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Bariloche: cinco miembros de una comunidad mapuche condenados por usurpar una tierra
La Justicia de Bariloche condenó a cinco miembros de la comunidad mapuche por la ocupación ilegal de un terreno privado situado al pie del cerro Ventana, a escasos kilómetros del corazón de la localidad. Además, dos de ellos fueron imputados por obstruir una audiencia pública mediante una amenaza de bomba.
En septiembre de 2019, los integrantes de la lof Buenuleo irrumpieron de manera abrupta en el lote pastoril 172, tomando posesión de unas extensas 92 hectáreas. Según el fallo judicial, esta acción se llevó a cabo "con violencia y clandestinidad".
Tras la denuncia presentada por el legítimo propietario del terreno, se desencadenó un proceso legal en el que ambas partes disputaron la posesión del terreno, incluso con enfrentamientos que dejaron varios heridos.
Esta semana, después de un prolongado proceso judicial, cinco de los nueve miembros de la comunidad fueron declarados culpables de usurpación. Durante la investigación, se pudo constatar la presencia previa del grupo en la zona. Sin embargo, surge un dato relevante: años atrás, uno de los integrantes, identificado como Antonio Buenuleo, había vendido diversas propiedades a diferentes compradores, transacciones que fueron desconocidas por aquellos que intentaron recuperarlas en 2019, alegando una supuesta "recuperación ancestral".
El fallo emitido por los magistrados Romina Martini, Víctor Gangarrosa e Ignacio Gandolfi fue unánime. Rechazaron los argumentos de la defensa acerca de la supuesta recuperación territorial, ratificando así la sentencia.
Entre los condenados se encuentra la máxima autoridad de la comunidad, Ramiro Buenuleo, junto a su pareja Sandra Ferman, Lucas Dinamarca, Rosa Buenuleo y Aucán Maliqueo. Por otro lado, otros cuatro miembros de la comunidad fueron sobreseídos debido a la falta de pruebas que los vinculen directamente con el despojo.
El juicio, que inició el 8 de marzo, concluyó esta semana con el veredicto, aunque aún falta determinar las penas correspondientes para cada uno de los condenados.
Magdalena Odarda, ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, defendió la acción de los usurpadores argumentando su arraigo histórico en el territorio: "Llevan más de 130 años aquí", declaró durante su testimonio en el juicio.
