En la hora: más de un centenar de funcionarios ingresaron al Estado al filo del plazo legal

Contratos de trabajo, de función pública, nuevos trabajadores zafrales e incluso algún cargo no afectado por el límite temporal forman parte del inventario de un agitado febrero para la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), encargada de llevar el control de los vínculos laborales con el Estado. 

Mientras que en octubre había vencido el plazo para crear nuevos cargos, el 28 de febrero marcó el límite para reponer vacantes en la Administración Central, que ahora deberá esperar al siguiente gobierno para contratar nuevos funcionarios. El artículo 97 del Estatuto del Funcionario Público votado en 2013 establece que "no se podrán celebrar contratos dentro de los doce meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno". 

La cartera que más apretó el acelerador fue el Ministerio de Desarrollo Social, que solo en febrero cerró al menos 66 contratos de trabajo distribuidos en un amplio abanico de proyectos y programas, según un relevamiento de El Observador con base en las resoluciones publicadas en la web de Presidencia.

Los contratos, en principio por dos años (pero prorrogables por otros dos), involucran a decenas de técnicos y asistentes sociales para organismos como Inmujeres, INJU e INDA, entre otros. 

El Ministerio de Economía (MEF), por su parte, autorizó a la Dirección General de Casinos a contratar 47 trabajadores zafrales y un funcionario para la División Arquitectura. A eso se sumaron cuatro contratos de trabajo para otras unidades de la cartera.

En el último día, el Ministerio de Transporte autorizó la contratación, por parte de la Administración Nacional de Puertos, de 9 personas bajo contrato de función pública, para cargos de administrativos y auxiliares. Otras 33 personas fueron asignadas como suplentes.

También el 28 de febrero, el Ministerio de Educación y Cultura prorrogó por dos años el contrato de trabajo a cinco funcionarios de la Dirección Nacional de Cultura. Tres días antes había designado también un investigador y un asistente para el Instituto Clemente Estable. Por esos días, el Ministerio de Salud Pública autorizó la contratación de cinco “referentes epidemiológicos” en régimen de contrato de trabajo. 

Tanto quienes tienen un vínculo de "contrato de trabajo" como quienes ostentan un "contrato de función pública" son considerados funcionarios públicos según la ley 19.121 e ingresan por vía de concurso de oposición y méritos. 

Comparación con Mujica

Pese a pasar el centenar, el aluvión de contrataciones sobre la hora dista mucho de lo ocurrido cinco años antes durante la Presidencia de José Mujica, cuando más de 2.000 trabajadores ingresaron a la función pública mediante la figura de provisoriato, según consignó en su momento el diario El País. 

Alberto Scavarelli, director de la ONSC, atribuye el cambio a la creación en 2015 de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional (CARO), que actúa como “filtro” de los pedidos de cada ministerio. “Antes el ministerio decía ‘necesito 10 personas’ y si tenía recursos presupuestales servicio civil convocaba 10 personas. Ahora el ministro dice ‘necesito 10’ y primero nos tiene que informar para qué precisa y nosotros evaluamos si hay personal para redistribuirle”, señaló.

Según Scavarelli, si bien los cargos profesionales sí suelen aprobarse, el personal administrativo “baja montones” con los nuevos requisitos. 

El director de Servicio Civil explicó que desde el 1° de marzo ya “no hay forma” de ingresar a la Administración Central como funcionario público, aunque acotó que en áreas como la seguridad, defensa, la salud y la educación existen excepciones. “Si mañana se van 100 policías no vas a esperar a que pase un año para reponer. Pero si este año al Ministerio de Turismo se le van 50 personas, se debe arreglar como pueda”, ejemplificó el jerarca. 

Contrataciones permitidas

Además de las excepciones en algunas áreas, el resto del Estado también tiene otras alternativas para contratar personal, bajo modalidades como los becarios, pasantes, o arrendamiento de obra. 

En febrero, por ejemplo, varias carteras cerraron la contratación de decenas de jóvenes en el marco del programa Yo Estudio y Trabajo, que ofrece a estudiantes terciarios una primera experiencia laboral. El Ministerio del Interior abrochó la contratación de 40 estudiantes para trabajar en las comisarías; el MEF sumó decenas de becarios para unidades ejecutoras como la Contaduría General de la Nación, la Dirección Nacional de Aduanas y el Instituto Nacional de Estadística; el MEC, en tanto, contrató en febrero a 25 becarios por un plazo de 12 meses.

Cargo para el sector

Los cargos de particular confianza también están exceptuados de la prohibición. El mismo día que cerró la cortina para las contrataciones de funcionarios, el Ministerio de Vivienda designó a José Querejeta como secretario de Directorio de OSE. El organismo es presidido por Milton Machado que, al igual que Querejeta, integró la lista 711 en las elecciones pasadas y actualmente pertenece al sector Rumbo de Izquierda liderado por el senador Marcos Otheguy. 

Querejeta ocupó en este período la banca en Diputados de Cristina Lustemberg mientras ella se desempeñó como subsecretaria de Salud. Con su renuncia al ministerio a fines de 2017, Querejeta abandonó el Parlamento y cobró el subsidio correspondiente a los legisladores hasta octubre del año pasado.

En el mismo día, OSE sumó otro cargo de confianza, con la designación de María Noel Lanzaro como gerenta de Comunicación.