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La buena fe
En la última semana del pasado mes de mayo, dos de los principales líderes del país, que han llegado a lo más encumbrado de la política y del gobierno nacional, el actual jefe de Estado, Tabaré Vázquez, y su antecesor, José Mujica, coincidieron en que el expresidente del Banco de la República Fernando Calloia y el exministro de Economía Fernando Lorenzo, condenados en segunda instancia judicial por sus actuaciones en el remate de los aviones de Pluna, actuaron de “buena fe” durante dicho procedimiento. Es preocupante, además de provocar una gran desazón, que dos de los referentes del Frente Amplio con indubitable influencia en la sociedad, no hayan sido más prudentes o, mejor aún, que hicieran una autocrítica sobre la desastrosa gestión del caso o pusieran énfasis en el celo de los administradores públicos con el Estado de derecho.
El Tribunal de Apelaciones Penal de 1° turno confirmó la condena contra Calloia y revocó la absolución a Lorenzo de primera instancia. En el caso de Calloia, el tribunal concluyó que actuó de forma “deliberada y consciente” para “viabilizar de manera claramente abusiva” y “a la vez que arbitraria” - contra todo derecho y contra toda lógica y razón- la viabilidad de la empresa Cosmo, interesada en adquirir los aviones de Pluna. Lorenzo, según el fallo judicial, “excedió la competencia” de su cartera al solicitar al BROU, en nombre del Poder Ejecutivo, que emitiera un aval millonario (US$ 14 millones)” a favor de la mencionada firma. Ello a pesar de que el exministro “sabía a la perfección” de que no existía la mínima posibilidad de control por parte de la entidad bancaria estatal. Ambos condenados sabían que Cosmo era una “fachada” del empresario Juan Carlos López Mena, propietario de la empresa Buquebus, dice el dictamen judicial.
La reacción de Mujica fue decir de que tiene confianza en Calloia y Lorenzo porque “actuaron de absoluta buena fe”, más allá del aspecto jurídico. Y que la actuación de los “compañeros” se puede explicar a partir de que él dio “la orden de sacarse el problema de encima”. Por su lado, Vázquez coincidió en la “buena fe” de ambos funcionarios.
La buena fe no se circunscribe a que no hubo un acto de corrupción para provecho propio o del partido. La mejor buena fe de un funcionario público es la que surge de una actuación apegada estrictamente a la ley. Es un antiguo principio del Derecho que cuando se trata de funcionarios públicos no significa otra cosa que una actitud honesta en cumplimiento del deber, de no cometer excesos o desviaciones de poder. En la buena fe no puede haber lugar al engaño ni a falsas apariencias.
Cuando Mujica y Vázquez hablan de la buena fe de los dos condenados parecería que se refieren a que no sacaron provecho propio de la situación y que cumplieron como pudieron con una orden presidencial. Son argumentos o justificaciones equivocadas y mensajes perniciosos para la sociedad.
Un ministro de Economía o un presidente de un poderoso ente autónomo deben de actuar con fidelidad institucional y la buena fe debe reflejarse en el respeto irrestricto a los procedimientos legales y en una conducta transparente en la gestión de la cosa pública. La “buena fe” no debe confundirse con una eventual lealtad a una orden presidencial. Si esa orden presidencial no puede cumplirse dentro del marco de la ley, hay dos caminos: la renuncia o la negativa a cumplirla, que seguramente llevará a la renuncia. Es duro, pero es el camino adecuado.
