Jerarca de la Intendencia de Colonia citado como indagado por conjunción de intereses

Gardiol, que es también el primer suplente del intendente Carlos Moreira, es dueño de la Inmobiliaria Gardiol e Hijos que tiene terrenos e inmuebles en todo el departamento. La denuncia fue presentada a raíz de que el terreno de la familia Porras, localizado en la entrada de la ciudad de Colonia, fue ubicado, en el borrador del Plan Local de Ordenamiento Territorial de Colonia del Sacramento y alrededores, a 13 kilómetros de donde realmente está. De esta forma, en los papeles, el terreno queda dentro de una zona suburbana lo que lo lleva a perder valor.

"Hubo un error. Los técnicos pusieron el número de padrón de ellos (la familia Porras) a diez kilómetros. Le erraron como a las peras. Yo no vigilo los planos, los dirijo", explicó Gardiol a El Observador. El terreno que los técnicos ubicaron mal tiene unas 60 hectáreas (un área similar a la del Parque Batlle), está delimitado por dos de las principales avenidas de Colonia (Roosvelt y Batlle y Ordoñez) y separa Colonia del Sacramento del barrio El General.

El borrador de Plan Local, publicado en enero de 2017, fue modificado en, al menos, dos oportunidades para corregir otros errores. La ubicación del terreno de la familia Porras nunca se corrigió.

Gardiol explicó que luego que se hace el borrador, la gente puede objetarlo y los técnicos realizar modificaciones. Después se realiza una audiencia pública y el documento final debe ser aprobado por la Junta Departamental. "Los que terminan decidiendo son los ciudadanos y la Junta. Ellos prefirieron la vía penal", lamentó el director de Planificación.

El jerarca iba a ser citado por esta causa en noviembre de 2017, según publicó en ese entonces el semanario Búsqueda, pero finalmente la Justicia decidió suspender esa audiencia para informarse mejor sobre el tema.

Consultado sobre la posible conjunción de intereses, Gardiol aseguró que sus hijos están a cargo de la inmobiliaria y él solo se dedica a la parte de remates.

El intendente Moreira, en tanto, aseguró a El Observador que la denuncia presentada "no tiene ningún asidero" y que "confía en la inocencia" de su primer suplente.

Expropiación y pago por "por afuera"

La historia del terreno de la familia Porras es larga y compleja. En 2009 la Intendencia de Colonia comenzó el proceso para expropiar seis hectáreas de ese terreno. Se trata una parte del terreno que está al oeste de la avenida Batlle y Ordoñez. En esa oportunidad, el gobierno departamental ofreció 6.000 Unidades Reajustables (unos US$ 220.000 a valores actuales) para quedarse con esa parte del terreno.

Al no compartir el precio, los propietarios decidieron concurrir a la Justicia. A fines de 2014, tres tasadores, uno por cada parte y uno designado por la Justicia, realizaron un nuevo relevamiento. El tasador de la Justicia estimó el valor en 47.000 UR (US$ 1.800.000 a valores actuales), el de la familia Porras en 51.000 UR y el que fue designado por la Intendencia en 23.000 UR.

La nueva tasación de la intendencia era por la mitad del valor que el realizado por la Justicia pero cuatro veces más que el monto ofrecido inicialmente. El problema surgió cuando el perito de la comuna reconoció ante la Justicia que el gobierno departamental ya le había pagado por su trabajo, según la declaración a la que accedió El Observador. Este tipo de procedimientos se deben pagar a través de la Justicia, una vez que el juez de la causa determina los haberes que le corresponde a cada perito.

El gobierno departamental le pagó por afuera del procedimiento habitual US$ 5.978, según consta en la factura. Este pago se realizó en noviembre de 2014 cuando Walter Zimmer estaba al frente de la intendencia. Consultado sobre este tema, el exintendente dijo no recordar el caso. Este pago fue sumado a la denuncia por conjunción de intereses.

A pesar de que este litigio todavía está en curso y que la propiedad formalmente sigue siendo de la familia Porras, la Intendencia de Colonia le cedió el terreno a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) donde se está construyendo un nuevo hospital con una inversión de unos US$ 20 millones. Según estimaciones de los titulares, con un promedio de las tres tasaciones sumado a los intereses y otros gastos del proceso, el gobierno departamental deberá pagar cerca de US$ 2.300.000 para quedarse con el terreno.

Reserva Ecológica

En 2013 a partir de la ley de Ordenamiento Territorial, la Intendencia de Colonia comenzó a trazar las directrices en ese tema. Ese proceso califica los terrenos en urbanos, suburbanos, rurales, zonas de industrias, etc. e influye en el valor de los terrenos.

La parte del terreno de la familia Porras que quedó entre las avenidas,sin contar la zona donde se construye el hospital, fue declarada como reserva ecológica. Es decir, no se puede tocar ni construir nada en ese lugar porque se debe preservar tal como está. La familia Porras decidió ir contra esa decisión y recurrir ante la comuna.

Un informe privado y realizado por Liliana Delfino, actual encargada de la Unidad de Playas de la Intendencia de Montevideo y exencargada del Jardín Botánico, aseguraba que no se trataba de una reserva mientras que otro informe de la propia intendencia avalaba ese resultado.

En 2015 cuando Moreira volvió a asumir como intendente y Gardiol asumió la Dirección de Planificación, la familia solicitó que se retirara la declaración de reserva. Sin embargo, Gardiol aseguró que esa decisión sería tomada cuando se realizara el Plan Local de Colonia del Sacramento y alrededores.

El borrador de ese plan ubicó el terreno a 13 kilómetros de donde realmente está y derivó en la denuncia penal antes mencionada.

Vieja historia

El terreno de 60 hectáreas fue adquirido en 1960 por Emilio Alberto Porras quien trabajó durante 25 años en Jurídica de la Intendencia. En 1977, plena Dictadura, los militares tomaron el terreno. Lo cercaron y lo catalogaron como chacra militar. Veinte años después seguía siendo utilizado por los militares y el Ministerio de Defensa Nacional decidió comenzar el juicio de prescripción para hacerse con la propiedad legal del terreno.

Para eso llegó a un acuerdo con el gobierno departamental, a cambio de que el Ministerio de Defensa le cediera una parte del terreno para construir lo que hoy es la avenida José Batlle y Ordoñez.

Finalmente, el Ministerio de Defensa no pudo hacerse de la propiedad aunque la calle se hizo. En 2004 la familia Porras inició el juicio para recuperar la propiedad del terreno. En 2009 el Ministerio de Defensa Nacional fue obligado a dejar el predio.