El presidente Luis Lacalle Pou dijo este lunes que el gobierno no ha tomado posición sobre la propuesta del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de derogar la norma 18.831 para "reinstalar" la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Sin embargo, recordó que esta iniciativa no está incluida en Compromiso por el País, el acuerdo programático que firmaron en noviembre de 2019 los cinco partidos de la coalición de gobierno.
"No forma parte del Compromiso por el País. El senador Manini habló conmigo de este tema, me lo planteó. Es una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno. Uno entiende que el Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas. Ustedes saben cuáles son, ustedes saben de las respuestas históricas con los familiares de detenidos desaparecidos, saben de las reuniones que hemos tenido al respecto", señaló el mandatario este lunes, tras los festejos por los 124 años de la ciudad de Los Cerrillos, en Canelones.
El presidente y Manini Ríos se reunieron el jueves 30 en Torre Ejecutiva y, entre otros temas, el senador propuso la derogación de la ley interpretativa, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en el marco de la última dictadura cívico militar (1973-1985), los declaró de lesa humanidad, y por lo tanto no hay plazo para que quienes los cometieron sean juzgados.
"No hay posición del gobierno al respecto. Simplemente comprendemos que hay una posición de un partido importante de la coalición y por ahora es todo lo que tenemos que decir", remarcó Lacalle Pou.
Sin embargo, dijo: "Tenemos que tratar de salir en paz hacia adelante, es un viejo anhelo de muchos uruguayos. Y obviamente, para salir en paz hay que tratar de la mejor manera posible que cada uno vea satisfechas las necesidades de conocer muchas cosas, de un lado y del otro, o mejor dicho de todos los lados que componen a la sociedad uruguaya".
Por otra parte, el presidente se refirió este lunes al pedido de remoción del fiscal de Corte, Jorge Díaz, también formulado por los legisladores de Cabildo Abierto. Luego de que el diputado Eduardo Lust y el senador Guillermo Domenech presentaran una carta el 20 de julio para formalizar la solicitud, el jefe de Estado evitó responder si respaldaba al fiscal de Corte y dijo que respondería cuando lo estimara conveniente.
"Nos tenemos que acostumbrar a que uno puede criticar a los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República. La crítica no necesariamente es intromisión o vulnerar la separación de poderes. Nos tenemos que acostumbrar a una sociedad que critique, que critique no para destruir sino para mejorar. Nosotros, yo personalmente, obviamente que hay muchos actos o algunos actos de otros poderes que pueden no gustarme. Ahora, tengo que respetar la separación de poderes", valoró.
Asimismo, dijo que "a priori" no cree que sea conveniente sustituir la figura del fiscal de Corte por un órgano colegiado integrado por tres personas, como propone el diputado colorado Gustavo Zubía, con el aval de algunos correligionarios y Cabildo Abierto.
"Yo trato de analizar la institucionalidad de mi país, de nuestro país, por los órganos y la institucionalidad misma, no por la gente que la integra. No creo que haya que modificar la institucionalidad del país porque guste mucho, poquito o nada quien esté en ese lugar. Son resortes y mecanismos distintos. No creo, a priori, que debamos tener un órgano colegiado en la Fiscalía", sentenció el presidente.
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