Opinión > EDITORIAL

El gas se suma a malos negocios

La extensa lista costosa de proyectos frustrados que el expresidente José Mujica legó al país
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02 de junio de 2018 a las 05:00
La regasificadora, cuya muerte acaba de ser oficialmente anunciada, integra la extensa lista costosa de malos negocios y proyectos frustrados que el expresidente José Mujica legó al país. Incluyó los dispendios del Fondes a cooperativas inviables pese a recomendaciones adversas de sus propios técnicos, la explotación de yacimientos de hierro por Aratirí, el puerto de aguas profundas y la postergada recuperación del ferrocarril por empresas chinas, que Mujica diera por segura pero quedó en la nada. La regasificadora en la bahía de Montevideo fue un proyecto vidrioso desde el primer momento, porque siempre dependió de un compromiso formal de Argentina de comprar el exceso de producción, que duplicaba las necesidades uruguayas de abastecimiento.

Ni el hostil régimen de Cristina Fernández de Kirchner ni el más amigable gobierno de Mauricio Macri accedieron a dar esa garantía, ya que su país dispone de grandes yacimientos de gas que ahora han empezado a ser mejor explotados. Lo más cerca que se estuvo fue la disposición a comprarle a la regasificadora uruguaya solo cuando la situación interna argentina lo requiriera. Esto no fue suficiente para que Shell, el único interesado en retomar la construcción de una planta más reducida que la originalmente proyectada, decidiera seguir adelante. Pero el proyecto flaqueó desde su inicio bajo la administración Mujica. El adjudicatario original, el consorcio franco-japonés de GFD Suez y Marubeni, lo abandonó después que se retirara la subcontratista brasileña OAS, que estaba a cargo de construir un gasoducto que costó US$ 70 millones y queda ahora como inútil recuerdo de la aventura. Desde la oposición se ha denunciado, aunque nunca probado, que la adjudicación a OAS, empresa manchada por los escándalos de corrupción en Petrobrás, se hizo a pedido del encarcelado líder brasileño Lula da Silva.

El resultado es una pérdida estimada en US$155 millones que deben absorber UTE y ANCAP, dueñas de Gas Sayago, la empresa pública bajo derecho privado a cargo del proyecto. La presidenta de ANCAP, Marta Jara, acaba de anunciar el proceso gradual de liquidación de los activos remanentes de Gas Sayago para venderlos a posibles interesados, como parte de tratar de detener el improductivo drenaje de recursos fiscales. Sus oficinas ya han sido desmanteladas y su personal está en proceso de ser despedido, junto con otras medidas para cortar pérdidas en lo que Jara describió como una empresa "de papel".

La ocurrido con la regasificadora, así como otros tantos proyectos de la administración Mujica, resulta en altos costos para el país cuando un gobierno se embarca en proyectos dudosos por apresuramiento y carencia de sólidos estudios técnicos que aseguren su viabilidad. Ya había pasado antes de que el Frente Amplio llegara al poder, como sucedió con los deficitarios negocios de ANCAP en Argentina, de quien ahora seguiremos dependiendo para tener gas. Es una lección que los gobiernos tendrán que aprender algún día. No se pueden comprometer recursos fiscales, tan necesitados en muchas áreas prioritarias de actividad, en negocios insuficientemente evaluados o que carecen directamente de sustento económico firme, como fue el de la gasificadora cuando no había garantía alguna de poder colocar su producción.

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