Flavio Dino, ministro de Justicia de Brasil

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Impulsan un proyecto de ley contra las noticias falsas resistido por Google y Telegram

La Corte Suprema le ordenó a Telegram borrar un mensaje que criticaba el proyecto bajo amenaza de multa y suspensión del servicio. Anteriormente había aplicado el mismo procedimiento con Google. Ambas empresas acataron la orden
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12 de mayo de 2023 a las 19:10

La plataforma de mensajes Telegram decidió acatar la orden de la Corte Suprema de Brasil y borrar un mensaje a sus usuarios en el que criticaba el proyecto de ley que impulsa el gobierno de Lula Da Silva para impedir la difusión de noticias falsas (fake news) en las redes sociales. La orden del alto tribunal implicaba el bloqueo de la plataforma por 72 horas y una multa de US$ 100.000 por cada hora de incumplimiento en el caso de que no se acatara su orden.

En el mensaje, Telegram decía que el proyecto de ley propuesto “pondría fin a la libertad de expresión en Brasil” y pedía a los usuarios que presionen a los diputados para que voten en contra. El texto se está discutiendo en la Cámara de Diputados, pero tras ser aplazado la semana pasada, aún no hay nueva fecha para la votación.

Según afirmaba Telegram, el proyecto de ley “le otorga al gobierno facultades de censura previa sin supervisión judicial” y lo consideraba un proyecto peligroso para los derechos humanos.

El mensaje generó reacciones inmediatas de los políticos que están a favor del proyecto, del gobierno federal, el Ministerio Público y la Corte Suprema. El relator de la propuesta en la Cámara de Diputados, diputado Orlando Silva, calificó de “inaceptable” la acción de la plataforma y dijo que es mentira la afirmación de que Brasil “va a acabar con la libertad de expresión”.

Según el ministro de Justicia, Flávio Dino, el mensaje de la plataforma no contenía más que “varios absurdos” contra las instituciones brasileñas.

El Ministerio Público abrió una investigación inicial y pidió aclaraciones a la empresa, cuestionando, por ejemplo, si Telegram tiene un canal para la contestación de los usuarios que no están de acuerdo con su posicionamiento.

“La conducta de Telegram constituye, en teoría, no sólo un abuso de poder económico cerca de la votación del proyecto de ley, por pretender impactar ilegal e inmoralmente la opinión pública y el voto de los diputados, sino también una flagrante inducción e instigación a mantener muchas conductas delictivas practicadas por los digitales. milicias”, dijo el ministerio.

“El Lejano Oeste digital es incompatible con la Constitución”, afirmó el ministro Dino.

Telegram no fue la primera plataforma en hablar públicamente en contra del "proyecto de ley de noticias falsas". La semana pasada, Google publicó un mensaje en su página de inicio en Brasil que decía: “El proyecto sobre noticias falsas puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil”.

Un enlace en el mensaje conducía a una publicación de blog de Google que criticaba el proyecto, destacando la posible censura y un empeoramiento de la experiencia de Internet en Brasil si se aprueba el proyecto de ley.

El gobierno reaccionó y, a través del Ministerio de Justicia, ordenó a Google que marcara el mensaje como un anuncio y dijo que la empresa sería multada con US$ 200.000 si no cumplía. Google terminó eliminando el enlace de su página de inicio.

Otras empresas, como Spotify y Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, también están siendo investigadas por presuntamente difundir anuncios contrarios a la “fake news bill” sin indicar que, en realidad, se trataba de contenido publicitario.

Mientras el proyecto de ley propuesto espera la votación en el Congreso, la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apoya el proyecto de ley, está teniendo una disputa con las grandes empresas tecnológicas. Según el ministro Dino, el gobierno encontró evidencia de que algunas grandes tecnológicas estaban tratando de manipular el debate público para defender sus propios intereses económicos.

El “proyecto de ley de noticias falsas” establece en su articulado que las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas de búsqueda deben actuar para retirar o reducir el alcance de las cuentas y publicaciones acusadas de difundir contenido delictivo, como el fomento de golpes de Estado, actos de terrorismo, suicidio, delitos contra niños. y adolescentes, discriminación y prejuicio, violencia contra la mujer y violaciones a la salud.

El proyecto de Ley original fue presentado hace tres años en el Senado para lidiar con la avalancha de desinformación en línea, pero se estancó en la Cámara baja.

Volvió a discutirse después de que partidarios del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro invadieran el 8 de enero las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, supuestamente incitados por desinformación en las redes sociales que afirmaba que el mandatario había perdido la reelección de manera fraudulenta ante el izquierdista Lula da Silva.

Los ataques recientes en escuelas brasileñas, que dejaron varios niños y profesores muertos, también atizaron el debate sobre cómo combatir contenidos extremistas que proliferan en las redes sociales.

El proyecto cuenta con apoyo del gobierno, parte del Poder Judicial y la coalición de organizaciones de la sociedad civil Direitos na Rede. Pero genera resistencias entre las empresas de tecnología, diputados evangélicos y bolsonaristas.

La Cámara de Diputados aplazó sin fecha su votación prevista a principios de mayo. De ser aprobado, el texto será analizado nuevamente por el Senado.

(Con información de agencias)

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