32,3% del PBI al finalizar 2013 hasta el 42,5% del PBI al cierre de 2017. La deuda bruta ya significa el 66% del producto, una de las más altas de América Latina.

El país marcha expreso hacia una crisis fiscal. Tarde o temprano habrá que hacer un ajuste mayor, pues la deuda pública tiene un límite. Por un lado, se aumenta la cuenta de intereses y amortizaciones a pagar cada año (ahora son más de US$ 3.100) y, por otro, el crédito se vuelve cada día más caro, hasta que se acaba. Nadie vive a crédito de manera indefinida.

La insostenibilidad fiscal pone en riesgo el “grado inversor” (calificación del riego crediticio) que el Estado uruguayo recuperó en 2012, después de haberlo perdido durante la crisis de 2002.

En tercer lugar, la economía daba muestras de estancamiento en el tercer trimestre de 2018, en tanto la demanda laboral caía por cuarto año consecutivo. Escasea la mano de obra calificada y la educación básica: la mayoría de los jóvenes no termina la Enseñanza Secundaria. El extraordinario poder de los sindicatos, que gozan de una legislación permisiva, incluso para ocupar empresas, es otra razón por la que flaquea el mercado laboral.

El Estado, con más de 300.000 contratos laborales, se engrosó hasta ocupar casi el 9% de la población del país, un récord histórico (ver el capítulo XXVI de esta serie). Pero el empleo público es un mal sustituto: tiene grandes bolsones de ineficiencia y corrupción, y su peso se vuelve insostenible cuando la base productiva flaquea.  

Próxima nota: el problema del “atraso” cambiario: una bomba de tiempo