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Lavado de activos: reportes bajan por segundo año consecutivo y piden fiscalía especializada
El lavado de activos es un delito, en gran parte de los casos, “de cuello blanco”. Muy complejo de investigar, requiere personal especializado, muchos contadores, acceso a información rápida y procesamiento de datos. Desde el 1° de enero de este año, a instancias de lo aprobado en la Rendición de Cuentas, su investigación fue centralizada en las fiscalías de estupefacientes. Fue una definición acordada entre el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft). El argumento era el bajo número de operaciones exitosas contra el lavado.
La decisión contó con la oposición de la Fiscalía General de la Nación, que alegó no haber sido consultada por una medida y con la que discrepó por “tres dificultades prácticas”. El proyecto fue retirado por Diputados, pero luego reincorporado en el Senado y finalmente aprobado.
El resultado final: severos problemas operativos para el Ministerio Público. Así se lo dijo el fiscal general interino, Juan Gómez, al titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, en una reunión la semana pasada. Y así lo admitió el propio Chediak en el Parlamento, al sugerir un nuevo cambio.
En el sistema hay unos 60 expedientes de casos por lavado de activos. “Nada espeluznante” dijo Chediak, pero sí algo significativo para Estupefacientes, que mantiene 1.200 causas acumuladas por narcotráfico.
La Senaclaft compareció este jueves ante la Comisión Especial sobre Lavado de Activos de la Cámara de Diputados. Allí ,según el acta de la sesión a la que accedió El Observador, contó los planteos que le realizó Gómez.
En primer lugar, la posibilidad de prorrogar la entrada en vigencia de lo pautado en la Rendición de Cuentas y que las causas en trámite sigan a estudio de las fiscalías que, originalmente, las venían investigando. Y, como solución de fondo, la creación de una fiscalía especializada en Lavado de Activos. Una fórmula que, señaló Chediak, es apoyada por la Senaclaft y que cuenta con el visto bueno de Presidencia.
La fiscalía empezaría “de cero” y recibiría las nuevas causas que vayan llegando, con un fiscal y dos adjuntos que concentren competencia a nivel nacional y que se dediquen en forma exclusiva al tema. Su objetivo será, dijo, mejorar los números. “Que el número en un año de persecuciones exitosas y de condenas se incremente, básicamente para quedarnos todos tranquilos y no tener eventuales observaciones del Gafilat", relató.
Chediak se refiere al Grupo de Acción Financiera de América Latina y la posibilidad de que Uruguay reciba un llamado de atención por sus bajos números. El titular de la Senaclaft adelantó que el gobierno estaría enviando en los próximos días un proyecto de ley al Parlamento para la creación de la nueva fiscalía.
Y, “afinando un poco el lápiz”, Chediak pidió en el Parlamento mayores facultades de investigación para la Senaclaft. Sería para evitarle un “cuello de botella” a la fiscalía.
Explicó que la intención es que la secretaría pueda autónomamente disponer de la citación de testigos y recurrir a la Policía para ir armando una investigación técnica sin tener que recurrir en forma permanente al fiscal. Sería, dijo, poder presentar una investigación previa, “llave en mano” y decirle al Ministerio Público: “nosotros hicimos todo lo que pudimos en la parte de lavado de activos. Acá está, trabaje con esto”.
Inmobiliarias y escribanos
La Secretaría Antilavado se encuentra realizando un estudio comparativo de la situación de Uruguay en la región. Está cargo del asesor de la Senaclaft, Gustavo Misa, que informó a los legisladores de una nueva caída por segundo año consecutivo del número de Reportes por Operaciones Sospechosas (ROS) en el sector no financiero nacional.
La caída más fuerte, según Misa, fue en el sector inmobiliario, que comenzó a ser fiscalizado el año pasado. También se está trabajando sobre escribanos y rematadores.
A través de un trabajo con el Registro de la Propiedad Inmueble se elaboró un listado de entre 150 y 200 operaciones que a priori podrían representar un riesgo. "Hemos encontrado que hay una disminución en cuanto a lo que es conocimiento de la aplicación de la norma, lo que va a llevar a alguna sanción administrativa", dijo el asesor. "No logramos, por lo menos en una primera instancia de 60 o 70 fiscalizaciones, encontrar operaciones no reportadas".
"Vimos un marcado descenso en el cumplimiento normativo", advirtió Misa. "No en cuanto obligaciones importantes, pero sí en la sumatoria de incumplimientos". La idea de la Senaclaft es realizar un "seguimiento permanente" en el sector inmobiliario. Allí irán destinadas el 30% de las inspecciones.
Más allá del número de ROS, Misa advirtió sobre otro problema: las investigaciones penales derivadas no pasan del 1%. "Es muy difícil poner el tema sobre la mesa si no logramos investigaciones penales", expresó. "Si le decimos a un sujeto obligado no financiero que este es un problema del país que debe tener en cuenta, nos puede contestar: 'bueno, yo no veo que haya investigaciones por lavado de activos"', concluyó.
