En la mañana de este lunes el intendente de Montevideo, Christian di Candia, se acercó a la plaza Zabala para escuchar en persona los reclamos de los vecinos que exigen que las "estaciones de descanso" que la IMM comenzó a colocar en mayo –que tuvieron un costo de US$ 400 mil– sean removidas, según informó El País y confirmó El Observador.
Di Candia recorrió la plaza, habló con los vecinos y se comprometió a estudiar las quejas. "Su equipo tomó nota y nos estarán dando una respuesta a modo de incorporar nuestras propuestas", escribió la cuenta Amigos de Plaza Zabala en Twitter.
También sobre las 11 de la mañana del día de hoy el intendente @chdica estuvo dialogando con parte del grupo en la #plazazabala. Su equipo tomó nota y nos estarán dando una respuesta a modo de incorporar nuestras propuestas. #nonosacostumbramos pic.twitter.com/BZ5h46TcAV
— AmigosdePlazaZabala (@AmigosdeZ) June 3, 2019
"Se le dijeron las cosas que pensábamos y, bueno, dijo que iba a mirar todos los expedientes y todo el material sobre el tema, y que en 10 o 15 días tendríamos noticias", contó a El Observador, Chichila Irazábal, una de las vecinas.
La comisión vecinal, a su vez, escribió una carta este lunes dirigida a la directora general de Desarrollo Urbano de la Intendencia, Silvana Pissano, donde anuncia que está a la espera de ser nuevamente convocada "para intercambiar ideas" además de insistir con los reclamos, al señalar que la instalación del mobiliario en la Circunvalación Durango es "totalmente inconveniente e innecesaria".
La @montevideoIM nos prometió una reunión y nos mandaron un mail. Esta ha sido nuestra respuesta a primera hora de la mañana del día de hoy. @chdica "intercambiar es tener la posibilidad de modificar" pic.twitter.com/bJiL15oL2L
— AmigosdePlazaZabala (@AmigosdeZ) June 3, 2019
"Consideramos que es inapropiado el proyecto en sí, su diseño, su magnitud, los árboles en macetones de plástico, todo ello interfiere con el recinto de la Plaza, con su carácter histórico y patrimonial. Ha quedado de manifiesto que no se llevó a cabo un proceso claro de discusión sobre la colocación de este mobiliario, a nivel de las áreas protectoras del Patrimonio, tanto dentro del propio Municipio como en los organismos", afirmaron.
A su vez, aseguran que el monitoreo que la Iintendencia tiene planificado (que durará alrededor de ocho o nueves meses) "no tiene razón de ser" porque, según dicen, "no debería ser el uso" del mobiliario "lo que justifique su permanencia".
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