El brexit: una crisis previsible

El referéndum que dio luz verde al divorcio entre el Reino Unidos y la Unión Europea hace casi tres años se apoyó en dos tendencias opuestas y difíciles de reconciliar, la de un nacionalismo proteccionista y la de un recelo contra Bruselas pero atento al comercio con el continente.       

La primera ministra May, debilitada desde el inicio de su gestión por la pérdida de la mayoría parlamentaria, a fines del año pasado pudo concluir un acuerdo con la UE para cumplir con la salida prevista para el pasado 29 de marzo. 
Entre otros puntos, el acuerdo fijó un período de transición hasta el fin del 2020, que podría ser extendido de común acuerdo. Entretanto, nada cambiaría en el libre movimiento de bienes y personas. Los británicos se comprometieron a cumplir con sus compromisos financieros con la UE. Fueron mantenidos los derechos existentes de residencia y seguridad social para los más de tres millones de ciudadanos de la UE en el RU y para el millón de británicos que viven en el continente. En adición, se evitó el levantamiento de una barrera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, para mantener así el libre movimiento de bienes y personas entre ambos. 

La coincidencia en evitar una frontera física entre las dos Irlandas fue complementada por un “backstop” o cláusula de salvaguardia, que se pondría en marcha si en el futuro no se lograse un acuerdo definitivo. En este caso, el RU quedaría obligado a a permanecer dentro de “un único territorio de aduanas “, sujeto a las reglas comunitarias. 

La mayoría del Parlamento británico interpretó a esta cláusula como una limitación de la soberanía, puesto que su eventual continuidad no podría ser interrumpida en forma unilateral. Como consecuencia, el pasado 15 de enero los diputados se pronunciaron en contra del acuerdo.   

Ante esta oposición, May gestionó y obtuvo una interpretación legal de la UE, por fuera del acuerdo, para quitarle rigidez a la eventual aplicación del “backstop”. Ello no impidió, sin embargo, que por segunda vez, el pasado 12 de marzo el Parlamento volviera a pronunciarse en su contra.  La UE accedió entonces a conceder al RU una prórroga para su salida hasta el próximo 22 de mayo, pero a condición de que si antes del próximo 12 de abril el Parlamento británico no acepta el acuerdo negociado con May, deberá presentar otra alternativa. Si ello no ocurriese, la UE podrá acceder a una prórroga más larga, de duración indefinida, pero en este caso, el Reino Unido deberá participar en las elecciones para el Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo.

En este marco, el Parlamento británico decidió desplazar a la Sra. May del proceso de decisión sobre el brexit para pronunciarse a través de un “voto indicativo”. Fue un “golpe” parlamentario sin precedentes, con el agravante que una eventual decisión no sería de cumplimiento obligatorio para el gobierno.    

Tal como era de esperar, una vez puesto a decidir, el Parlamento no pudo llegar a ninguna conclusión, salvo la de rechazar por una amplia mayoría la opción de un brexit sin acuerdo. Ante esta evidencia, el viernes pasado May volvió a poner a consideración del Parlamento su acuerdo con la UE que, por tercera vez, fue rechazado.   

El lunes, el Parlamento retomó el “voto indicativo”. De nuevo, ninguna de las opciones consideradas logró la mayoría, aunque la llamada Noruega Plus, que tiene como modelo a la relación actual entre Noruega y la UE, logró la mayor adhesión. Dos días después, los diputados aprobaron una norma que obliga a May a solicitar a Bruselas una prórroga para la negociación con la UE y ratifica la prohibición de un brexit sin acuerdo. Fue entonces que May, derrotada tres veces en el Parlamento y desgastada en sus idas y venidas a la UE, ensayó una movida audaz, más a tono con la situación de un país al borde de una crisis. Harta de sus correligionarios euroescépticos, saltó las barreras de su propio partido e  invitó al  jefe del laborismo, Jeremy Corbyn, a preparar una propuesta común de salida de la UE y evitar un brexit sin acuerdo. No le será fácil, porque para ello deberá superar a la oposición de los extremos de ambos partidos y también la presión que pone el escaso tiempo disponible antes del próximo 12 del corriente.  

Así las cosas, la semana que viene todo puede pasar: un acuerdo para salir de la UE antes del próximo 22 de mayo, un pedido de prórroga más prolongada o el tan temido brexit sin acuerdo.

Cuando está en juego la identidad de un país, la economía pasa a un segundo plano. Pero lo cierto es que la incertidumbre de estos ha creado una pérdida del PIB que algunos estiman en 2,5% con relación a su trayectoria de crecimiento previa al referéndum del 2016. A su vez, en la eventualidad de un brexit sin acuerdo se estima que el RU enfrentará el riesgo de una recesión como la de los noventa, con una baja del 2% del PIB en poco más de un año.  

Por ello hace dos semanas, Fitch puso a la calificación AA del Reino Unido en una perspectiva negativa, anticipando una posible rebaja. 
Hay veces, como esta, en que algunas formas extremas de nacionalismo, canalizadas a través de una opción tan absoluta como la de un referéndum, pueden desembocar en un resultado definidamente negativo para el futuro de una sociedad.