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La exsenadora Michelle Suarez sigue trabajando a pesar de tener su título suspendido
Tras varios meses fuera de la vida mediática, la exsenadora comunista y primera legisladora trans del país, Michelle Suárez, volvió al ruedo. Y lo hizo nuevamente por su accionar: la abogada ofrece, presuntamente, servicios profesionales a pesar de que la Suprema Corte de Justicia resolvió en julio suspender su título por dos años.
“Sí, soy Michel Suárez. Yo te cobro la consulta y se trabaja. No te va a afectar, si no yo no tendría una cartera de clientes. Aparte yo no fui mala profesional, si no no hubiera llegado a los lugares que llegué. Legalmente no hay problema”, aseguró la exlegisladora por teléfono cuando un supuesto cliente la llamó a su celular para consultarle si estaba autorizada para asumir un caso de desalojo. La profesional suspendida le respondió que le cobraría $ 500 por reunirse. La conversación se emitió al aire este jueves en el programa Las Cosas en su Sitio, de radio Sarandí.
El disparador para realizar la consulta fue un aviso que salió publicado en una revista de la Costa de Oro, donde se publicitan servicios profesionales. Según informó el programa, Suárez puso un número de celular, un mail de contacto y una dirección en Pinamar Norte, lugar que coincide con su casa y donde cumple su condena de prisión.
En una primera instancia, Suárez dijo que se llamaba Olivia pero posteriormente, en un segundo llamado, ella misma confirmó que era la exlegisladora trans e insistió en que puede tomar el caso sin complicación alguna. La abogada suspendida aseguró además que trabaja junto a otros dos abogados. Ella se encarga de gestionar la parte administrativa, dijo, mientras que la firma profesional la agrega otra persona. “Yo armo los escritos y preparo las cosas”, detalló.
La Justicia dictó en abril de este año el procesamiento con prisión para Suárez, quien aludió tener problemas de salud, razón por la cual se le permitió cumplir con la condena en su casa. La abogada fue condenada por cuatro delitos de falsificación relativos a las firmas que adulteró en un expediente que trataba sobre la patria potestad de una menor: ella imitó el autógrafo del padre de la niña y de su socia. Además, la fiscal del caso pidió imputarle estafa por entender que con esa actitud engañó al Estado en juicios basados en documentos falsos.
Posteriormente, en julio, la Suprema Corte de Justicia dispuso la suspensión de su actividad laboral por dos años, lo que fue notificado el 17 de agosto.
