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Cifras récord de rapiñas y homicidios golpean el último año de la administración Bonomi
En medio del año electoral, la seguridad pública volvió a mostrarse como uno de los principales puntos débiles de la administración del presidente Tabaré Vázquez, luego de que el Ministerio del Interior presentara este lunes cifras récords de delitos, que dejan las promesas de campaña del actual mandatario como una fantasía. La cartera anunció que las rapiñas crecieron 53,8% frente a 2017 (de 19.441 a 29.904), los homicidios se dispararon 45,8% y alcanzaron una marca histórica (de 284 a 414), y los hurtos se incrementaron 25,6% (115.549 a 145.161).
De esta forma, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció en conferencia de prensa que si con los primeros números de 2018 era "muy difícil" alcanzar la rebaja de 30% de los delitos que Vázquez había prometido en 2014, con las cifras anuales ya cerradas aquel objetivo se volvió "más difícil".
Si se compara los datos de 2018 frente a los de 2015 -cuando asumió la actual administración- las rapiñas crecieron 41,1% (de 21.186 a 29.904), los hurtos lo hicieron 60,5% (44.965 a 57.399) y los homicidios lo hicieron 41,3% (de 293 a 414).
Sobre esas cifras, Vázquez había prometido en la campaña electoral bajar las rapiñas 30%.
De todas formas, y a pesar del aumento récord de los delitos, Bonomi optó por defender su gestión: "La oposición evalúa el trabajo sólo por los resultados, nosotros también vemos lo que se ha logrado evitar con lo que hemos hecho. Nos preguntamos, con la evolución del comportamiento de los delincuentes, si no se le deba mejores vehículos, armamento y tecnología a la Policía qué hubiera pasado", afirmó.
Consultado sobre si pensaba renunciar para dedicarse a la campaña electoral, Bonomi dijo que como Vázquez no había exigido que aquellos que aspiraran a integrar una lista abandonen sus cargos en el Ejecutivo –como sí lo había hecho en el caso de quien pretendiera ser precandidato-, él se mantendrá en el cargo y agregó: “Yo creo que amerita seguir trabajando para bajar estas cifras”.
Uno de los datos que más preocupa a la cartera es el aumento de los homicidios, que elevó la tasa de personas asesinadas cada 100 mil habitantes de los 8,1 registrados en 2017 a los 11,8 del año pasado, un guarismo nunca antes alcanzado. Asimismo Montevideo marcó una tasa de 16,1 muertes cada 100 mil habitantes, seguido de Rivera que marcó 13,8 cada 100 mil habitante, Cerro Largo 12,3, y Maldonado 11,6.
De los 414 homicidios ocurridos en el país, más de la mitad (223) ocurrieron en Montevideo, al tiempo que 191 tuvieron lugar en el interior. El 51,4% de los homicidios fueron aclarados y el 86% de las víctimas fueron varones.
De ese total de homicidios, 60% corresponden a casos de "conflicto criminal" -según las autoridades del ministerio-, 14% a violencia intrafamiliar, 11% a rapiñas, 11% a altercados espontáneos y problemas de convivencia, 3% no fueron determinados y el restante 1% corresponden a otros motivos, se informó durante la conferencia.
Sin embargo, el dato que muestra el informe publicado en la web señala que el 47% de los homicidios están relacionados con el "conflicto criminal" -lo que habitualmente se denomina "ajuste de cuentas" entre delincuentes-, 12% con altercados espontáneos (no domésticos), 12% violencia intrafamiliar, 11% rapiña o copamiento, 3% otro motivo, y 15% motivo desconocido.
Las diferencias de los datos es que los primeros son una estimación de la Policía Nacional en base a información de "carácter reservada", y la segunda responde a la forma en que lo registra el Observatorio que elabora las estadísticas de la cartera, según cómo esos crímenes fueron denunciados.
Por otra parte, los hurtos fueron 145.161 casos y aumentaron 44,3% respecto a 2017. El 23,4% de los hurtos fueron de casas y 12,5% de vehículos.
"Hace bastante tiempo que decimos que hubo un aumento y demoramos en la presentación por dos razones. Teníamos un desajuste en los datos de homicidios entre los números del Observatorio de Criminalidad y Violencia y la Policía", explicó en conferencia de prensa el ministro Bonomi. Además, señaló que, a diferencia de lo que sucede en otros países, las autoridades ajustan los números una vez que se produce la muerte de un herido en un delito. "Cuando hay heridos y más adelante se produce una muerte ajustamos los números que hemos dado e incorporamos el dato de la muerte", apuntó.
El efecto “noviembre” y algo más
Por su parte, el director nacional de Policía Mario Layera explicó que el "punto de inflexión" en el aumento de los delitos se dio a partir de noviembre de 2017. "Este estudio eventual de las rapiñas identifica específicamente el momento en el que se comienza a sobrepasar la línea promedio que teníamos de rapiña. Precisamente, a partir de noviembre de 2017", afirmó. Los homicidios tuvieron la misma tendencia que las rapiñas alrededor de esa fecha.
"El incremento mayor en cuanto a homicidios se traduce como motivo del conflicto criminal. Esos son los índices que llevan a que se incremente radicalmente a la baja que traíamos en los dos últimos años, 2016 y 2017, en 2018 a superar y ser cifra récord en homicidios", explicó el director nacional de Policía.
La fecha del 1° de noviembre coincide con la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, pero durante su presentación Layera evitó adjudicar la responsabilidad al cambio normativo.
Al ser consultado específicamente sobre si el nuevo CPP explicaba ese aumento, Layera dijo que lo que cambió en noviembre fue la administración de Justicia y no la policía. “es muy temprano y a la vez sugestivo que solo nosotros evaluemos correctamente de qué manera produce este impacto el nuevo Código”, se excusó.
De todas formas, Layera leyó en la conferencia de prensa un análisis de “una autoridad” de la fiscalía colombiana, cuyo nombre no mencionó, y en el que se señala que el cambio de Código del Proceso Penal en aquel país produjo un aumento de delitos.
Layera dijo además que los criminales cometen más rapiñas porque las victimas tienen menos dinero consigo, lo que les obliga a cometer más delitos. “Si hay mayor cantidad de delincuentes y el beneficio que se obtiene es menor debido a que, por diferentes medidas, como la inclusión financiera, la gente no tiene consigo efectivo en gran cantidad, entonces reitera esa conducta” para alcanzar la cantidad de dinero que pretende, explicó.
Las medidas a tomar
Layera también explicó que, cuando el ministerio observó esta tendencia, se decidió adoptar "medidas" dentro de los límites presupuestarios del último año de administración para llevar adelante acciones que permitan contener y descender la tendencia de la "violencia criminal".
De esta manera, enumeró una serie de medidas que llevará adelante la cartera, como modificaciones en el ingreso de efectivos (que puedan entrar más sin afectar el proceso de selección), modificar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) para "limitar la libertad de reincidentes y reiterantes", incrementar efectivos de la Guardia Republicana y crear una estructura "altamente especializada para coordinar las acciones de investigación a nivel nacional".
También se aumentará la movilidad del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), continuarán los Operativos Mirador, aumentará el control sobre las motos, así como los vehículos, se incrementará el apoyo aéreo en operaciones terrestres y la inteligencia contra grupos que operan contra el transporte de valores. "Estas medidas van a reflejarse como tendencia en el próximo semestre aunque ya podemos decir que sus efectos empiezan a vislumbrase", añadió Layera.
