¿Asuntos internos?

San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía cuando iba a abordar un avión a Miami junto a su hija. Poco después detuvieron a su ex marido y a varios familiares. Nada se supo de San Miguel hasta 5 días después (¡que se habrá hecho de aquel derecho de que toda persona detenida se ponga a disposición del juez antes de las 48 horas!). Fue detenida el viernes 9 y recién el miércoles 14, el fiscal general Tarek Saab, que antes dijo que había sido detenida en relación a un complot para matar a Maduro, señaló que sería acusada de “terrorismo”, “traición a la patria” y “conspiración”. Todos delitos de nombres grandilocuentes, muy burdos y tan genéricos en su contendido donde cabe cualquier cosa que el sospechoso haya hecho o dicho o incluso pensado. En este caso, San Miguel sería “culpable” de “comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando”. Algo así como una relatora “en vivo y en directo sobre el terreno”.

Ni en eso ponen un poco de originalidad los autócratas caribeños. Mucho más inteligente era su mentor Hugo Chávez. Pero ellos no. Son más burdos a la hora de inventar atentados, imaginan complots y luego agarran cabezas de turco a quienes endilgan la planificación de esos delitos. Es la misma cantinela que se escucha en otros países y en otros tiempos. Nada nuevo bajo el sol.

Son tan torpes que luego de detener e imputar a Rocío San Miguel, Maduro y sus adláteres se dan el lujo de expulsar a los 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela. Claro, esa oficina instalada en Caracas en 2019 cuando Michelle Bachelet ocupaba ese cargo en la ONU, era relativamente crítico con el régimen de Maduro, aunque había reconocido ciertas mejoras después de los Acuerdos de Barbados de octubre de 2023. Pero esas mejoras, que permitieron que Estados Unidos levantara ciertas sanciones económicas, pronto se fueron al tacho con ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado luego de ganar en forma aplastante las primarias de su partido.

Y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela sí que se molesté y condenó la detención de Rocío San Miguel. Para dejar claro que no hay derecho a discrepancia, Maduro jugó fuerte y ordenó la expulsión de los funcionarios de la Oficina y el cierre de la misma.

Todo esto ocurre en Venezuela mientras los funcionarios de la ONU hacen sus valijas y Rocío San Miguel permanece detenida en el siniestro Helicoide (la cárcel del Sebin, el temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, donde no hay garantías procesales y físicas de ningún tipo y, por contrario, predominan las torturas).

Los de fuera debaten si deben opinar o no sobre “asuntos internos” de Venezuela. España está en un brete pues Rocío San Miguel tiene doble nacionalidad, venezolana y española.

La más enérgica protesta por este último hecho que afecta a la ONU proviene de un comunicado emitido por los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Costa Rica. En el condenan  “Las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo»,

Además, manifestaron “su profunda preocupación” por la detención de la activista Rocío San Miguel, la cual tildaron de arbitraria.

Hicieron “un enérgico llamado” a las autoridades venezolanas a liberar de inmediato a la también presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida el 9 de febrero, y a deponer los cargos realizados con ella en un juicio sin presencia de abogados (presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir).

Sin embargo, son muchos los países y los partidos políticos los que se abstienen de condenar estos hechos bajo el concepto de “no intervenir en asuntos internos de otro país”. Por ejemplo, la declaración de los cinco países, no fue acompañado por Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Colombia, para citar a países cercanos a Venezuela. Lula, ya sabemos, es amigo de Maduro y lo llevó a la Cumbre de presidentes de la que estaba vetado. Petro de Colombia también. Boric ha sido crítico de Venezuela siempre. Bolivia, en cambio, amigo. Perú, no se sabe.

A veces puede ser difícil opinar de detalles internos de la política de un país, pero cuando un régimen tiene más de 1400 personas inhabilitadas políticamente, y entre ellos a los líderes de la oposición más carismáticos y populares, la lectura es clara. Capriles, López y  Corina Machado solo tienen como pecado el ser potenciales candidatos a sacar a Maduro del poder y eso el presidente caribeño no lo tolera: es traición a la patria, terrorismo y varias cosas más.

Por otra parte. cuando se intercede por una activista de DDHH o por una oficina de la ONU, la condena externa no puede ser rechazada sin más.

La comunidad internacional no puede ignorar esas violaciones al derecho internacional. Y si bien, algunos dirán que con los países grandes no se atreven, es importante ayudar a extender el ámbito del derecho internacional. De lo contrario, lo que predomina es la ley de la selva.

Los reclamos formulados por los cinco países son pertinentes. Y es bueno oír esas voces de reclamo porque todos estamos en la misma nave. Hoy le toca a Venezuela. Mañana no se sabe. Los que no quieran hablar, que permanezcan  en silencio. Pero que mantengan la misma conducta con todos  los países y en todos los temas.