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La maniobra de la trata en Artigas: miles de dólares y personas abandonadas en Brasil

Los venezolanos accedieron a la oferta de empleo mediante Telegram, una vez en Uruguay fueron indocumentados y algunos abandonados en Brasil
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26 de febrero de 2024 a las 13:50

14 venezolanos llegaron el 12 de enero al aeropuerto de Carrasco tras haber sido contratados por una cantera de piedras semipreciosas en Artigas pero fueron víctimas de trata de personas por una organización que les realizó explotación laboral; las personas accedieron a la oferta a través de una publicación en Telegram realizada por una de las imputadas, quien se presentaba como psicóloga de la empresa, según el relato de la fiscal Sabrina Massaferro, al que accedió El Observador.

De la formalización se desprende que los inmigrantes llegaron a Uruguay engañados con una promesa laboral que les retribuiría miles de dólares al mes por trabajar ocho horas de lunes a viernes, pero al llegar la realidad fue diferente.

La fiscal narró que, estando aún en Venezuela, tres de los imputados "realizaron a cada una de las víctimas a través de videollamadas, varias entrevistas y les realizaron la oferta de empleo. Se les ofreció alojamiento, comida, seguro médico y wifi. Se les ofreció la suma de un sueldo base de U$250 o U$500 dólares mensuales (según la tarea a desempeñar) mas bonos por producción, horas extras, bonos por buena convivencia con el grupo, bonos por mantenimiento y cuidado de las máquinas, todo lo cual alcanzaría la suma de US$1500 a US$2000 por mes".

El grupo de venezolanos aceptó la oferta y el 9 de enero tomaron un ómnibus desde Anaco hacia Santa Elena, en Venezuela. Cruzaron hacia Brasil y "después de cuatro escalas" llegaron a San Pablo, donde tomaron un avión hacia Montevideo. Los pasajes fueron pagos por otro de los imputados.

En el aeropuerto de Carrasco los recibieron dos de los imputados, uno de ellas la abogada, funcionaria del Ministerio de Defensa. "Los llevaron a comer en un club de pesca y posteriormente a la terminal Tres Cruces", desde donde viajaron hacia Artigas.

Una vez allí, otro de los imputados, quien además "administra" la cantera, los llevó hacia el lugar donde fueron alojados. Tres días después de haber llegado, los venezolanos quedaron indocumentados. "Cada vez que reclamaban (los documentos) les decían que estaban en otro lugar, o que estaban en Montevideo, o en una chacra o en una caja fuerte reteniéndolos por aproximadamente un mes", expuso la fiscal.

Lejos de la promesa de las ocho horas y de los US$ 2.000 mensuales, los venezolanos empezaron a trabajar 12 horas por día; tres personas se fueron al ver que los habían engañado.

El 31 de enero les dijeron que les pagarían US$180 por la primera quincena de trabajo y que se les descontaría los cargos por el seguro médico, los alimentos y el wifi.

"Ante los reclamos que comenzaron a realizar las víctimas por no ser lo que acordaron, los imputados enviaron a quien se quejaba hacia otra ciudad con excusas y engaños". A uno de ellos lo enviaron a San Pablo el 6 de febrero "con la excusa de ir a buscar a más trabajadores y al llegar al lugar descubrió que ello no era real y que no había personas para trasladar".

A otros dos los enviaron hacia Curitiba "con la excusa de ir a buscar maquinaria lo cual tampoco era real, permaneciendo en esa ciudad hasta el día de la fecha y sin recursos", relató la fiscal del caso.

Los venezolanos que estaban en la cantera empezaron a "sentir temor" porque no podían salir del lugar y porque no tenían acceso a wifi para poder comunicarse. Uno de ellos manifestó que se iría, pero durante la madrugada fue llevado en una camioneta por dos de los imputados hacia Quaraí, donde lo dejaron solo y sin dinero.

El pasado 22 de febrero llegaron más venezolanos. Siete primero y 13 después. La operación fue idéntica, pero los contratos se firmaron en Montevideo y se le sumaron tres hojas en blanco. Sin embargo, los imputados no llegaron a Tres Cruces porque "en momentos que se retiraban del lugar fueron detenidos los imputados antes de que enviaran a las nuevas victimas a la Ciudad de Artigas".

La fiscal concluyó que los seis imputados "integran un grupo criminal organizado con fines de explotación laboral; que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana".

Para los imputados se dispuso un arresto domiciliario de 22:00 a 07:00 con dispositivo electrónico durante 120 días. Además debieron fijar domicilio, no podrán salir del país y tienen la prohibición de poder comunicarse o acercarse a 500 metros con respecto a las víctimas mientras continúa la investigación.

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