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Estado gasta $ 39.000 por mes en cada preso pero solo al 10% le ofrece condiciones reales de rehabilitación
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, presentó este jueves su informe anual, correspondiente a 2021, que marcó una serie de tristes récords y una conclusión lapidaria: el sistema está desbordado en su capacidad de respuesta para asegurar una correcta rehabilitación.
Al 31 de diciembre del año pasado había en las cárceles uruguayas 13.815 personas, lo que supone un crecimiento de dos dígitos con respecto al año anterior: 10,3%. Si bien fue algo inferior al que se registró en 2020 /12,6%), superó a lo que ocurrió en 2019, cuando la población carcelaria había crecido 8,3% en 12 meses. El sistema presenta hoy una densidad de 135%. Es decir, hay 135 personas para 100 plazas disponibles.
A lo largo del año pasado hubo un promedio de 13.693 presos en las cárceles uruguayas, lo que equivale a 386 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. A mediados de este mes, la proyección indica que la población carcelaria superará las 14.200 personas, con lo que la tasa de prisionización se ubicará en 400 por cada 100 mil habitantes.
Los números indican que Uruguay está entre los 12 territorios con mayor proporción de su población encarcelada a nivel mundial. Si se excluye a algunas pequeñas islas del Caribe, es el 8° país en ese ranking, superado por Estados Unidos, Rwanda, Turkmenistán, El Salvador, Cuba, Panamá y Tailandia. En los últimos 20 años, vio triplicar la cantidad de encarcelados.
El informe subraya que, a lo largo del año pasado, más de 22 mil personas pasaron por las cárceles uruguayas al menos un día. En esos 12 meses, 9.134 fueron condenadas a prisión y 7.179 fueron excarceladas.
Uno de los datos llamativos apunta a una composición diferencial por sexo. El número de mujeres encarceladas aumentó de un año a otro 30% y, según las proyecciones, hoy hay 1.020 reclusas. En los varones, el incremento fue de 9%. Al cierre del año pasado había 52 mujeres en prisión con sus hijos, y 17 cursaban allí su embarazo.
Allí Petit alerta que un número muy significativo fueron presas por intentar ingresar droga a una cárceles. Muchas veces por cantidad mínima o incluso por marihuana, una sustancia legalizada. El comisionado planteó apelar a los mecanismos de prisión domiciliaria asistida en los casos que presenten "especialidad vulnerabilidad" y hacen "incompatible la dignidad humana con la internación en una cárcel". Muy especialmente si se trata de mujeres con hijos a cargo.
La Unidad 5 (Femenina) mantiene una densidad de 143%, frente al 135% que promedió el sistema. De las 27 cárceles del país, 19 tienen hacinamiento. Lo peor se da en la Unidad 20 (Salto), con 318% y la Unidad 16 (Paysandú), con 192%. Entre los centros metropolitanos, Santiago Vázquez presenta una densidad de 128% y Libertad 101%.
Otro aspecto es el récord de muertes en custodia. El año pasado hubo 86 fallecimentos, el máximo registro histórico. También fue el año en el que se registraron más muertes violentas: fueron 45, correspondientes a 21 homicidios, 17 suicidios y siete muertes "accidentales" por por causas no aclaradas.
La tasa de homicidios en las cárceles fue de 152 por cada 100 mil habitantes, y supone 15 veces más que la tasa nacional. La de suicidios es seis veces mayor que en el resto de la sociedad: 131 por cada 100 mil. Pese a que aloja al 29% de los reclusos del sistema, la Unidad 4 (Santiago Vázquez) representó el año pasado el 47% de las muertes violentas.
El informe de Petit fue concluyente: en cuatro de cada diez casos se detectaron negligencias o fallas asistenciales relacionadas directamente con el fatal resultado. Las otras 41 muertes estuvieron relacionadas con patologías, enfermedades y otras causas naturales. Este número triplica al de 2020 y supone también el mayor registro desde 2013.
Por otra parte, el año pasado hubo 224 heridos graves entre la población carcelaria, que debieron ser hospitalizados. De todos ellos, 87 por autoagresiones. La proporción de presos sin condena se mantiene: 15% del total.
Una pobre dotación
En algunas cárceles la situación es crítica: celdas con capacidad para seis reclusos que albergan el doble de población, con cuchetas fabricadas en forma casera de hasta cuatro pisos.
Los "números fríos" señalan, según Petit, que se necesitarían 4.000 nuevas plazas para frenar el hacinamiento y para así hacer posible una rehabilitación que a su vez contribuya a la seguridad pública. Y, como el comisionado parlamentario recomienda que ninguna cárcel supere los 500 reclusos, deberían construirse ocho nuevos centros.
El informe señaló el "aumento repentino" de plazas informado en agosto por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Dado que en el período no hubo nuevas construcciones, Petit intuye que hubo una corrección que "reinterpretó" los datos, aunque dijo no haber recibido ninguna aclaración técnica al respecto.
Según los datos, el gasto del Estado por recluso asciende a los $ 39 mil mensuales. Eso incluye todos los insumos y aspectos que suponen mantenerlo en prisión. También, teóricamente, los mecanismos que permitan su reeducación. Sin embargo, solo el 10% del sistema ofrece posibilidades reales de rehabilitación. Para el 56%, la prisión se traduce en tratos "crueles, humanos y degradantes" a sus internos. El 34% , en tanto, recibe condiciones insuficientes de integración social.
Petit observa un descenso en el gasto en la alimentación que recibe cada preso: supone $ 87 por día. Una cantidad que, marcó, viene bajando sistemáticamente en los últimos cinco años, salvo por un leve aumento en 2020.
El comisionado insistió en el fortalecimiento del sistema de libertades asistidas, hoy "totalmente ineficiente" debido a la "pobrísima dotación de recursos". Tampoco, apuntó, se dispone de información estadística sistematizada de las personas que están cumpliendo penas alternativas.
Petit afirma haber realizado 639 visitas a cárceles el año pasado, a partir de las que efectuó 106 recomendaciones al Ministerio del Interior. En 2021 el comisionado parlamentario presentó 12 denuncias penales ante fiscalía. Todas estaban referidas a violencia institucional, muertes en custodia o por internos víctimas de abuso. También promovió 35 acciones de amparo ante la Justicia en relación a derechos de los privados de libertad.
