El expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro enfrenta a partir de este jueves un juicio que puede inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por ocho años y dejarlo fuera de las elecciones brasileñas de 2026.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) empieza a decidir sobre un caso abierto contra el exmandatario por ataques proferidos contra el sistema electoral de urnas electrónicas durante una reunión con diplomáticos en julio de 2022, tres meses antes de las presidenciales en las que fue derrotado por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro dijo entonces, ante representantes de países como Francia y España, así como de la Unión Europea (UE), que buscaba “corregir fallas” del sistema de votación para garantizar su “transparencia”, en un discurso de casi una hora en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial, transmitido por el canal oficial de TV.
“Tenemos tiempo de resolver el problema, con la propia participación de las Fuerzas Armadas”, dijo el entonces mandatario, que acompañó el discurso con una presentación de PowerPoint con supuestas irregularidades en el sistema electoral, sin el respaldo de ninguna auditoría.
La fiscalía pidió que Bolsonaro sea declarado “inelegible” debido al “abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación”, en tanto que pidió la absolución del general de reserva Walter Braga Netto, excandidato a vicepresidente de Bolsonaro también incluido en el caso.
El ultraderechista atacó sin pruebas el sistema vigente de urnas electrónicas debido a su presunta vulnerabilidad, que según él podía servir para manipular el resultado electoral en su contra.
Ese argumento atizó a buena parte de sus seguidores radicalizados, que el 8 de enero de 2023, días después de la toma de posesión de Lula, invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
En caso de que los siete jueces del TSE no emitan sus votos este jueves, un escenario probable, están previstas otras dos sesiones plenarias para completar el juicio, el 27 y 29 de junio. Tampoco se descarta un aplazamiento del proceso.
Se da casi por descontado que Bolsonaro será condenado, dijeron a AFP dos fuentes judiciales que siguieron el trámite. “La duda es cuántos votos en contra tendrá”, aclaró una de ellas, y aseguró que no se prevé este jueves la comparecencia de Bolsonaro.
Con una inhabilitación de su principal líder, la derecha brasileña, que representa la mitad de los electores, podría fracturarse, según analistas.
Bolsonaro obtuvo más de 58 millones de votos en la segunda vuelta de 2022 y perdió por una diferencia de 1,8% frente a Lula. Los partidos conservadores dominan además el actual Congreso.
“El riesgo de división en el campo de la derecha y ultraderecha existe porque no hay ningún presidenciable natural heredero de Bolsonaro”, dijo Leandro Consentino, profesor del instituto Insper de Sao Paulo.
“Pero Bolsonaro se convertirá en un activo importante para atraer votos para el eventual elegido”, agregó.
Bolsonaro admitió públicamente la posibilidad de un revés, aunque anticipó que intentará seguir gravitando en la política.
“Nadie va a cambiar nuestra manera de actuar. Sabemos cómo es la justicia en Brasil. Pase lo que pase, nos preparamos para buscar alternativas”, dijo el expresidente la semana pasada en un acto del Partido Liberal (PL), en Brasilia.
El profesor del Insper aseguró que Bolsonaro podría recurrir una eventual condena ante el TSE, con pocas posibilidades de éxito. Agregó además que podría presentarse como un “mártir” para mantener viva su popularidad.
“Bolsonaro intentará mantener cautiva a su base más dura de seguidores asegurando que es un perseguido político”, dijo.
Bolsonaro enfrenta cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF), susceptibles de penas de prisión.
Cuatro fueron abiertas durante su presidencia (2019-2022), mientras que en la última es investigado como presunto instigador del asalto a las sedes de los tres poderes por parte de seguidores suyos el 8 de enero en Brasilia.
En uno de los casos, Bolsonaro es acusado de interferir con la Policía para proteger a familiares sospechosos de corrupción.
También es investigado, en otro caso distinto al del TSE, por difundir desinformación sobre las urnas electrónicas.
Las otras dos pesquisas son por haber filtrado informaciones confidenciales de una investigación policial sobre un ataque cibernético a la corte electoral y por declaraciones sobre la pandemia de Covid-19, cuando asoció la vacuna con un supuesto riesgo de contraer VIH.
Sin fueros especiales tras dejar la presidencia, también debe responder a procesos en primera instancia.
Entre ellos, es señalado por “subversión al orden” por su participación en manifestaciones con consignas antidemocráticas el 7 de septiembre de 2021.
Si fuera condenado de forma definitiva y a las penas máximas por esos delitos, el expresidente enfrentaría casi 40 años de cárcel.
Bolsonaro es objeto además de una investigación de la Policía Federal (PF) por varios conjuntos de joyas regaladas por Arabia Saudita, algunas de las cuales habrían ingresado a Brasil de forma irregular en 2019.
Las joyas implicadas en el escándalo incluyen un juego de collar y pendientes de diamantes destinados a la ex primera dama Michelle, valuado por la prensa en US$ 3,2 millones.
Este conjunto fue incautado por la aduana cuando una comitiva ministerial intentó ingresarlas a Brasil en 2021.
El caso puede configurar delito de peculado (apropiación de bienes públicos) o tributario, por el ingreso de bienes privados sin la debida declaración y pago de impuestos.
Bolsonaro negó haber cometido ningún crimen en su declaración en abril ante la PF.
También negó en mayo haber participado en la supuesta falsificación de su certificado de vacunación contra el Covid-19, así como de otros allegados.
En el marco de esa investigación, la Policía allanó la casa del expresidente, un escéptico del Covid que siempre aseguró no haberse vacunado.
(Con información de agencias)
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