Los "ciudadanos del mundo" más ricos todavía no han sido alcanzados por la Justicia fiscal

"Los impuestos son lo que se paga por una sociedad civilizada", dijo el juez de la Corte Suprema de EEUU Oliver Wendall Holmes en 1927. El tema, siempre relevante, lo fue aún más la semana pasada cuando la Corte Suprema estadounidense escuchó los argumentos iniciales en Moore vs. Estados Unidos, un caso que examinará si el impuesto de repatriación obligatorio (MRT, por sus siglas en inglés) de 2017, el cual obligaba a las corporaciones a pagar un impuesto único sobre las ganancias extranjeras diferidas, es legal.

Los lectores recordarán que el MRT tenía como objetivo capturar parte de los billones de dólares en beneficios en el extranjero de las grandes compañías estadounidenses antes de una reducción de la tasa impositiva corporativa, junto con el fin del principio de tributación "mundial" del país. Este sistema había animado a las multinacionales estadounidenses a mantener sus beneficios en el extranjero, donde las tasas eran más bajas que el gravamen estadounidense del 35 por ciento de entonces, y a evitar una posible doble imposición al no repatriar sus beneficios. En la actualidad, las compañías estadounidenses están sujetas a una tasa del 21 por ciento y ya no le pagan al Gobierno impuestos adicionales sobre sus beneficios en el extranjero.

La pregunta para la Corte Suprema es si gravar las ganancias no realizadas es legal. Los demandantes — una pareja estadounidense que tuvo que pagar US$15,000 por ganancias no realizadas en un negocio de fabricación indio como parte del impuesto de 2017 — y muchos conservadores están esperando que la Corte diga que no lo es.

Pero revocar el MRT también le dificultaría al Congreso la imposición de un impuesto sobre el patrimonio, por el que los demócratas están presionando; y abriría la caja de Pandora de los litigios en EEUU, donde un fallo así trastocaría las normas fiscales vigentes.

Algunos jueces conservadores, como Amy Coney Barrett, parecen recelosos de los argumentos de los demandantes, quizás porque no quieren alterar el "statu quo". Y el fallo no se producirá sino hasta dentro de algún tiempo. Pero el caso resalta las dificultades de cómo concebir la justicia fiscal después de décadas de globalización y de transformación tecnológica que les han permitido a las grandes corporaciones y a los individuos ricos jugar un juego de suma cero de arbitraje y evasión fiscal.

Los ricos de todo el mundo no sólo pueden seguir eligiendo entre las estructuras fiscales internacionales más favorables, sino que el cambio económico de la fabricación a los servicios y a la información les ha facilitado todavía más mantener patrimonio en paraísos fiscales. Al fin y al cabo, las fábricas son más difíciles de ocultar que, por ejemplo, las patentes o los datos.

El reciente Informe Global sobre Evasión Fiscal del Observatorio Fiscal de la Unión Europea (UE) contiene un gráfico particularmente sorprendente que describe el desplazamiento de beneficios por parte de las multinacionales estadounidenses entre 1975 y 2022. Mientras que a finales de la década de 1970 las compañías estadounidenses casi no registraron ingresos en paraísos fiscales, en la actualidad registran más de la mitad de sus beneficios en dichas regiones.

Después de 2017 hubo una ligera tendencia a la baja, pero la deslocalización de beneficios volvió a repuntar y se mantiene, más o menos estable, en torno al 50 por ciento. Sólo una pequeña proporción de esos beneficios puede justificarse mediante un negocio real sobre el terreno. Y aunque EEUU sobresale, la deslocalización de beneficios extranjeros a paraísos fiscales en su conjunto se ha mantenido en torno al 35 por ciento desde 2015.

El impuesto mínimo mundial del 15 por ciento sobre las multinacionales acordado por 140 países en 2021 debería haber ayudado con esto, pero EEUU y muchos otros países ricos aún no lo han aplicado o hecho cumplir correctamente. Es más, la lista de lagunas legales ha aumentado, reduciendo los ingresos y proporcionando incentivos continuos para que las compañías envíen sus beneficios a paraísos fiscales.

Los individuos ricos también se benefician de muchas lagunas legales. Según el informe, los multimillonarios de todo el mundo pagan, en promedio, entre el 0 y el 0.5 por ciento de su patrimonio. Puede que ellos escondan menos en paraísos fiscales (gracias al aumento del intercambio de información bancaria internacional), pero siguen utilizando propiedades inmobiliarias nacionales y compañías fantasma para evadir el impuesto sobre el ingreso personal.

No es de extrañar que en muchos países ricos se esté hablando cada vez más de impuestos generales al patrimonio e incluso impuestos sobre la tierra. La capacidad de las compañías y de los individuos ricos para utilizar complejas estructuras jurídicas con el fin de burlar a los reguladores nacionales exige unas normas sencillas y vigorosas.

Pero también requiere una mayor coordinación mundial. Los ricos ahora están menos atados a países y a jurisdicciones fiscales que en el pasado. Esto dificulta que cualquier país pueda resolver por sí solo el problema de la evasión fiscal. Yo conozco a muchas élites ricas y liberales que se autoconsideran "ciudadanos del mundo", pero, muy a menudo, esas pretensiones de preocuparse por todos significan que realmente no contribuyen mucho a ningún país o comunidad en particular.

Esto se ha convertido en una nueva e inquietante tendencia entre los ricos del mundo. En su nuevo libro, Gods Among Men: A History of the Rich in the West (Como dioses: Una historia de los ricos en Occidente), Guido Alfani, un historiador económico de la Universidad Bocconi, explica cómo en el pasado los ricos contribuían más al bien común en tiempos de guerra, hambre, plagas y desastres financieros. Hoy en día, ese sentido de responsabilidad compartida ha desaparecido. A pesar de la crisis financiera, la pandemia y la guerra de Ucrania, ni las tasas impositivas ni las contribuciones de los ricos del mundo a los Estados nacionales individuales están aumentando significativamente.

Parte de esto puede deberse al exceso de dinero privado en la política, un problema particular en EEUU (y cada vez mayor, tras el caso Citizens United de 2010, el cual anuló leyes centenarias de financiación de campañas). También puede tratarse de la desvinculación entre riqueza y lugar en un mundo posglobal. Independientemente de cuál sea el caso, las crisis del momento — desde el cambio climático a los conflictos hasta la re-capacitación de la fuerza laboral — exigen más ingresos fiscales. Si no pagamos todos la parte que nos corresponde, puede que la sociedad se vuelva cada vez más incivilizada.