Leal, sobre críticas dentro del FA por cárceles: "Deberían apagar las antorchas"

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Leal se tomó algunos minutos de su intervención para hacer referencia a la reciente propuesta del Ministerio del Interior de dejar en manos de la Guardia Republicana la seguridad de las cárceles. La medida anunciada por el ministro Eduardo Bonomi se convirtió en el blanco de críticas, esta vez de parte de varios sectores del FA que ven en la iniciativa un retroceso en los proyectos de rehabilitación. Las agrupaciones más críticas con esta medida fueron Casa Grande, el Ir y el Partido Socialista. 

"Hay compañeros que deberían apagar las antorchas. Porque parecería que lo único que les interesa es encender hogueras de forma permanente y no debatir en profundidad", apuntó Leal. El jerarca afirmó que la medida se trata de una preparación para lo que se concretará en febrero de 2021, que es la salida del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la órbita de la cartera del Interior.

Leonardo Carreño

Según lo planificado por ese ministerio, a esa altura se contará con una Guardia Penitenciaria, dotada por los 3.200 policías que hoy trabajan en las cárceles, que dependerá de la Guardia Republicana. "La decisión de hoy es preparar esa transición, porque estamos a un año y medio de que el INR salga", defendió Leal. 

De esta manera, consideró que la discusión que se desató a la interna del oficialismo por el tema es un "buen ejemplo" de que la forma en la que la izquierda ha debatido los temas de seguridad "no es la mejor". 

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"No hubo nadie que desde el '85 hasta la fecha quisiera aceptar a las cárceles en su dependencia. Ni en el Partido Colorado (PC) ni en el Partido Nacional (PN). Porque asumir la gestión de las cárceles desde la lógica de la rehabilitación es algo que todo el mundo quiere pero nadie desea administrar", apuntó Leal. Y agregó: "A la hora de encender las antorchas para prender hogueras están todos de acuerdo, pero después nadie quiere asumir la responsabilidad". 

Por eso, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana invitó a quienes critican la medida a que sean parte, en el próximo gobierno, del INR, y que participen de la "gestión del problema". 

Leonardo Carreño

Rafael Paternain, sociólogo y senador suplente de Constanza Moreira (líder de Casa Grande), dijo una vez que se conoció la medida que el "retroceso" no podía ser "más completo” y que “apelar a la Guardia Republicana para la seguridad en las cárceles es el síntoma más elocuente de un fracaso”. "Lo menos que podemos esperar, lo mínimo que debemos exigir, es un nuevo gobierno de izquierda dispuesto a replantearse en serio el camino”, agregó el referente de Casa Grande en materia de seguridad.

El escenario a 2021

Leal explicó que actualmente hay 4.700 funcionarios que trabajan en los 26 centros penitenciarios del país. De ese total, según explicó, 1.500 son civiles –técnicos, profesionales y educadores destinados a la rehabilitación– y otros 3.200 policías. Cuando se concrete la salida del INR de la órbita del Ministerio del Interior se irán también los 1.500 funcionarios de rehabilitación pero no así los 3.200 policías que tendrán que depender de alguna otra dependencia de la cartera que no sea el INR. 

"Los policías quedan en el Ministerio del Interior. Para eso hay que construir una institucionalidad para saber de quién van a depender dentro del ministerio", señaló el jerarca. Para ello, según sostuvo, se creará un cuerpo especial, llamado Guardia Penitenciaria, en la que estarán incluidos los 3.200 policías que "van a ser parte de un equipo profesional especializado en temas de seguridad carcelaria". Y esa Guardia Penitenciaria va a depender de la Guardia Republicana, afirmó Leal.