Error de fiscal impidió penar con un delito de prisión a quien amenazó de muerte a Gustavo Leal

Con la presencia del jerarca del Ministerio del Interior en sala como víctima de este caso, el juez, Gonzalo Arsuaga, aceptó la imputación solicitada por la fiscalía, pero se negó disponer prisión preventiva contra Sosa debido a que el delito de amenaza se castiga con pena de multa de 25 a 700 unidades reajustables ($ 27.075 a $758.100), y no con privación de libertad. Este punto llevó a que se produjera un debate entre la fiscalía y el juez.

Es que el Ministerio Público argumentó que Sosa debía recibir la medida cautelar de prisión en el entendido que estaba en riesgo la vida de Leal y la de su familia, pero la defensa se opuso argumentando que no podía privarse de libertad a alguien si la sanción prevista para ese delito no era de cárcel, algo que está expresado en el Código del Proceso Penal.

“Este delito no se castiga con multa, si fuera condenado sería seguramente iría a prisión”, insistió el fiscal Romano. “De dónde surge que hay pena de prisión (para el delito de amenazas)”, preguntó el juez.

En ese momento, el fiscal aseguró que la pena de prisión para este delito era de tres meses, y tomó el Código Penal que tenía a su lado para argumentar. Leyó las circunstancias agravantes del delito de amenaza, tras lo cual volvió a mirar al juez, quien hacía lo mismo con su propia copia del Código Penal.

“¿Dónde están los tres meses de prisión?” volvió a preguntar el magistrado. El fiscal volvió a leer los agravantes, pero en ningún caso hizo referencia a la pena prevista para el delito de amenazas, y en lugar de eso señaló que la violencia privada (aquella que se aplica cuando una amenaza tiene como objeto impedir que alguien realice una tarea) prevé penas de entre tres meses de prisión y tres años de penitenciaría.

“Pero usted formalizó (acusó) por amenazas, no por violencia privada”, reprochó Arsuaga. “Es correcto, no hay violencia privada en este caso, hay amenaza…”, titubeó Romano, y el magistrado interrumpió: “pero usted está diciendo que hay amenaza agravada y que se castiga con pena de prisión, ¿de dónde surge?

“Si quiere amplío por violencia privada, no me parece que esta sea una cuestión de técnica juridica”, agregó el fiscal esperando que el juez aceptara conceder la prisión preventiva a pesar de que no correspondía para este delito. Mientras tanto, en el banquillo de los acusados, Sosa, que observaba a Leal, sonrió.

Finalmente el juez aceptó el argumento de la defensa, y el fiscal adelantó que pediría ampliar los delitos aplicables contra Sosa de modo de que se le impute violencia privada y obtener así la prisión preventiva que en esta ocasión les fue rechazada. Sin embargo, para ello la fiscalía deberá solicitar una nueva audiencia.

Consultado acerca de por qué no se lo acusó del delito de violencia privada en esta audiencia, Romano explicó que el denunciante Gustavo Leal había presentado una denuncia por “amenazas”, por lo que fue ese delito el que se persiguió. Sin embargo, la abogada que ofició como defensa por el Ministerio del Interior explicó a El Observador que los denunciantes señalan hechos y que es la fiscalía quien debe definir qué delitos corresponden.

A pesar de esto, Sosa no salió en libertad, ya que se encuentra preso desde setiembre con una medida cautelar de 180 días a raíz del crimen de Jonathan Ferreira. La fiscalía pretendía que una nueva medida de prisión preventiva que empiece a contar a partir de que culmine la antes dispuesta le diera más tiempo para la investigación.

Hijo de nadie  

   Jairo Sosa es hijo de Mónica Sosa, la mujer señalada por el Ministerio del Interior como líder de la banda de Los Chingas. Las amenazas contra Leal surgieron luego de que la acción del Ministerio del Interior llevara a que fueran demolidas varias casas, entre la que se encontraba la de su madre, condenada a cinco meses de prisión por hurto de energía y agua potable, y por usurpación, por no tener títulos de propiedad de la vivienda.

Durante casi toda la audiencia Sosa observó a Leal, esbozando, por momentos, una leve sonrisa. “¿Qué ocupación tiene?”, le preguntó el juez al joven indagado. “Sin ocupación”, contesto recostado en su silla con los brazos cruzados.

“¿Nunca trabajó?”, repreguntó el magistrado. “No”, contestó Sosa, con el ceño fruncido y la mirada perdida. “¿Hizo algún año de escuela?”, “No”, “¿No sabe leer y escribir?”, “No”, “Entonces no sabe firmar”, “No”, dijo sin moverse de su lugar. El juez, que sabía que el delincuente mentía  lo observaba con sorpresa.

“¿Tiene padre?”, continuó preguntando el magistrado. “No” respondió una vez más Sosa. “¿Tiene madre?”, “No”, “¿Cómo nació entonces?”, cuestionó Arsuaga con algo de hastío. “Estoy acá”, respondió.