Los empleados estatales están en la mira del gobierno. El presidente Javier Milei públicamente se jactó en su última entrevista televisiva de haber pasado “la motosierra” por las reparticiones nacionales y haber reducido 50 mil puestos de trabajo. En su habitual conferencia de prensa, Manuel Adorni, anunció este miércoles el despido de 900 trabajadores que cumplían tareas en el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y de la Pesca Artesanal (Inafci). En ese marco, desde Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advierten sobre una cesantía masiva que se llevará a cabo a fin de este mes y que dejará sin trabajo a otros 70 mil trabajadores.
En ese marco, el gremio que agrupa a buena parte de los empleados de la administración nacional convocó a una reunión del Consejo Directivo Nacional para este jueves con la participación de los secretarios generales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aire.
“Hemos decidido convocar a una nueva reunión de nuestro Consejo Nacional con la presencia de todas las provincias. Es inminente el despido de miles de trabajadores en la Administración Pública Nacional. Los estatales tenemos que profundizar nuestro plan de lucha y definir medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes”, manifestó el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar.
“Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril para realizar un nuevo paro general. Se están erradicando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional”, agregó el dirigente.
Si bien, la reunión se realizará dentro de 48 horas, desde la cúpula sindical estiman que no sólo saldrá un plan de lucha de la reunión, sino también el pedido concreto para que las centrales sindicales le pongan fecha a un nuevo paro general.
La conflictividad laboral sigue creciendo. Los conflictos se multiplican en la secretaria de Trabajo y los principales gremios comienzan a desarrollar la discusión dentro de la tensión de los planes de lucha que se multiplican por actividad y por sector. Por caso, la UOCRA ya advirtió por la pérdida de 80 mil puestos de trabajo, la UOM lanzó un paro por 72 horas y Camioneros se prepara para realizar una medida de fuerza si el Poder Ejecutivo no homologa la paritaria que ya está cerrada con la Cámara empresaria.
Por su parte, la cúpula de la CGT aún no da pistas de un nuevo paro general. Por ahora la central sindical tiene sus cañones apuntados a la marcha del 24 de marzo de la que participará activamente junto a las dos CTA, organismos de derechos humanos y movimientos sociales.
“Veremos la semana que viene, hay conflictos en casi todos los rubros”, anticipó uno de los hombres que suele ser parte de las reuniones de mesa chica de la CGT. Sin embargo, no parece haber una postura definida aún dentro de la Confederación General del Trabajo.
Dentro de ese marco, en los pasillos de la CGT siguen de cerca tanto el devenir en el Congreso, tanto del DNU como de la nueva Ley Ómnibus en el Congreso. A partir de allí, y pivotando sobre la UOCRA y la parálisis de la obra pública, tienden puentes con los gobernadores.
El diálogo político está en marcha, la construcción de un nuevo paro general comienza a cimentarse. Sin embargo, la unanimidad por ahora no es lo que reina en la CGT.
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