Inconveniente viaje al pasado

Ese consenso quedó reflejado más adelante en la instalación de la segunda planta de celulosa (Montes del Plata) y el esfuerzo del segundo gobierno del Dr. Vázquez para traer una tercera planta (la recientemente inaugurada UPM2), para lo cual fue menester realizar concesiones de tipo fiscal y logístico. Lo curioso en este último caso, fue que quienes más se oponían a esta inversión estaban más del lado de varios sectores de la oposición que del gobernante Frente Amplio.

El proceso de construcción de tres plantas de celulosa, iniciada en la presidencia de Jorge Batlle y culminado, por ahora, en la de Luis Lacalle Pou atravesó dos presidencias de Tabaré Vázquez y una de José Mujica sin verse afectado. Claramente ha constituido una política de estado que dio un formidable impulso a la inversión privada en este comienzo de siglo y se ha basado en la política de promoción forestal promovida en la primera presidencia de Julio María Sanguinetti que, bueno es recordarlo, tuvo en su momento la oposición del Frente Amplio. Fue en 1987 que se dictó la ley de promoción forestal que, con el paso del tiempo, permitió la expansión de dicha actividad y el consiguiente atractivo para la inversión en plantas de celulosa. Este producto va camino a convertirse en el primer rubro de nuestras exportaciones y aunque algunos quisieran añadir más valor nacional al proceso productivo forestal, ya constituye un activo muy importante de la producción nacional.

Esto no hubiera sido posible sin esa continuidad de políticas. Es verdad que mucho ayudó a consolidar este proceso la oposición de los gobiernos argentinos, que argumentaban un daño ambiental que nunca se produjo. El gobierno del presidente Néstor Kirchner apoyó el bloqueo de puentes dispuesto por la gente de Gualeguaychú y el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti. Ese bloqueo, bueno es recordarlo en estos tiempos de asperezas en la política comercial regional, constituyó una flagrante violación de la letra y del espíritu del Tratado de Asunción que dio origen al Mercosur y que dispone en su artículo 1 la libre circulación de personas, bienes y servicios entre los cuatro países signatarios. De Brasil no hubo apoyo ante semejante atropello y, a instancias de Argentina, se fue a la Corte Internacional de  La Haya.

Pero más allá del orgullo nacional de defender una política de inversiones correcta, nadie en la izquierda salió a oponerse a las inversiones extranjeras con el viejo argumento “los árboles son nuestros, déjenlos aquí”. A lo sumo, hubo algunos grupos cuasi folclóricos que hicieron ruido argumentando razones ambientales.

La política forestal fue como un galvanizador nacional que pareció matar el relato del pirata con patas de palo. Pero la ideología, y más la ideología fracasada, es dura de morir. Hoy en 2023, tenemos dos sindicatos de funcionarios públicos en pie de guerra, y con el cuchillo entre los dientes paro impedir la más mínima aparición de un “socio privado” en alguna parte de las empresas públicas.

En ANCAP hay una dura cruzada contra la incorporación de un socio privado en la división Portland. Pese a las reiteradas pérdidas millonarias de esa división, registradas a lo largo de los últimos 20 años con diversas gestiones, el sindicato se niega por completo, no ya al cierre de esa actividad o su venta a un tercero, sino a la incorporación de una empresa privada que permita hacer rentable esa línea de negocio. Los sindicalistas de Fancap parecen no tener preocupación alguna por las pérdidas que pagan los contribuyentes o quienes usan combustibles. Solo se trata de evitar que venga “un pata de palo”, y ello por ninguna otra razón que no sea la estatización de toda la operación de ANCAP. Mientras no venga un privado, no hay problema que la división pierda millones aunque a su lado haya empresas privadas mucho más eficientes y que ganan dinero.

Algo similar ocurre en OSE, donde el sindicato ha querido hasta copar la sala de directorio para impedir la apertura de ofertas de la planta potabilizadora Neptuno. Y todo bajo la consigna de que el “agua es nuestra”, aunque no seamos capaces de gestionarla correctamente. Gestión que incluye la búsqueda de fuentes de agua potable alternativas a la del Río Santa Lucia.

En ambos casos se arguye que el costo lo pagará “el pueblo”. Hoy por hoy, las pérdidas de ANCAP en la división Portland ya las está pagando el pueblo solo que nadie se da cuenta. Y en cuanto al agua, también lo paga “el pueblo” al no tener acceso al agua potable por falta de obras. Obras que obviamente tienen su costo y que siempre paga el contribuyente de una u otra forma.

Parece pues que hemos emprendido un peligroso viaje al pasado de los piratas con patas de palo y que estamos arrojando la racionalidad en la gestión por la ventana e inmolándola ante el ídolo de la fracasada ideología estatista.

Quizá estos temas deberían ser tenidos en cuenta por aquellos que, desde el exterior, ven al Uruguay como un paraíso o un oasis. Si nos comparan con la región, podemos ser un oasis. Si nos comparamos con nosotros mismos y nuestras posibilidades vemos que hay mucho para hacer y mejorar si no nos atamos a una ideología perimida. De lo contrario, no superaremos la caída en la marginalidad de muchos de nuestros jóvenes que viven sin esperanza de un futuro mejor.