El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, criticó este martes que algunos fiscales pacten con delincuentes acusarlos de un delito de hurto, por el que tiene una pena de pocos meses, en lugar de rapiña, el delito que verdaderamente cometieron y para el cual la ley dispone de una mínima de cuatro años de prisión.
Desde que funciona el nuevo sistema penal, los fiscales tienen la posibilidad de llegar a distintos acuerdos con los imputados, y una de esas posibilidades es el proceso abreviado: por esta vía, los magistrados pueden ofrecer penas más benignas a los delincuentes a cambio de que asuman su responsabilidad y el juicio se resuelva en una única audiencia, de modo que el Ministerio Público ahorra en tiempo y recursos.
Sin embargo, según Bonomi -que reclama que se introduzcan modificaciones legales para evitar este tipo de acuerdos- en los pactos los fiscales ofrecen incluso cambiar la tipificación del delito con tal de ofrecer menos años de pena al delincuente para que cierre el trato.
"Como no tiene la confesión por la rapiña esa que lo va a llevar (a la cárcel por) cuatro o cinco años, se ponen de acuerdo en que confiese hurto y le ponen hurto, y en vez de tener cuatro o cinco años le ponen unos meses y entonces sale en libertad", dijo Bonomi entrevistado en Canal 10.
En la primera reunión de la comisión de seguimiento del nuevo Código del Proceso Penal que tuvo lugar a mediados de febrero, el ministro ya le había hecho este reclamo al fiscal de Corte, Jorge Díaz, según informó Bernedette Minvielle, ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). "El ministro planteó este tema inmediatamente de llegar a la reunión (...) y el doctor Díaz lo negó", contó la jerarca entrevistada en el programa radial En Perspectiva.
"Y yo intervine y dije: 'Mirá, Jorge, a mí me han llegado por rumores, (de los) que uno no se puede prender, pero (fue) a través de los defensores, que es así", le dijo entonces Minvielle al fiscal de Corte. "Que (de) lo que es una rapiña estamos cayendo en algo que no debemos caer", agregó, pero dijo luego que "tal vez el ministro puede traer las pruebas" y reconoció que era "todo un tema".
Fuentes allegadas a Bonomi explicaron a El Observador que, al margen de las críticas y el pedido explícito al sistema político de que los acuerdos abreviados sean limitados por ley, el hecho de cambiar la tipificación de un delito por otro más leve y evitar condenar con prisión o penar con menos tiempo de cárcel era algo que también ocurría en el sistema penal anterior, cuando eran los jueces quienes estaban a cargo de las investigaciones y quienes decidían las condenas para los imputados.
De todos modos, las intenciones de las autoridades de la cartera de seguridad están acompañadas por las de la SCJ. Uno de sus ministros, Jorge Chediak, también propuso días atrás que, entre las modificaciones que entiende necesarias en el sistema penal actual, se incluya que no se puedan realizar procesos abreviados con imputados que hayan cometido rapiñas.
Pero Díaz ya respondió a esa iniciativa: "Pretender que no puedan salir por proceso abreviado las rapiñas tiende a la eclosión del sistema", dijo en entrevista con el semanario Búsqueda este jueves.
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