Nacional > Pagos y una licitación bajo lupa
Jutep: Castaingdebat cometió irregularidades y favoreció a una empresa cuando era intendente
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) determinó que el exintendente de Flores Armando Castaingdebat, hoy diputado nacionalista, incurrió en "una serie de omisiones e irregularidades que dan cuenta de un favorecimiento indebido" a una empresa que fue contratada para instalar una cancha de campo sintético en la plaza de deportes de la capital departamental.
Según detalló la Jutep luego de una investigación pedida por la Justicia Penal –que terminó archivando la causa–, la Intendencia recibió en 2010 un correo electrónico enviado por un allegado a la empresa beneficiada con información técnica del producto y las condiciones para su instalación que fue incorporada "textualmente" al pliego de la licitación que se realizó para instalar la cancha de césped sintético. De hecho, y según probó la Justicia, el hombre que funcionó de intermediario entre la firma y la comuna cobró por su servicio US$ 6.500.
Pero además, la Jutep señaló que no se aplicaron los controles relativos a averiguar los antecedentes de la compañía, su solidez patrimonial, las garantías sobre su producto y contrato, y que se incumplió el plan de pagos que se había establecido, incuso arriesgando el patrimonio público, ya que en algún caso se pagó en forma anticipada durante el proceso de la obra. En total, y contando la ampliación a la cancha –algo que no estaba previsto originalmente–, la comuna le pagó a la firma más de US$ 133 mil.
Hay uno de los pagos que para la Jutep amerita especial observación: Castaingdebat –integrante hasta hace pocas semanas de la comisión normalizadora de la AUF– le pagó de su bolsillo a la empresa beneficiada US$ 21 mil para destrabar una mercadería que la firma había importado y que había quedado en Aduanas.
"No resultan suficientes los argumentos expuestos" por el diputado, dice el informe del organismo, porque ese "considerable importe" fue abonado "por cuenta de un tercero con el que manifiesta no tener relación ni confianza, sin garantía de repago, (y) sin documentar la deuda generada a su favor". El informe agrega que no constaba que el exintendente hubiera alguna vez exigido cobrar de nuevo ese dinero, ni siquiera cuando la empresa terminó de cobrar toda la plata por la obra.
"Ese pago resulta absolutamente irregular teniendo en cuenta que se realiza varios días antes de que se formalizara la compra que se estaría pagando. No hay explicación razonable para el hecho de que haya que pagar los impuestos de importación para liberar una mercadería que aún no se había comprado", sigue diciendo el documento, disponible en el sitio web de la Jutep.
Consultado sobre este fallo, Castaingdebat dijo a El Observador que lo consideraba una solo una "visión de los hechos" y que es consecuencia de una serie de "denuncias políticas" contra su persona que en ningún caso la Justicia pudo probar.
"Esto ocurre después de que yo denunciara al anterior intendente (Carlos Mazzulo) luego de que hiciéramos una auditoria y encontramos irregularidades por las que luego fue procesado. A raíz de ahí, me han hecho denuncias hasta por respirar y andar en camioneta", sostuvo.
Incumplimientos
Entre las irregularidades constatadas por el organismo contralor, se consigna que Castaingdebat tampoco veló por que se cumplieran las condiciones del pliego de la licitación –que a pesar de ello se lo consideró dirigido–, como haber adjudicado el servicio a una empresa que cotizaba más alto que la competencia. También se detalla que la obra terminó costando el triple de lo estipulado en un comienzo por no tomar los cuidados necesarios que evitaran imprevistos, y que parte de los materiales fueron comprados a otras dos empresas con vínculos con uno de los socios de la compañía que había ganado la licitación.
Castaingdebat es considerado por la Jutep como el "máximo jerarca" al que le cabe "la irresponsabilidad del incumplimiento de las normas" que hacen a la buena administración, como los artículos 3, 20 y 21 de la ley de corrupción –nº 17.060– y siete artículos del decreto nº 30 de 2003 que regulan la actuación de los funcionarios públicos, y que refieren al interés público, la probidad, la legalidad y obediencia, la transparencia y publicidad, la eficacia y la eficiencia en la contratación.
