Escándalo en Brasil revela problemas del mercado de créditos de carbono en la Amazonia

Brasil no es para novatos, reza un antiguo dicho del país. Esta opinión — un guiño a la caótica complejidad de Brasil en ocasiones — resulta doblemente válida cuando se trata de hacer negocios en la selva amazónica, cuya mayor parte se encuentra dentro de las fronteras del país latinoamericano.

Con el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia este año, la protección del medio ambiente se ha disparado a la primera línea de la agenda política, y, con ella, la prisa por aprovechar las oportunidades comerciales que acompañan a la transición ecológica.

La más exuberante ha sido el mercado de créditos de carbono voluntarios. Con más de 400 millones de hectáreas, la parte brasileña del bioma amazónico ofrece una oportunidad insuperable para que los promotores generen créditos de carbono mediante la preservación de los bosques en pie o la reforestación de zonas taladas.

Estos créditos suelen vendérseles a grandes compañías internacionales que buscan compensar sus propias emisiones, y los precios se negocian entre el comprador y el vendedor. El potencial del mercado ha dejado a muchos sin aliento, y un estudio del año pasado pronosticó con optimismo unos ingresos potenciales de US$120 mil millones para el año 2030. Si se hace correctamente, alegan sus proponentes, el mercado también puede ayudar en la lucha contra el cambio climático preservando los ecosistemas que almacenan dióxido de carbono o mediante la reforestación.

Pero hacer negocios en la selva tropical es arriesgado. En el mejor de los casos, las normas y regulaciones son opacas y los derechos sobre la tierra son complicados y exigen una seria diligencia debida. En el peor de los casos, la región está sumida en la anarquía.

Estas complejidades han quedado al descubierto por un escándalo cada vez más grave en el enorme estado amazónico de Pará, donde los fiscales han presentado demandas contra tres proyectos de créditos de carbono.

Los investigadores alegan que las compañías poco conocidas que estaban detrás de los proyectos se habían apropiado de terrenos públicos para utilizarlos con la intención de generar créditos de carbono y beneficios. En la jerga local, el presunto delito es "grilagem de terras", o acaparamiento de tierras.

Entonces, una investigación del grupo local de medios Globo reportó que los créditos no sólo habían sido certificados por Verra, el principal ente normativo del sector, sino que se les habían vendido a una serie de destacadas compañías occidentales, entre ellas Boeing, Air France y el Liverpool Football Club.

Estas compañías no son blanco de las demandas. Las principales personas nombradas en los documentos declararon que cooperarían con el tribunal para corregir cualquier posible irregularidad. En un comunicado, Verra dijo que tomó "muy en serio" las denuncias y que actualmente se están revisando tres proyectos. Boeing dijo que estaba determinando los próximos pasos, pero que compró "a través de una agencia reconocida mundialmente para acceder a proyectos registrados en tres entes normativos ampliamente reconocidos". Air France y el Liverpool FC no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El involucramiento de los compradores multinacionales elevó el perfil de la cuestión. Pero las organizaciones no gubernamentales llevan mucho tiempo quejándose de los promotores de proyectos en general y, en particular, del uso de conductas agresivas hacia las comunidades locales e indígenas para conseguir tierras.

Gran parte del problema se debe a las confusas reclamaciones de propiedad de la región. También se complica por el hecho de que a menudo las comunidades pueden ocupar tierras durante generaciones sin la debida documentación. El mercado exige una profunda diligencia debida.

Una investigación del bufete de abogados Hernández Lerner & Miranda Advocacia avivó aún más la preocupación por la integridad del mercado y la ubicuidad del acaparamiento de tierras. Utilizando imágenes geoespaciales, el bufete analizó 56 proyectos de créditos de carbono en la Amazonia y descubrió que 33 de ellos se traslapaban total o parcialmente con tierras públicas.

Según Mario Braga, analista de riesgos políticos de Control Risks, la falta de regulaciones claras para el mercado voluntario del carbono significa que "la supervisión pública es escasa o nula. Las compañías que compran créditos a menudo se basan en las mejores prácticas internacionales y en una verificación limitada por parte de terceros. Especialmente en la Amazonia, algunas peculiaridades pueden representar obstáculos considerables, como el acaparamiento generalizado de tierras".

Sin embargo, la situación podría mejorar en los próximos meses conforme el Congreso de Brasil procede a crear un marco jurídico para un mercado obligatorio del carbono. Braga dijo que esto probablemente establezca normas que afecten al mercado voluntario.

"Los proyectos de créditos de carbono no son para organizaciones bienintencionadas que no tengan un buen nivel de experiencia", dijo Pedro Brancalion, profesor de Ciencias Forestales de la Universidad de São Paulo. "Es un territorio complicado. No es para novatos".