En la IMM quieren más penas alternativas para infractores

La directora de Tránsito de la Intendencia de Montevideo, Mariela Baute, quiere que más conductores infractores realicen trabajos comunitarios en vez de sólo pagar multas por infrigir normas de tránsito.

En declaraciones al programa Quién es Quién de Canal 5 y Diamante FM, la jerarca sostuvo este jueves que "le encantaría poder mandar a algunos conductores a barrer las plazas para que sus hijos lo vieran y sepan porqué lo están haciendo".

"Porque el niño de 5,6, 7 años no sabe que papá pagó una multa o que hizo algo mal. Pero si lo ve barriendo la plaza del barrio y le pregunta por qué lo está haciendo, no lo va a volver a hacer", aseguró Baute.

La jerarca agregó que el año pasado concurrió a la Junta Departamental y, junto a su equipo, se comprometió a que serían "más persuasivos que punitivos" y con esa orientación lograron bajar el número de multas. Sin embargo, opinó que "hay que hacer un trabajo lento y permanente porque la mayoría de las personas estamos convencidas que manejamos bien, que somos los mejores y que el otro se equivoca".

El servicio comunitario, según Baute, es mas "ejemplarizante" que la multas y por eso quiere trabajar para ampliar la cantidad de ese tipo de sanciones. Actualmente, en su artículo 6, la ley de faltas aprobada en 2013, establece que recibirá una pena de entre siete y 30 días de trabajo comunitario aquel que condujere al doble de velocidad de lo permitido, en estado de embriaguez (más de 1,2 gramos por litro de sangre), sin autorización para hacerlo o sin casco.

Por otro lado, Baute se mostró favorable a crear un juzgado independiente para infractores de tránsito para decidir sobre la aplicación y la apelación de las multas. Desde 2017 para apelar una multa, la Intendencia dispone de un Comité de Descargos integrado por siete miembros: tres designados por la dirección de Movilidad, un miembro designado por Asesoría Jurídica, otro por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), otro designado por la Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial (ANCOSEV), y un miembro de la sociedad civil Centro de Protección de Choferes.

Baute dijo que esta solución es "intermedia" pero permite que la comuna no sea juez y parte en la apelación de las multas. La jerarca dijo que casi en el 100% de los casos la división Tránsito confirma las resoluciones del Comité, que están firmadas por cuatro miembros. Precisó que dos de ellos, no son funcionarios de la comuna para darle "seguridad" al que apela.