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El gobierno insiste en centralizar las investigaciones sobre lavado de activos en fiscalías especializadas
El gobierno insistió ante el Parlamento en la necesidad de aprobar una disposición que fue suprimida por la bancada del oficialismo en la Rendición de Cuentas, que plantea que sean las fiscalías especializada de Montevideo las que indaguen los casos de lavado de activos.
Se trata del artículo 241, desglosado del mensaje presupuestal y ahora presentado en un nuevo proyecto, elevado por el Partido Nacional. Establece que los fiscales departamentales del interior del país tendrán competencia para tomar "medidas urgentes e impostergables" en relación a este tipo de delitos. Cumplida esa actuación, el fiscal interviniente debería remitir las actuaciones a la Fiscalía Penal de Estupefacientes de la capital, que tendrá "competencia nacional" para continuar la investigación. Actualmente, están a cargo de los fiscales Mónica Ferrero (1er turno), Stella Llorente (2° turno) y Alejandro Machado (3er turno).
"Queremos insistir en que esta norma genera instrumentos importantes para la fiscalización sobre el lavado de activos", aseguró ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
La necesidad de su aprobación también fue defendida por el titular de la Secretaría Nacional Antilavado (Senaclaft), Jorge Chediak, "Básicamente por aquello de Einstein de que si seguimos haciendo lo mismo vamos a seguir obteniendo los mismos resultados", dijo al comparecer con el equipo de Presidencia el miércoles 8.
La iniciativa había sido prevista por el Ejecutivo ante la voluntad de incrementar las acciones y sanciones penales vinculadas lavado, ante el descenso de las investigaciones.
"El organismo que no está supervisando, el Gafilat, nos va a preguntar por qué está pasando esto", había advertido el mes pasado ante la Cámara de Diputados el asesor de la Senaclaft, Gustavo Misa.
Según datos que aportó Chediak a los legisladores en un universo de más de 6.000 delitos precedentes del lavado de activos, sin contar rapiñas o hurtos, en 2019 hubo 44 imputaciones por lavado de activos, 37 por asistencia al lavado, cinco por posesión y tenencia de activos, dos por ocultamiento de este tipo de activos y ninguna por conversión o transferencia de bienes.
El año pasado se pasó a 73 imputaciones, mientras que entre enero y marzo de este año fueron 25 las imputaciones. "De los imputados por delitos precedentes en el período febrero de 2019 a marzo de 2021 casi la mitad, el 54%, lo son por delitos vinculados con estupefacientes; del resto de los delitos podemos decir que ninguno de ellos en forma individual llega al 1%. Del total de personas imputadas por delitos precedentes en el período referido, en promedio –dejando rapiñas y hurtos de lado– se imputó por delitos de lavado de activos aproximadamente a un 2%... Todos coincidimos, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado, en la importancia de la especialización funcional, tanto para la supervisión como para la investigación, así como también para la persecución de los delitos de lavados de activos", insistió Chediak.
"Tenemos un problema", advirtió Chediak. "Los números de imputaciones son bajos. Ni hablar de las condenas, que creo que los dedos de una mano bastarían para enumerarlas", señaló.
Como solución, explicó, se apunta a la "especialización". Una visión en la que la Senaclaft acompañó la visión del Ministerio del Interior en contra de lo expresado por el fiscal general de la Nación, que por el contrario apuntaba a desagregar la competencia de los juzgados de Crimen Organizado para que la persecución se centralizara en los departamentos.
“No fuimos consultados y no estamos de acuerdo”, había expresado el fiscal Jorge Díaz el mes pasado en el Parlamento sobre la iniciativa del Ejecutivo. “No tiene en cuenta el funcionamiento normal de una fiscalía en el proceso penal acusatorio. Sería inconveniente para el resultado que se busca”.
Al respecto, Chediak apuntó ahora que nadie duda de la capacidad de los fiscales departamentales para llevar a cabo este tipo de investigación. "Lo que señalamos, por experiencia, es que cuando estamos ante el crimen organizado y ante personas que se dedican al narcotráfico, que cuenta con abogados, contadores y escribanos que los ayudan a ocultar el origen ilícito del dinero e ir incorporando esos bienes a una actividad económica normal, llegar al origen ilícito es muy complicado".
