Los casos de tortura y malos tratos se triplicaron en las cárceles del estado de San Pablo

El coordinador del Núcleo Especializado de Situación Penitenciaria, Diego Polachini, precisó que el organismo verificó desde el primero de enero pasado 211 casos contra un total de 61 registrados en 2022.

“El sistema en su conjunto es una tortura, y la violación de derechos dentro de las prisiones no se limita a casos específicos, es sistemática, y la única solución es sacar de esa situación a la mayor cantidad de personas posible. Vivir en la cárcel ya es una tortura”, evaluó el funcionario.

“La idea de encarcelar a una persona en una jaula obviamente constituiría tortura en cualquier aspecto, pero como se trata de una persona que cumple condena, eso no se considera”, dijo el defensor en una entrevista concedida a la Agência Brasil.

Según el organismo, el aumento de las denuncias es consecuencia en primer lugar de un incremento de la tortura, pero también de un mayor acceso de las familias de los detenidos a los medios de denuncia.

En marzo pasado, la Defensoría Pública envió al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) un análisis del cumplimiento de las normas contenidas en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ocasión en la que denunció prácticas ilegales e inercia estatal frente a los casos.

El documento señala el perjuicio que ocasionó el veto por parte del gobierno estatal en 2019 al proyecto de ley que impulsaba la  creación de un Mecanismo y Comité para Prevenir y Combatir la Tortura; oportunidad en la que reclamó la necesidad de una investigación pronta e imparcial en los casos de violencia institucional; además de denunciar graves episodios practicados por grupos tácticos penitenciarios.

Polachini destacó los casos documentados durante las acciones desplegadas por el Grupo de Intervención Rápida (GIR), un batallón táctico que depende de la Secretaría de Administración Penitenciaria (SAP) y que fue creado para reprimir desórdenes, pero que con el paso de los años se ha convertido en una presencia regular y ostensible en las cárceles, siendo protagonista de episodios de violencia y tortura contra los presos.

Uno de los episodios reportados a la ONU fue un operativo realizado en 2015, en la Penitenciaría Presidente Prudente, para incautar posibles objetos ilícitos en las celdas. En ese momento, alrededor de 240 detenidos sufrieron violencia física y psicológica durante dos horas y media. Según el documento, aun sin encontrar resistencia, los agentes del GIR agredieron físicamente a los presos con puñetazos, patadas y porras, además de dispararles balas de goma en un recinto cerrado.

“Varios presos sufrieron lesiones corporales, principalmente en la espalda y en los glúteos, lo que demuestra que se encontraban en una posición de indefensión. Por si fuera poco, entre los heridos había un anciano y una persona en silla de ruedas, lo que demuestra el nivel de brutalidad de las agresiones”, informó la Defensoría del Pueblo en su análisis.

El documento señala que, además de la violencia institucional, otras violaciones sistemáticas que constituyen actos de tortura en el sistema penitenciario paulista son “el hacinamiento, la falta de ventilación e iluminación adecuadas, equipos mínimos de salud, falta de medicamentos, mala calidad de la estructura edilicia, el racionamiento y falta de agua potable, además de la falta de una alimentación adecuada y en cantidad suficiente”.

“El miedo al hambre es una constante en el sistema penitenciario. Los presos viven bajo esa amenaza y pasan hambre constantemente. Necesitan complementar su dieta a través del apoyo familiar. Si la familia no les envían comida, pasan hambre”, afirmó Polachini.

El defensor también cita situaciones conocidas como “castigo de hambre”, en las que las irregularidades cometidas por los privados de libertad son sancionadas con el racionamiento de alimentos y agua.

En cuanto a la violencia psicológica, existen denuncias de amenazas por parte de los agentes penitenciarios. “Es usual que cuando un preso está a punto de salir en libertad, los guardias comiencen a amenazarlo con aplicarle una sanción por alguna supuesta falta grave, por lo que la persona vive una constante tortura psicológica, con miedo de decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa que le impida el derecho a dejar la prisión”, explicó Polachini.

También hay situaciones de violaciones a los derechos durante los registros. “Hay penitenciarías específicas en donde los presos, para salir a trabajar, por ejemplo, aunque estén en un régimen semiabierto, tienen que quitarse la ropa todos los días”, dijo Polachini.

El defensor agregó que, en una de las denuncias recibidas por la Defensoría, una persona con discapacidad fue obligada a quitarse la ropa y sentarse en el piso cada vez que salía de la celda, lo cual fue definido como “tortura” por la denunciante.

“La única limitación que impone la Justicia a las personas privadas de libertad es la privación de la libertad. En vista de ello, los demás derechos, garantizados a cualquier ciudadano, también deben ser garantizados dentro de la prisión. Este es el entendimiento de los tribunales superiores y de los tribunales internacionales”, advirtió el funcionario.

“Los presos deben tener, entonces, el derecho al trabajo, al estudio, a la dignidad. Los presos tienen exactamente todos los derechos de un ciudadano en libertad. No pueden ser torturados, no pueden ser atacados, no pueden ser insultados, no pueden ser sometidos al racionamiento de productos de primera necesidad, como el agua y la electricidad”, enfatizó.

Según Polachini, la mejora de las condiciones estructurales del sistema penitenciario pasa por reducir la población carcelaria. “La única solución para minimizar los casos de tortura es simplemente sacar a la mayor cantidad de personas de las cárceles”, afirmó.

Actualmente, el estado de San Pablo cuenta con instrumentos destinados a reducir la población carcelaria, pero no son puestos en práctica por el Poder Judicial.
“Nuestra Constitución trata la prisión como una excepción. El 40% de los presos son presos preventivos, presos que aún no han sido sentenciados. La constitución y el Código Procesal Penal, e incluso las recomendaciones de los máximos tribunales, dicen que la prisión antes de la sentencia es una excepción”, recordó el funcionario.

“Muchas veces, lamentablemente, esto no se aplica, principalmente aquí, en el estado de San Pablo, que tiene una alta tasa de conversión de arrestos en flagrancia en prisión preventiva. Se podrían aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, que ya están plenamente previstas”, agregó.

Polachini citó el habeas corpus colectivo, otorgado por el Superior Tribunal Federal (STF) en 2018, que determinó la sustitución de la prisión preventiva por la prisión domiciliaria para las mujeres embarazadas, madres lactantes y madres de niños hasta 12 años o personas con discapacidad, en todo el territorio nacional.

Entre las recomendaciones del documento enviado a la ONU, la Defensoría del Pueblo pide que el país adopte medidas que garanticen la “remoción cautelar” de los agentes públicos sospechosos de estar involucrados en delitos de tortura y malos tratos, y que los casos sean investigados en un plazo razonable.

Por su parte, el coordinador auxiliar del Centro de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Defensoría Pública de San Pablo, Surraily Youssef, señaló que cuando existen denuncian por violaciones a derechos elementales, las investigaciones casi siempre se dirigen a evaluar la conducta del detenido y muy pocas veces a indagar el accionar de los agentes penitenciarios.

“Lo que vemos es que todavía hay una desvalorización de la narrativa sobre la violencia que sufren las personas que en algún momento han tenido algún contacto con la Justicia Penal, y es esta cultura la que tenemos que revertir. Tenemos que luchar para que esa narrativa sea central”, afirmó Youssef.

Según el funcionario, es necesario pensar en mecanismos de inspección de los entornos de privación de libertad, a fin de ampliar las posibilidades de acceso a la prisión por parte de los organismos de control y facilitar así la aplicación de los protocolos de la Convención de la ONU contra la Tortura.

Los instrumentos estaban previstos en un proyecto de ley, aprobado por la Asamblea Legislativa de San Pablo y que vetó por el gobierno estatal.

“La iniciativa de 2019 establecía el Mecanismo y el Comité Estatal, un instituto que podía acceder a espacios de privación de libertad. Y no solo en prisión, porque hay reportes de violencia incluso en comunidades terapéuticas, en hospitales psiquiátricos y hasta en asilos de ancianos. Es importante que la ley sancionada se pueda aplicar, que se permitan las inspecciones”, dijo Youssef.

(Con información de Agencia Brasil)