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Después de la ley Trans
La cámara de Diputados aprobó la ley integral para personas transexuales en Uruguay. A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, que el proyecto de ley fue aprobado solo con votos del Frente Amplio (FA) y del Partido Independiente (PI), en Diputados contó con la mano alzada de algunos legisladores blancos, colorados y de la Unidad Popular.
Un debate que logró el interés en la ciudadanía llegaba a su fin significando otro triunfo más para los impulsores de “la nueva agenda de derechos”. Primero fue la ley de legalización de la marihuana, luego la del aborto, la del matrimonio homosexual y ahora esta iniciativa que contempla a una población claramente minoritaria.
En Uruguay existen unas 853 personas transexuales según el censo realizado en 2016. “La mayoría viven poco tiempo. Esto se debe a varios motivos en su más amplio sentido”, explicó Federico Graña, director de la división sociocultural del Mides.
En la descripción de esos motivos se suceden testimonios de prostitución, situación de calle, mendicidad, malos tratos, violencia, asesinatos, discriminación laboral, mala alimentación, pobreza extrema y rechazo por parte de sus familias. En promedio es una población que no vive más de 40 años. Una minoría vulnerable cobró de pronto gran visibilidad y muchos debieron preguntar exactamente qué era ser transexual para comprender la discusión.
La Real Academia define la palabra transexual como “dicho de una persona, que se siente del otro sexo y adopta sus atuendos y comportamientos” o “que mediante un tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto”.
El debate de esta ley dejó enseñanzas. Desde observar a la sociedad organizada expresándose para incidir sobre el texto original hasta planteos de todo tipo por parte de los parlamentarios. Existieron movilizaciones a favor y en contra. Los representantes recibieron a transexuales, se difundieron testimonios de casos –incluso de arrepentidos de haber cambiado su sexo– y se cuestionaron definiciones sumamente polémicas del propio articulado.
Una de las voces que se levantó contra el proyecto fue el de la senadora Verónica Alonso, quien sostuvo que la ley tiene una consecuencia indeseada, una “discriminación por razón de género a las propias personas trans: las están discriminando, no se los trata en su calidad de personas, sino por su condición sexual, y se les otorga beneficios especiales sin que deban justificar que necesitan ayuda especial”.
En línea con Alonso el diputado colorado Walter Verri sostuvo que se trataba de una “ley que no otorga derechos, sino que da privilegios. Debe haber respeto para las personas trans, pero también para la inmensa mayoría de la población que es heterosexual. Hace tiempo que estamos legislando para colectivos”, dijo.
Ahora que la ley se aprobó cabe preguntarse: ¿Y ahora qué? Es un dato no menor que los uruguayos sin la capacidad de movilización de los colectivos que influyen decisivamente en el gobierno y en el Mides observan callados –y hasta atónitos– el altísimo perfil de este tipo de temas mientras que los problemas de la vida cotidiana que realmente los afectan siguen a la vista y sin que nadie se haga cargo. Son muchos los ejemplos como para enumerarlos aquí. El Mides los tiene claros.
