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Institución de Derechos Humanos cuestiona validez de plebiscito impulsado por Larrañaga
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió un comunicado este lunes con el fin de analizar la validez de mecanismos de democracia directa -como el plebiscito para militarizar la seguridad ciudadana impulsado por el precandidato blanco Jorge Larrañaga- que “tienen como objetivo dejar sin efecto, o disminuir, el marco de protección de derechos vigente”.
“Los progresos alcanzados en la protección de los derechos humanos son irreversibles, de modo que siempre será posible expandir el ámbito de protección de los derechos, pero no restringirlo”, señala el texto.
La INDDHH sostuvo que estos mecanismos, aunque son democráticos y están basados en la Constitución, no pueden atentar contra “el principio de no regresividad”.
Según argumentaron, “cualquier modificación del ordenamiento jurídico nacional” que implique “un retroceso en la esfera de protección de derechos” o que busque “anular derechos humanos ya reconocidos por el Estado uruguayo” carece de validez cuando esa decisión “implica la violación de los derechos que ampara nuestro Bloque de Constitucionalidad”.
La reforma del precandidato blanco, promovida bajo la campaña "Vivir sin miedo", plantea la creación de una Guardia Nacional compuesta por 2.000 efectivos militares para que colabore en determinadas tareas con la policía. Además,propone que los delincuentes que hayan cometido delitos graves cumplan toda la pena en prisión sin libertades anticipadas; que se cree la figura de la reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos como homicidios múltiples o violación y homicidio a menores; y que se regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha "fundadamente" que se están cometiendo delitos.
Pero el documento de la INDDHH no solo apunta a la campaña de Larrañaga sino también al pre-referéndum que llevan adelante el diputado Álvaro Dastugue y otro precandidato blanco, Carlos Iafigliola, que propone dejar sin efecto la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en octubre del año pasado.
Entre sus citas, además de referirse al “principio de no regresividad” muestran como ejemplo la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostiene que “en caso de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de las mayorías”. Es decir, creen que hay derechos que no están en la esfera de lo “susceptible de ser decidido”.
Según concluye el comunicado, consideran necesario que el Estado uruguayo “a través de sus órganos competentes” se pronuncie a favor o en contra de estos “procedimientos de reformas constitucionales o legislativas que vulneren los derechos humanos recogidos por el Bloque de Constitucionalidad vigente”.
