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Estado uruguayo perdió juicio internacional por cierre de Pluna por US$ 80 millones
A casi catorce años del cierre de la aerolínea de bandera uruguaya Pluna, continúan los coletazos de la polémica que envolvió al gobierno del entonces presidente José Mujica. Ahora se pronunció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y falló en contra del Estado uruguayo al encontrarlo culpable por la caída de la empresa y lo condenó a pagar una cifra millonaria que asciende a unos US$ 80 millones, dijeron a El Obseravdor fuentes del juicio internacional.
La sentencia emitida este martes en Nueva York, Estados Unidos, encontró culpable al gobierno ante un reclamo de la empresa panameña de inversiones que tenía acciones en Pluna y expresó juicios muy críticos con el gobierno de la época. El arbitraje se inició en mayo de 2019 y tenía como objetivo obtener una compensación financiera.
Según se explicó la cifra es millonaria porque calcula los intereses desde que ocurrió la caída de la aerolínea en 2012 o antes. Además, la sentencia le impuso al Estado una mora de US$ 500 mil por cada mes que no pague la condena.
La sentencia no es apelable en cuánto a pedir que se revisen los argumentos pero Uruguay podria pedir la nulidad del juicio si plantear alguna situación indebida del proceso. De todos modos, las chances de que se consiga anularlo son mínimas, además de que sigue pasando el tiempo y se acumulan los intereses y la mora.
Caballero Verde S.DE R. L tomó el control de Latin American Regional Aviation Holding Corp (Larah), firma a través de la cual LeadGate adquirió en 2007 su participación en Pluna. Por ese entonces la propiedad de Larah se repartía entre el holding canadiense Chorus Aviation (conocida como Jazz Airlines), tres exejecutivos de la disuelta Leadgate (Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch), y otros inversionistas internacionales.
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La empresa Caballero Verde compró las acciones de cada una de las otras partes con el objetivo de quedar como propietaria de Larah, y de esa forma poder iniciar una demanda basada en el tratado de protección y promoción recíproca de inversiones que rige entre Panamá y Uruguay.
El juicio internacional se inició luego de que fracasaran las negociaciones entre las partes.
Al igual que en otros casos planteados ante el Ciadi como de Phillip Morris e Italba, que fueron favorables para Uruguay, el Estado fue representado por el estudio jurídico Foley Hoag con sede en Washington. Mientras que las empresas demandantes tienen como abogados a Ferrere Abogados y a Freshfields, de Nueva York.
Según había informado el sitio especializado Air Transport World, el hecho de que en 2016 la Justicia concluyó que los ejecutivos de Ledgate no eran responsables de la quiebra de Pluna habilitó el reclamo contra el Estado uruguayo.
