El terremoto bancario de 1971 y la caída del canciller

Desde la crisis de 1965, cuando cayeron el Banco Transatlántico y muchas otras instituciones financieras (ver el capítulo XXX de esta serie), el número de entidades privadas se había reducido a la mitad: 32.

De todas formas, los costos de funcionamiento seguían siendo desproporcionadamente altos. En primer lugar, buena parte de las fusiones incluyó la incorporación del personal del banco absorbido, por lo que la reducción de funcionarios sólo rozó el 30%. Además las regulaciones podían ser poco previsoras y dañosas. Así, por ejemplo, el Banco Central estableció que una parte apreciable del crédito en pesos del año 1970 debía hacerse a una tasa máxima de 25%, cuando la inflación fue de 21%, lo que no permitía siquiera cubrir los costos operativos (salarios, impuestos, instalaciones, inmuebles, insumos).

En noviembre de 1970 el gobierno ordenó la intervención de la Sociedad de Bancos y del Banco de Cobranzas, que bordeaban la quiebra. Poco después, los que estaban en problemas eran los bancos Mercantil del Río de la Plata y Aldave y Martínez.

El Banco Mercantil, uno de los principales del sector privado, se había gestado a partir de 1915, cuando la firma Facio, Peirano y Compañía compró la filial en Montevideo del Banco Francés del Río de la Plata que operaba con sede en Buenos Aires. A fines de la década de 1960 el Mercantil se fusionó con el Banco Popular del Uruguay, que había sido fundado en 1902 por Pedro C. Facio y otros accionistas.

A fines de 1970 el Banco Mercantil tenía un elevado endeudamiento en moneda extranjera y sus colocaciones demasiado concentradas. Según un informe técnico del Banco Central de febrero de 1971, padecía una plantilla y una nómina salarial excesiva para su nivel de actividad, y estaba siendo afectado, como todo el sistema, por una gran devaluación en Argentina y la fuga de capitales.

En medio de rumores e incipientes corridas de depositantes, en marzo de 1971 la situación de esas instituciones se había vuelto insostenible. El 1º de abril de 1971 el Banco Central citó al presidente del Directorio del Banco Mercantil, el abogado y docente Juan Carlos Peirano Facio, para observarlo. Mientras tanto, el presidente Jorge Pacheco Areco convocó a Casa de Gobierno y le pidió la renuncia al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Peirano Facio, principal accionista del Mercantil junto a su hermano y uno de los autores intelectuales de la exitosa "congelación" de 1968, cuando era ministro de Industria y Comercio. Al día siguiente el Poder Ejecutivo decretó la intervención del Banco Mercantil y su adquisición por parte del Banco de la República.

Fue un enorme escándalo. Los dos hermanos eran distinguidas figuras intelectuales y grandes empresarios, en tanto Jorge había cumplido un papel muy destacado en el gabinete de Pacheco Areco desde el 3 de mayo de 1968.

El 15 de abril de 1971 el senador Wilson Ferreira Aldunate, figura ascendente del Partido Nacional, interpeló al ministro de Economía, César Charlone, sobre la suerte del Banco Mercantil. (El viejo Ministerio de Hacienda había pasado a llamarse de Economía y Finanzas según el artículo 103 de la ley Nº 13.835 de Rendición de Cuentas de 1968, aprobada en 1970). El ministro Charlone le echó las culpas a una mala supervisión del Banco Central, lo que no era muy cierto. Pero la declaración de insatisfacción del Senado acabó con su larga carrera política, que había iniciado en la década de 1930 tras la figura de Gabriel Terra. (Ver el capítulo XVIII de esta serie y siguientes).

Más tarde los hermanos Peirano Facio fueron detenidos y permanecieron varios meses en prisión, aunque no se les probó delito alguno. A partir del 2 de octubre de 1973, ya en dictadura, Jorge Peirano Facio fue detenido de nuevo por oficiales del Ejército y padeció 39 días de malos tratos. Luego fue trasladado a Cárcel Central, en el edificio de la Jefatura de Policía de Montevideo, en San José y Yi. Fue liberado en marzo de 1974.

El entonces dictador Juan María Bordaberry, entrevistado muchos años después por Miguel Ángel Campodónico para su libro Antes del silencio: Bordaberry, memorias de un presidente uruguayo (2003), recordó así aquellos hechos:

"Los Peirano, es sabido, eran personas que manejaban mucho dinero, que estaban en muchos negocios, pero yo no creía que por eso fueran delincuentes. Se trataba de un problema más profundo, el de la confusión del poder político con el poder económico".

Luego los antiguos titulares del Banco Mercantil iniciaron un juicio contra el Estado, que duró casi 20 años, al considerar que la institución estaba en una posición solvente cuando el BCU decidió intervenirlo, lo que provocó su ruina.

Los hijos de Jorge Peirano Facio dirigirían después el Banco Montevideo, en tanto Juan Carlos Peirano Facio se negó a ingresar otra vez al negocio bancario. El Banco Montevideo fue uno de los que quebró durante la crisis económico-financiera de 2002, en medio de una corrida generalizada de depositantes contra todo el sistema. Los hermanos Dante, Jorge y José Peirano Basso fueron detenidos en agosto del 2002, acusados de "asociación para delinquir" y "fraude en sociedades anónimas". Mientras tanto Jorge Peirano Facio, entonces de 82 años, que no manejaba el Banco Montevideo pero figuraba como accionista mayoritario del grupo financiero Vélox, con intereses en Argentina, Chile, Paraguay e Islas Caimán, fue detenido en noviembre de 2002 y falleció el 20 de abril de 2003.

Su hijo Juan Peirano Basso, líder del grupo económico-financiero, quien había fugado y obtenido la radicación en Estados Unidos, fue detenido en mayo de 2006 y extraditado a Uruguay en setiembre de 2008. Fue procesado y, en agosto de 2011, liberado mientras la causa continúa abierta.

Entre fines de 1970 y abril de 1971, el gobierno de Jorge Pacheco Areco inauguró nuevas reglas de última instancia para el sistema: ningún banco caería.

En su Historia institucional del Banco Central del Uruguay (2017), Julio de Brun, Ariel Banda, Juan Andrés Moraes y Gabriel Oddone lo cuentan así:

"'Es política de este Poder Ejecutivo no dejar quebrar ningún banco', manifestó Pacheco Areco, luego de escuchar el intercambio de opiniones suscitado tras la exposición de Nilo Márquez (presidente del Banco Central). 'Está autorizado a prestar asistencia financiera por todo lo que sea necesario, proceda en consecuencia'. La frase, esculpida en el estilo solemne y concluyente que caracterizaba a Pacheco Areco, sería repetida con variantes en los años venideros y representaría la respuesta casi instintiva que los gobiernos uruguayos tendrían ante las crisis bancarias por más de treinta años. Con el recuerdo fresco de las dolorosas consecuencias de la quiebra del Transatlántico (en 1965), el salvataje de depositantes y puestos de trabajo se constituyeron en el valor a preservar. Las consecuencias negativas en términos de transferencias de ingresos posiblemente injustas o problemas de asunción de riesgos excesivos en la gestión de las instituciones financieras fueron consideradas como males menores frente a los que habría cabido esperar de una crisis financiera".

Los procesos de quiebras bancarias, intervenciones oficiales, fusiones y ventas fueron moneda corriente hasta entrado el siglo XXI, particularmente durante y después de las graves crisis de 1982 y 2002.

Por regla general los salvatajes fueron para las instituciones y para los funcionarios, no para los banqueros.

"La sociedad puso mucho dinero durante mucho tiempo para sostener bancos: en 1971, en 1982, en 1986 y más adelante, con los 'bancos gestionados'", recordó el contador y economista Julio de Brun, quien presidió el Banco Central entre 2002 y 2005, en una conferencia realizada en la Universidad ORT el 5 de abril pasado. Esta estrategia equivalió a una garantía implícita de depósitos por parte del Estado.

Pero entonces en 2002 la corrida fue imparable y el respaldo del Estado ya no fue suficiente. "Todo lo que se creía que funcionaba dejó de funcionar", recordó De Brun, quien estuvo en primera fila durante aquellos tremendos sucesos.