Las cárceles en Honduras tienen similitudes con las del autoritario Nayib Bukele de El Salvador

La destitución contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que lo acusaba de “traición a la patria”. Zelaya se estableció en Brasilia, por el entonces presidente Lula, y recibió el apoyo de la comunidad internacional, el repudio de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos así como por grandes manifestaciones en su país que no lograron torcer el brazo de las Fuerzas Armadas ni de la Corte Suprema.

Nunca se probaron las acusaciones contra el progresista Zelaya y años después su esposa Xiomara Castro ganaba las elecciones y asumía como la primera mujer presidenta de Honduras el 27 de enero de 2022, lo cual fue saludado y acompañado por la comunidad democrática del continente y el mundo.

Antes de presentar su candidatura, y desde octubre de 2016, Castro presidía el área de Mujeres de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Su perfil de mujer comprometida con las causas sociales sufrió un duro golpe cuando, hace pocos días, al menos 41 mujeres morían en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas).

Si bien, la primera reacción del gobierno fue responsabilizar a las propias detenidas por el motín, con el correr de las horas quedaba al descubierto la ineficacia y complicidad de funcionarios de su gobierno. La mandataria destituyó al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, cuando todavía los familiares estaban rodeando el Cefas y en la morgue pidiendo la lista de las mujeres muertas.

Luego hubo más desplazamientos y anuncios de medidas drásticas por parte de la mandataria que hace un año y medio llegaba a la presidencia con una mirada progresista para contener los disturbios provocados por las disputas territoriales de los grupos de narcotraficantes y las maras, grupos de jóvenes de atravesados por la pobreza y la cultura violenta.

Ahora, cuando su vecino de El Salvador Nayib Bukele hace gala de no respetar los derechos humanos y con ello gana adeptos, Xiomara Castro prometió tomar “medidas drásticas” para frenar la violencia.

Las autoridades penitenciarias hondureñas distribuyen fotos o permiten tomarlas a los fotoperiodistas, con prisioneros amontonados con los mismos sistemas de sometimiento que su vecino autoritario Bukele. Aunque Castro no pidió al Congreso leyes que cercenen los derechos, la política que pone en marcha está basada en la persecución policial y militar así como el duro trato en las prisiones tras el descarrilamiento en el Cefas.

El twitter de la mandataria del martes fue: “Conmocionada por el monstruoso asesinato de mujeres en Cefas, planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al Ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. ¡Tomaré medidas drásticas!”.

El día anterior, los funcionarios de seguridad del país anunciaban “éxitos” en “la ofensiva” militar y policial contra las maras y grupos narcos que tienen una fuerte presencia en distintas ciudades del país, incluyendo la capital, Tegucigalpa.

Como parte de ese endurecimiento, la Policía Militar hizo públicas imágenes que muestran a centenares de hombres arrestados y obligados a permanecer en ropa interior mientras son custodiados por decenas de oficiales, en una medida que pretende recuperar el control de las cárceles.

“Iniciamos actividades para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y romper el ciclo con el crimen organizado”, informó en un comunicado la Secretaría de Estado de Defensa Nacional. Las imágenes son similares a las distribuidas por las autoridades de El Salvador, que reivindican “la guerra” contra las maras y que generan fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.

La “ofensiva” de las autoridades hondureñas se da tras un sangriento fin de semana que dejó 21 muertos. Una masacre registrada el sábado en un bar de Choloma, en el norte de Honduras, dejó 13 muertos. Castro responsabilizó a “matones a sueldo, entrenados y dirigidos por los cabecillas del narcotráfico que opera impunemente en el corredor de la droga, Valle de Sula” y ordenó el toque de queda Choloma y en San Pedro Sula, la ciudad más grande del país.

Otras ocho personas fueron muertas en otros crímenes en otros lugares de Honduras. Habían pasado solo cinco días de la masacre de la prisión de mujeres del Cefas, ubicado a solo 25 kilómetros de la capital.

La presidenta también anunció una operación policial que incluye allanamientos, capturas de posibles criminales y retenes. “He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista”. Su gobierno envía un mensaje de fuerza. El hijo de la mandataria, Héctor Zelaya, que es su secretario privado, dijo que las medidas son “decisiones contundentes para poner fin a los remanentes de la narcodictadura. Estos esfuerzos son base sólida para vencer el terrorismo y la criminalidad”.

En Honduras, al igual que en El Salvador, operan la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. La realidad es que esos grupos operan desde las prisiones donde, como sucede en la mayoría de los países, tienen la capacidad de comprar a funcionarios que les permiten ingresar los teléfonos o las armas que luego se ven en las fotos como “el éxito” contra las pandillas.

Tras hacer públicas las imágenes este lunes, las autoridades hondureñas han recibido críticas de organismos de derechos humanos. El populismo punitivo recibió de inmediato una queja de la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

“El falso dilema entre la seguridad y los derechos, nos ha pasado alta factura en la región”, dijo en un comunicado Guevara Rosas, quien ya ha criticado la política de Nayib Bukele.