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Intendentes consiguieron plazo hasta marzo para que el Senado vote proyecto para limitar contrataciones
El Congreso de Intendentes logró este martes su cometido para postergar en el tiempo el tratamiento en el Senado del proyecto de ley del colorado Adrián Peña para limitar los ingresos a dedo en los gobiernos departamentales.
Los jefes comunales pidieron en la comisión de Constitución una prórroga de entre 120 y 180 días para volver a comparecer ante los legisladores de modo de "permitir un análisis cabal y profundo" del texto, "respetando las competencias constitucionales" y "en particular soluciones que armonicen las disposiciones constitucionales aplicables", "en especial" las de los artículos 64, 273 y 275 de la Constitución, según la resolución a la que accedió El Observador.
"Hay que dejar de lado la hipocresía", había dicho al respecto el duraznense Carmelo Vidalín. "Y pasa por el hecho de reconocer que todas las intendencias, incluso las que hoy dicen que están de acuerdo, han dado ingreso a diversos funcionarios. Es muy lindo hablar para la tribuna. Lo que no conocen muchos legisladores son las funciones que realiza una intendencia".
El intendente había propinado que los frentistas Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima "se desesperan porque sean los blancos" los que pongan el grito en el cielo y había ironizado: "La ley nos viene de novela en estos tiempos electorales, porque las gente nos dice: '¿No habrá un lugarcito?'. Yo soy del no fácil, pero te encontrás gente humilde y cuesta decir que no. Pero ahora quedás con la excusa: 'No puedo, hay una ley nacional que me lo impide'".
El proyecto de seis artículos del senador colorado Adrián Peña busca equiparar el régimen de designaciones en las intendencias al de la administración central –lo que obligaría a determinar cualquier ingreso por "concurso público y abierto– y para que no pueda contratarse nuevos funcionarios durante el año electoral.
El texto cuenta a priori con el apoyo de los senadores del Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Frente Amplio y los blancos Graciela Bianchi y Jorge Gandini. El tema hace especial ruido en el Partido Nacional, que gobierno 15 de las 19 intendencias. No obstante, los tres intendentes del Frente Amplio también están acusados por sus respectivos opositores por el uso de designaciones directas para apuntalar estructuras políticas propias.
Por su parte, el titular de la Oficina del Servicio Civil, Conrado Ramos (Partido Independiente), había alertado a los senadores de la comisión de Constitución: "Si a los intendentes les planteamos pasar de un 70% de ingresos directos a que no los haya (...), se puede recurrir al fenómeno que utilizan los ministerios de realizar contratos por afuera. Sucede en todos los gobiernos: se contrata a la gente por fideicomisos, PNUD (programa de Naciones Unidas para el Desarrollo),cumple tareas permanentes de un funcionario público y después hay que regularizarlos".
