Cuatro ministros japoneses debieron renunciar por corrupción con fondos políticos

Los ministros de Economía e Industria, Yasutoshi Nishimura; del Interior, Junji Suzuki; y de Agricultura, Ichiro Miyashita, dimitieron la mañana del jueves.

Posteriormente, el secretario jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, anunció su propia salida y confirmó la de sus otros tres colegas.

"Para que no haya dilaciones en política nacional, he presentado al primer ministro (Fumio) Kishida mi renuncia como secretario general del gobierno", anunció Matsuno durante una rueda de prensa televisada en directo.

Matsuno, portavoz del gobierno, dijo que también dejará su cargo Michiko Ueno, asesor especial del primer ministro, además de cinco viceministros.

"Las dudas de la opinión pública me rodean sobre los fondos políticos, lo que está provocando desconfianza en el gobierno. Como se está llevando a cabo una investigación, pensé que quería poner las cosas en su sitio", dijo Nishimura a periodistas en el despacho del primer ministro.

El exministro de Justicia Ken Saito asumirá la Cartera de Economía; Interior quedará en manos de Takeaki Matsumoto, que ejerció este cargo antes de la remodelación anterior; y el extitular de Revitalización Territoral Tetsushi Sakamoto se pondrá al frente de Agricultura.

El escándalo estalló por denuncias de que unos 500 millones de yenes (US$ 3,4 millones) en sobornos fueron pagados a miembros del Partido Liberal Democrático (PLD), que ha gobernado Japón de forma casi ininterrumpida desde mediados del siglo XX.

El gobernante Kishida aseguró el miércoles que abordaría las denuncias "frontalmente".

"Tomaré acciones como una bola de fuego y llevaré al PLD a recuperar la confianza del público", declaró entonces el primer ministro a periodistas.

Según las expectativas, el escándalo de corrupción podría costarles el cargo también a Koichi Hagiuda, jefe de la cúpula política del PLD; Hiroshige Seko, secretario general del partido en el Senado y exministro de Economía; Seiko Hashimoto, exministra para los Juegos Olímpicos de Tokio; y otros altos funcionarios del partido oficialista.

Actualmente, la Fiscalía de Tokio investiga las grandes sumas de dinero que ocultó el partido gobernante, un dinero que provenía de las reuniones para recaudar fondos a las que asistían empresarios del país. Para que este tipo de eventos no se convierta en la compra de políticos o grupos parlamentarios, la ley estipula que si la recaudación supera los 200.000 yenes (US$ 1.300), el partido está obligado a registrar en sus libros el nombre del donante y la suma.

Según las pesquisas, si un político del partido oficialista recaudaba un monto superior a la norma establecida, éste se embolsaba toda la suma que superaba el límite. Este dinero no se registraba en los libros del partido ni en la declaración tributaria de los propios diputados.

(Con información de agencias)