En momentos en los que los actores políticos discuten la necesidad de recortar el gasto público, en la pasada Rendición de Cuentas el Parlamentó aprobó el artículo 325 que faculta al Poder Ejecutivo a afrontar la diferencia entre comprar un ómnibus a combustible y uno eléctrico, con valores que ascienden a los US$ 350 mil por unidad.
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