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La historia de cómo el gobierno cambió su estrategia para combatir el narcotráfico

El hombre que está al frente de las operaciones policiales contra el narcotráfico cuenta cómo se optó por un enfoque "integral"
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26 de diciembre de 2018 a las 05:00

Era enero de 2012 y el ministro Eduardo Bonomi y su equipo de asesores comían un asado en la casa de veraneo del sociólogo Gustavo Leal en un balneario del este. Habían leído varias de sus columnas de opinión y una entrevista que había dado al semanario Voces semanas antes, en donde exponía algunos de sus ideas sobre política de seguridad.

En esa reunión le propusieron que se sumara al Ministerio del Interior para liderar un proceso de trabajo que tendría como expresión final los operativos de seguridad que desde fines de 2017 se desplegaron en barrios de contexto crítico de Montevideo, y en las últimas semanas en Las Piedras (Canelones) y en San Carlos (Maldonado).

“Me acuerdo que conversé mucho sobre la necesidad de poner el eje en una estrategia de seguridad en los temas de la convivencia; que el foco tenía que ser intervenciones integrales del Estado. Había surgido el tema de cómo poder entender la dinámica criminal”, cuenta Leal, casi siete años después,  en entrevista con El Observador. Y el desafío que ese día aceptó no sería fácil.

Por esa época, la cartera de seguridad entraba a la fuerza en barrios fuera de control, como el Cerro y el Marconi, y Leal rechazaba ese estilo de intervención. “Eran los famosos megaoperativos. Yo tenía una opinión de que eso no era la estrategia integral que hacía falta, y el Ministerio ya manejaba esa idea”, relata.

La idea se hizo carne por primera vez el 20 de diciembre del año pasado, cuando las autoridades detectaron que entre fines de setiembre y mediados de diciembre de ese año una banda de narcos llamada Los Chingas desalojó a al menos 110 familias de sus casas. Asumieron que eso debía detenerse y desalentarse enseguida.

La alarma sonó en Leal –hoy director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y coordinador de estos operativos– porque de acuerdo a una base teórica que había constatado en los últimos años, si la delincuencia percibe que algo es realizable y el Estado no responde con todo "el peso de la ley", entonces se extiende en todo el territorio. Eso es lo que pasó con los ajustes de cuenta mediante homicidios, pone de ejemplo el jerarca: se volvieron una práctica común cuando en 2012 asesinaron en el barrio Palermo al narcotraficante y representante de futbolistas Washington “Bocha” Rissoto.

Por ese motivo, entonces, se consideraba de capital importancia que en Uruguay no se naturalizara lo que ocurre en determinados países de la región.

“Si el modelo de control (narco) se consolidaba, hubiera pasado lo que ocurre en Brasil –dice Leal–. Uno va a la playa y mira para atrás, hacia arriba, y ve lo que todo el mundo sabe: que allá (en el morro) vive tal banda o el comando tal, y que nadie puede entrar”.

Feudalismo y fordismo

En barrios de Montevideo como el Marconi, cuatro o cinco años atrás, comenzaron a  presentarse casos que apuntaban en la dirección de Brasil. Uno de ellos fue la asonada de octubre de 2012, que terminó con un fuerte enfrentamiento con la policía –con secuestros e incendios– en el que un joven fue asesinado. Leal vio esos sucesos como una confirmación de sus esquemas teóricos, que el sociólogo había madurado luego de más de 20 años de trabajo social en la sociedad civil.

“¿Qué es lo que había pasado? Estaba en proceso de consolidación un fenómeno donde el capo narco de ese lugar estaba instalando con mucha fuerza una lógica de señorío feudal”, explica. Y esa lógica se sostiene a través de un sistema de “control en el territorio en base a la adhesión y a la aceptación forzosa de ese servicio de protección”.

A cambio, los vecinos debían guardar silencio y los delincuentes cuidaban que no lo hicieran solamente bajo los efectos del miedo; entonces organizaban grandes comidas en Navidad, o repartían regalos de Reyes Magos para los niños.

En Casavalle, por ejemplo, cuando las ambulancias no ingresaban por la inseguridad y un niño con fiebre de algún vecino esperaba asistencia médica, aparecían en escena personajes como Mónica Sosa, la líder chinga que fue condenada a prisión en octubre por usurpación y robo de agua y energía eléctrica. “Ella y otra gente hacía entrar los taxis y los pagaba. Y cuando tenés un hijo chico enfermo y pasa eso, si sos buena gente por lo menos vas a agradecerle”, dice Leal. 

Los vecinos les agradecían a alguien que mostraba que hacía mucho más por ellos que una sociedad regida por un Estado que, hasta el momento, incursionaba en los barrios con procedimientos policiales agresivos e indiscriminados.  Eso, dice Leal, era nefasto porque profundizaba el silencio de los vecinos y hacía realidad una “alianza” que se daba por la vía de los hechos.

Pero el dominio necesita otra pata, y es la que el asesor de Bonomi identifica como "fordismo": la especialización de los roles: que cada delincuente delinca en lo que mejor sepa –robar autos, conseguir armas, procesar la droga, venderla– dentro de una cadena que produce el delito “en cadena”.

A las apuradas

A los dos o tres días de iniciadas las expulsiones de vecinos en Casavalle, la cartera de seguridad ya estaba enterada de lo que ocurría, en base a trabajo de inteligencia, información táctica y “diplomacia callejera” –toda  una infiltración que ya tenía desarrollo desde meses atrás–. Pero el Estado no tenía aún las herramientas para darles una solución de fondo a las víctimas, que era la parte esencial de la intervención policial que estaba en ciernes.

El 10 de noviembre, cuando hacía 10 días que había comenzado a regir el nuevo sistema penal, hubo una reunión en la que Leal y todo el equipo de la cartera de seguridad le plantearon al fiscal de Corte, Jorge Díaz, que no había tiempo para esperar a que, de acuerdo a la nueva ley, se pusiera en funcionamiento la Unidad de Víctimas de la Fiscalía: ya hacía varias semanas que Los Chingas, que no solo dominaban el complejo de viviendas de Los Palomares, sino todo "la zona norte de Montevideo",  se sentían amos y señores de su barrio.

“Se tuvo que activar a contrarreloj el sistema de protección”, dice el sociólogo, porque la estrategia era “primero proteger a todas las familias, sacarlas de ese lugar y darles otra vivienda”. “Con todo lo que implica una movilización de esas características: fue un trabajo colosal”.

La operación policial de Casavalle tuvo por nombre Mirador –en alusión al trabajo de observación de las autoridades previo a la acción policía para identificar “quirúrgicamente” a los delincuentes– y fue la más importante de los más de 10 que le siguieron hasta la fecha: se movilizaron 600 policías que ejecutaron 68 allanamientos en simultáneo.

Persecución penal y libre albedrío

Un año después se acumularon más de 460 allanamientos y hay más de 100 delincuentes imputados en la Justicia: 81% fueron detenidos por la policía, cita Leal esas cifras con orgullo.

Sin embargo, muchos de los delincuentes fueron enjuiciados por delitos menores, como hurto de luz y agua potable –debido a las conexiones ilegales que mantenían en sus viviendas–, o por usurpación –ocupaban casas que no les pertenecían–, todo lo cual, para la Justicia, implica una pena de pocos meses.

-Cuando salgan de la prisión, y en algunos casos faltan pocas semanas, los delincuentes van a volver a los barrios. ¿Eso les genera preocupación?

-Es que en cualquier caso vuelven. A la gente que está por extorsión, que son quienes tuvieron las penas más grandes, les dieron entre cuatro o cinco años, y los que están por homicidios  van a estar por muchísimo tiempo

-Pero los que cayeron por colgarse de la luz y agua fueron condenados por pocos meses.

-No, pero esos también están por usurpación. Se les suma eso, y ese es un error, porque no se comprende: nadie está formalizado solo por esos delitos, sino que son un complemento que tiene que ver con una estrategia. Tiene que ver con una lógica en la que el Estado ejerce la autoridad de una manera que no permita la situación no se vaya de las manos. ¿Van a volver? Sí, van a volver porque no hay cadena perpetua en Uruguay. Volvió (el asesino serial) Pablo Goncalvez. Obvio que vuelven. ¿Esto se va a volver a repetir? Esa es una pregunta razonable, que yo también me hago. Y la respuesta es que depende de ellos. Si estos grupos criminales vuelven a hacer lo mismo, van a tener la misma persecución penal, porque hay libre albedrío. Las personas toman sus decisiones.

-O sea que estas intervenciones no establecen una solución, sino que responden a un proceso cíclico.

-Creo que la conducta criminal es muy sensible a la persecución penal, porque también es sensible a la emulación de casos de éxito, sino mirá los cajeros. Vinieron los chilenos, les fue bien, advirtieron a mucha gente y aparecieron emuladores de todo tipo. Y cuando hay una respuesta penal organizada y contundente por parte del Estado hay gente que toma nota.

Los próximos meses dirán hasta qué punto los narcos uruguayos han tomado nota.

De acuerdo con Layera
Cuando el director nacional de la Policía, Mario Layera, dijo a El Observador en mayo que Uruguay estaba camino a convertirse en un país parecido a algunos de Centroamérica, dominado por pandillas que controlaban territorios y en donde los marginados algún día podían ser mayoría, partía de un diagnóstico que compartía con Gustavo Leal.
“Yo hablo muchísimo con Mario, compartimos puntos de vista, y ese día dialogamos en profundidad sobre los contenidos de la entrevista", contó Leal. Y agregó: "Capaz que el ejemplo no fue adecuado, pero él conoce a Uruguay en detalle, y sabe muy bien cómo es el funcionamiento de estos grupos delictivos. Tenemos una visión compartida de cuál es  el problema de seguridad en el país”.

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