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Intendentes blancos avanzan en una mudanza que rompe tradición histórica
Desde su concepción, el Congreso de Intendentes –cuando aún no era tal y su funcionamiento se reducía a encuentros periódicos– está estrechamente ligado al gobierno departamental de Montevideo. Primero fue a instancias del colorado Germán Barbato en 1943, cuando no existía aún estructura orgánica.
El 3 de setiembre de 1959 dio su primer paso en pos de la formalidad al conformar una Secretaría General, esta vez con el único intendente blanco que hubo en la historia de la capital: Daniel Fernández Crespo. Para entonces era una persona privada, de interés público y reunía a los intendentes del país, sin amparo jurídico, y así se mantuvo hasta la reforma constitucional de 1996, que le selló su carácter de organismo público.
Es desde entonces que el segundo piso de la Intendencia de Montevideo (IM) concentra toda la actividad –cada vez más creciente en un proceso de unificación de trámites– de un congreso que, una vez por mes, recibe a los 19 jefes comunales para resolver en torno a temas diversos. Por él han pasado líderes políticos de todos los colores, desde el sanducero Jorge Larrañaga hasta el expresidente Tabaré Vázquez.
Ahora los intendentes blancos –que con 15 de 19 intendencias son amplia mayoría en el Congreso– avanzan en concretar una mudanza de las oficinas que desde hace décadas operan en el seno de la comuna capitalina, en el mismo piso incluso que tienen sus despachos los intendentes de Montevideo.
Las gestiones comenzaron durante la presidencia del duraznense Carmelo Vidalín el año pasado, cuando el intendente tanteó como posible nueva sede a la Casa Soler de avenida Agraciada. El pintoresco edificio que hasta la década de 1990' albergó a la prestigiosa tienda hoy es propiedad de la Corte Electoral y está a la venta. Sin embargo, como la institución pedía en el entorno de US$ 300 mil, esas conversaciones se frustraron, según supo El Observador.
Ahora, con Guillermo López –intendente de Florida– a la cabeza del Congreso, es un secreto a voces que la mudanza de las oficinas se perfila hacia el Prado, a una cuadra de la residencia presidencial de Suárez y Reyes, donde está situado el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir). Esa institución, reconocida entre otras por la ONU, tiene en su Consejo Directivo al exembajador y excandidato presidencial blanco, Alberto Volonté.
Las conversaciones entre los intendentes, Volonté y el Ministerio de Defensa –titular del predio– están avanzadas y en todas hay buena disposición, según transmitieron fuentes políticas a El Observador. Los jefes comunales blancos apuntan, por un lado, a ampliar la capacidad locativa, en un proceso en que el Congreso unifica cada vez más tareas, desde la gestión de las patentes de rodado mediante el Sucive, los permisos bromatológicos a través de un incipiente registro (Runaev), el flamante Congreso de Ediles, entre otros.
Por otro lado, los intendentes del Partido Nacional observan la oportunidad de dar una "señal simbólica" al desprenderse del seno de la IM. Hoy en día el Congreso tiene en el entorno de 13 funcionarios fijos, entre los que se incluyen los consejeros políticos –Diego Irazábal y Wilson Ezquerra (blancos), Pedro Apezteguía (Frente Amplio) y César García (Partido Colorado)– y la secretaria ejecutiva, la exdirectora de Secretaría de Industria, Macarena Rubio.
Desde la órbita nacionalista prefirieron no hacer comentarios sobre el tema, en tanto una mudanza requerirá el aval de los tres jerarcas frenteamplistas: Carolina Cosse (Montevideo), Yamandú Orsi (Canelones) y Andrés Lima (Salto). A la coalición de izquierda le corresponde en ese sentido la presidencia del Congreso de Intendentes en 2023.
Tal como informó El Observador, Cosse y Orsi negocian alternarse en el cargo durante seis meses cada uno, en un año que va a anteceder al período electoral de 2024.
