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Lacalle llamó a Sartori y a su suplente Straneo para pedir su "respaldo al gobierno" por el veto de Casa de Galicia
El presidente Luis Lacalle Pou llamó este lunes al senador del Partido Nacional, Juan Sartori, y a su suplente Juan Straneo para pedirles su "respaldo al gobierno" en la reñida votación de la Asamblea General para levantar el veto del Poder Ejecutivo a la ley para cubrir los créditos laborales de los extrabajadores de Casa de Galicia.
El contacto del mandatario fue decisivo para que Straneo, quien había votado la iniciativa en el Senado junto a su correligionario Sergio Botana, el Frente Amplio y Cabildo Abierto –y quien además ya tenía preparado el fundamento para alzar la mano en favor de levantar el veto presidencial–, se retirara de sala y no estuviera durante la votación, según reconstruyó El Observador con fuentes políticas.
La llamada de Lacalle llegó desde Río de Janeiro, donde se encuentra junto al canciller Omar Paganini desde el martes para la cumbre del Mercosur.
La Constitución de la República exige tres quintos de los presentes de cada cámara en la Asamblea General para poder dejar sin efecto un veto del Poder Ejecutivo. A nivel del Senado, hubo 17 votos en 29 para levantarlo, pero de acuerdo al reglamento se hubieran precisado al menos 18 (tan solo uno más) para el quorum que había en ese momento.
Con que solo una de las cámaras no alcanzara la mayoría especial necesaria, el Poder Legislativo ya no podía levantar el veto, y eso fue lo que ocurrió en ambas cámaras, aunque el resultado estuvo parejo y mantuvo en vilo al oficialismo hasta última hora.
Lacalle transmitió tanto a Sartori como a Straneo las consecuencias económicas que tenía la ley si se mantenía y les dijo que hasta podía poner en riesgo el grado inversor, según supo El Observador. El presidente también manejó que si el veto se levantaba se generaría una afectación a la imagen institucional del país.
La redacción en cuestión –acordada por cabildantes y frentistas y a las que se plegaron los blancos afines a Botana, César Vega del PERI y el colorado Germán Cardoso– obligaba al Estado a "integrar" el fondo de insolvencia laboral en el BPS de modo de cubrir los créditos laborales de los exfuncionarios de la mutualista, en caso de que dicho fondo se quedara sin dinero, como efectivamente calculan las autoridades.
Los impulsores del proyecto han manejado que eso supondría una erogación del entorno de los US$ 23 millones en base al tope de 105 mil unidades indexadas (unos $600 mil) por trabajador previsto en el fondo del BPS y efectivamente adeudados por la liquidada mutualista a unos 2.000 exfuncionarios. La idea del gobierno es constituir un fondo aparte por la tercera parte, por unos US$ 8 millones.
En el veto enviado al Parlamento, además de acusar un trato "discriminatorio" a favor de los trabajadores de Casa de Galicia "en perjuicio" del resto de los trabajadores privados, Lacalle afirmó que la ley "lleva irremediablemente" al "desfinanciamiento" del fondo del BPS "y a la necesidad de 'integrar' el mismo" y asistirlo durante un plazo indeterminado, "lo que lleva, entonces, a que el Tesoro Nacional deba afrontar un gasto por un monto y plazo indeterminados y sin que se establezca con qué fondos serán cubiertas dichas erogaciones".
El gobierno sostuvo entonces que debe haber un "cuidadoso manejo de las disponibilidades del erario y la contención del gasto público", cuando el proyecto aprobado en el Parlamento no permite "conocer durante cuánto tiempo y por qué montos el Estado deberá estar asistiendo" al fondo de insolvencia laboral.
