La huida de Petrobras

El martes 16, en el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en la provincia argentina de Santa Fe, el presidente Tabaré Vázquez, y el titular de Petrobras, Roberto Castello Branco, acordaron la rescisión de los contratos por los cuales la empresa estatal brasileña explota los servicios de gas por cañería en Montevideo –a través de MontevideoGas– y en el interior –Conecta–.  

El acuerdo supone que la compañía brasileña deja el negocio antes del 30 de setiembre, unos cuatro años antes de la finalización de las concesiones, sin ningún pago por su retiro anticipado. A cambio, se compromete a no continuar con los procedimientos de arbitraje internacional que lleva adelante contra el Estado uruguayo por cambios imprevistos en las reglas de juego del negocio del gas. Las quejas de Petrobras son por las dificultades del acceso al suministro desde Argentina y a precios no competitivo, dos sensibles variables para un negocio en un mercado de poco tamaño y que históricamente ha sido deficitario. 

Es cierto que la salida de Petrobras ocurre en un contexto de un cambio de rumbo en los negocios de la compañía en general. Y sobre eso el gobierno uruguayo no tiene ni arte ni parte. 

Pero sí tiene una gran responsabilidad en las condiciones que ofrece el país para el negocio del gas por cañería y que, si no cambian, será muy difícil conseguir un nuevo inversionista.

Petrobras ha perdido US$ 116 millones en sus empresas de gas en Uruguay y, según dijo el miércoles 17 en el programa de radio En perspectiva el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, en términos anuales el rojo asciende a US$ 3 millones, que los uruguayos ahora tendremos que hacernos cargo. 

Lo cierto es que sin un cambio en la realidad del negocio, la gestión “transitoria” del Estado en MontevideoGas y Conecta se convertirá en algo permanente.

Es muy difícil que el gobierno de Vázquez, al que le quedan unos ocho meses de gestión, logre conseguir un interesado en invertir en un negocio a pérdida y donde es imposible realizar un plan de ajuste por la actitud destemplada del sindicato del gas que hasta tomó medidas ilegales de “control obrero” y que ha sido un palo en la rueda en la gestión de Petrobras. 

El gobierno está confiado en que condiciones de suministro más estables y mejores precios del gas de Argentina permitirán una mejora. Pero no es suficiente para que el negocio sea mínimamente interesante.  

En medio de un período electoral, es difícil pensar que la administración Vázquez tome las medidas para mejorar la ecuación económica de las empresas del gas. No en vano la única garantía que dio en estas horas es que el Estado mantendrá las fuentes de trabajo.

¿A quién puede resultarle atractivo adquirir empresas deficitarias y con un sindicato cuya visión impide realizar ajustes en función de la evolución del mercado y solo aspira a que la empresa pase a propiedad estatal?  

Es por eso, salvo alguna sorpresa, que todo apunta a que la estatización del gas en el país tendrá una larga vida.