El presidente de ANTEL, Andrés Tolosa, lo definió como “un sueño cada vez más cerca”. Para la ministra de Industria, Carolina Cosse, es una muestra del “Uruguay del futuro”. Después de unos cuatro años de obras, con una interrupción de seis meses por orden del Poder Ejecutivo, este 12 de noviembre se inaugurará el ANTEL Arena en el predio donde funcionó el Cilindro. Mientras se ponen a la venta las entradas para su primer espectáculo y se siguen agendando eventos deportivos y culturales, tanto Cosse como Tolosa deberán concurrir al Parlamento para ser interpelados por el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien considera que la empresa de telecomunicaciones “le oculta información a la ciudadanía” sobre los contratos con las empresas que participaron del proyecto, que tuvo un costo total de unos US$ 80 millones.
Mieres realizó un pedido de informes, herramienta dispuesta en la Constitución para los legisladores, en el que consultaba al Directorio de ANTEL sobre seis temas en un total de 42 preguntas, principalmente vinculadas a los contratos realizados para la construcción y puesta en marcha del complejo y los costos que implicaban. Al mismo tiempo, cursó el mismo pedido, amparado en la ley de acceso a la información pública como lo puede realizar cualquier ciudadano. Por la primera vía, todavía no obtuvo respuesta. Por la segunda, el 23 de agosto, cuando faltaba un día para que se venciera el plazo legal, el ente respondió y calificó como “reservada” mucha de la información, especialmente la referente a los costos de los contratos y a la forma en la que fueron adjudicados.
El senador pidió, por ejemplo, que se le entregara “la resolución de adjudicación de cada uno de los contratos” con las empresas que participaron de la construcción, “el contrato celebrado con cada una de las empresas adjudicatarias” y “el monto total abonado a cada una de las empresas, desde la adjudicación de los trabajos hasta la fecha (28 de junio), incluyendo subcontratos, detallando mes y concepto”. Para todas esas preguntas la respuesta fue la misma: “La información solicitada ha sido clasificada como información reservada”.
La justificación de ANTEL para no dar esos y otros datos similares solicitados por Mieres está incluida en la propia ley de acceso a la información pública, que indica que –entre otros casos- un dato puede ser calificado como reservado cuando supone “una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción”. Es decir, cuando el consultado considera que está compitiendo con un privado y que dar determinada respuesta le puede jugar en contra.
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Mieres no se conformó con ese argumento porque entendió que se tratan de contrataciones que realizó un organismo estatal y que al haber usado dineros públicos, esos datos deben estar a disposición de toda la población, según dijo a El Observador. Lo mismo le planteó en una nota a la Unidad de Acceso a la Información Pública, a la que le escribió la semana pasada para que le informara si efectivamente ANTEL “clasificó como reservada la información que indica en su nota de respuesta a la solicitud de información pública”, el fundamento legal de esa reserva y “cuáles fueron los elementos objetivos invocados por ANTEL para determinar la expectativa razonable de un daño al interés público protegido de acuerdo” con lo que establece la ley, entre otras consultas.
Mieres consultó a ANTEL de qué manera se contrató a las empresas constructoras y el organismo respondió que fue de acuerdo a la ley de Rendición de Cuentas de 1986 que estableció que “las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se adecue a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y de acuerdo a lo previsto en esta ley y en sus reglamentaciones”. Sin embargo, clasificó como reservado el detalle de los procedimientos de contratación, los precios ofertados y el precio final adjudicado.
Lo mismo sucedió cuando preguntó por la relación de ANTEL con AEG Facilites, la empresa que se encargará de la gestión de los espectáculos del complejo. El organismo no brindó información sobre el contrato con esa empresa ni los montos abonados por sus servicios. También consideró reservada la información relativa a si se le ha otorgado “la comercialización de los locales que se construyen en ANTEL Arena y bajo qué condiciones: si se paga comisión, quién es el enajenante o arrendador de los locales”. ANTEL se limitó a contestar a Mieres que AEG Facilities “podrá realizar contratos y acuerdos conexos con la gestión, operación y mantenimiento del Complejo ANTEL Arena”.
Tampoco respondió qué ofertas fueron presentadas para los aires acondicionados del centro ni el monto presupuestado y adjudicado.
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