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El juicio a independentistas catalanes llegó a su fin
Por Raphael Minder
Después de enlistar a 422 testigos en cuatro meses, el Tribunal Supremo español concluyó el juicio a los 12 líderes del movimiento independentista catalán que fueron acusados de escenificar una rebelión durante su fracasado intento para separarse de España en 2017. El veredicto del juicio, uno de los más importantes en la historia judicial de España, no se espera antes del otoño (23 de setiembre al 21 de diciembre), momento para el cual Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, confía ya haber formado un nuevo gobierno liderado por su Partido Socialista.
El miércoles pasado, los 12 acusados estuvieron bajo los reflectores, al pronunciar sus últimos alegatos durante las cuales en repetidas ocasiones negaron cargos en relación a acusaciones de que orquestaron actos violentos durante su movimiento independentista fallido, el cual culminó en un referéndum inconstitucional seguido de una declaración de independencia en octubre de 2017. Los acusados también argumentaron que el conflicto catalán debería ser decidido por políticos, no por los principales jueces de España.“Creo sinceramente que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido”, dijo al tribunal Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat.
El conflicto independentista ha dividido a la sociedad catalana y colaborado a dar una nueva forma a la política española en medio de una creciente fragmentación partidista. En abril pasado, Sánchez ganó una elección nacional pero sin conseguir la mayoría parlamentaria. Está luchando para formar su próximo gobierno, mientras espera evadir a los partidos independentistas catalanes que le ayudaron a convertirse en presidente del Gobierno de manera inesperada hace un año. Sánchez posteriormente fracasó en negociar un acuerdo sobre la disputa territorial.
El gobierno español insiste en que Cataluña es un tema de soberanía nacional que no requiere mediación externa. Aun así, el conflicto territorial de España ha coincidido con otras tensiones dentro de la Unión Europea, a medida que los partidos nacionalistas han logrado avances en varios de sus Estados miembros y el Reino Unido ha negociado su salida del bloque.
El caso judicial también ha superado las fronteras de España debido a que los acusados han buscado el respaldo de instituciones internacionales. El mes pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia, rechazó de manera unánime un caso presentado por políticos independentistas catalanes que argumentaron que sus derechos fundamentales de libertad de expresión y asamblea habían sido vulnerados por el Estado español. Sin embargo, por separado, un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe no vinculante que exigía la liberación de los políticos catalanes que consideraba habían sido encarcelados de forma arbitraria, antes del juicio. El gobierno español de inmediato denunció “errores y distorsiones” en el informe de las Naciones Unidas, y también cuestionó la imparcialidad de sus autores.
Al estar pendiente el fallo del Tribunal Supremo, se espera que la atención legal pase al Parlamento Europeo, en medio de un apasionado debate sobre si a los políticos independentistas acusados se les debería permitir unirse a la asamblea, después de ganar sus escaños en las elecciones europeas del mes pasado. Entre los políticos electos se encuentra Carles Puigdemont, exlíder de Cataluña que ha vivido en Bélgica para evitar ser enjuiciado en España, y Junqueras, que lidera el partido Esquerra Republicana que recientemente se convirtió en el representante catalán más grande dentro del parlamento español.
El miércoles 12, Pablo Casado, líder del conservador Partido Popular de España, exhortó a Sánchez a evitar que políticos como Puigdemont y Junqueras se incorporen al Parlamento Europeo, desde donde podrían recibir inmunidad legal. Casado dijo que España no se puede dar el lujo de ser representada en una institución europea por nacionalistas xenófobos.
Hace unos días, Javier Zaragoza, un fiscal, dijo al tribunal que los acusados habían intentado dar un golpe de Estado, con Junqueras en la función del “motor principal de la rebelión“. Junqueras enfrenta hasta 25 años en prisión si es encontrado culpable de rebelión, sedición y malversación de fondos. Todos los acusados han rechazado los cargos, pero algunos de sus abogados reconocieron esta semana que algunos de los acontecimientos de 2017 podrían equipararse a actos de desobediencia. Para la ley española, el delito de desobediencia puede llevar a una multa, así como a la inhabilitación para desempeñar un cargo público, que es la sentencia que fue otorgada en 2017 en contra de Artur Mas, un exlíder catalán, por organizar una votación independentista no vinculante en Cataluña en 2014 que ya había sido declarada como ilegal por el gobierno y las cortes españolas.
No hay una fecha límite formal para que el panel de siete jueces del Tribunal Supremo lleguen a un veredicto, pero se espera un fallo antes de finales de octubre, momento para el cual los acusados ya habrán pasado dos años en prisión, después de que se les negara la fianza en 2017. El caso ha sido seguido de cerca en otras partes de España, como el País Vasco, el cual tiene su propia historia de separatismo. “Es claro para nosotros que este ha sido un juicio de demostración, para atemorizar a cualquier otro que quiera desafiar al Estado”, dijo Idoia Elorza, una funcionaria del Partido Nacionalista Vasco, que viajó a Madrid esta semana junto a algunos de sus colegas para seguir los días finales del juicio, desde la galería pública del tribunal.
El tema más divisorio en el juicio ha sido si el procés había involucrado violencia, y si los líderes del movimiento podrían ser responsabilizados personalmente. El miércoles 12, Jordi Turull, un exmiembro del gobierno catalán, dijo que era “un insulto para la sociedad catalana” sugerir que algunos líderes habían manipulado a más de dos millones de votantes para participar en el referéndum en octubre de 2017, en una región con 7,5 millones de habitantes. “Los catalanes no son ovejas”, dijo en el tribunal.
Otros defensores también pronostican que el movimiento independentista podría continuar creciendo, sin o con su ayuda, y al final obligar al gobierno español a permitir un referéndum independentista en Cataluña. “La urna nunca puede ser la amenaza a la democracia”, dijo Jordi Sànchez, un acusado que enfrenta hasta 17 años en prisión si es hallado culpable. “En Cataluña, habrá urnas y votaciones y las tendremos gracias a un acuerdo con el gobierno español, como en Escocia o Quebec”.
Si son hallados culpables, los defensores todavía podrían apelar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque podrían recibir un perdón debido a los poderes ejecutivos concedidos a Sánchez como presidente del gobierno. Sin embargo, Sánchez está bajo intensa presión de no hacer más concesiones a los políticos independentistas, particularmente después de su infructuoso intento de reanudar el diálogo político con ellos el año pasado. Al final, las conversaciones no condujeron a nada y en cambio, los independentistas colaboraron para votar en contra del presupuesto de Sánchez en febrero paado, lo que obligó a Sánchez a una elección.
En sus alegatos finales, los acusados realizaron varias referencias filosóficas, desde las escrituras de Sócrates hasta las de Hannah Arendt. Sin embargo, también ofrecieron una advertencia más directa a los jueces de que su fallo podría impactar de manera significativa el futuro político de España. “Tienen ustedes la responsabilidad de no agravar la crisis política”, dijo Jordi Sànchez a los jueces. “No me gustaría estar en su piel ahora”.
