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Medioambiente: no es solo crear instituciones
Por Pablo Gristo Savornin
El gobierno electo anunció la creación del ministerio de medioambiente para el período 2020-2025. Sin perjuicio de la jerarquía que esta institucionalidad asigna al asunto, y la potencialidad de impulsar políticas y programas ambientales, mejorar la gobernanza ambiental pasa por otras cuestiones.
En primer lugar, distintas materias ambientales hoy residen en otros ministerios y no queda claro cuánto de esas atribuciones serán transferidas. El caso paradigmático es el del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), donde tradicionalmente se han tomado decisiones basadas en lo productivo pero que tienen un significativo efecto ambiental.
Temas de controversia como el registro y control de uso de productos químicos en la agropecuaria (plaguicidas, fertilizantes o veterinarios) están bajo la administración del MGAP, a la vez encargado de promover las actividades productivas que usan estos productos. O las tareas de investigación y gestión de los recursos naturales biológicos, en cursos de agua continentales y marinos, que históricamente ha desarrollado Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), a la vez que promueve la explotación de los recursos pesqueros.
El problema no es solo una gestión ambiental deficiente, sino el permanente conflicto de intereses que crean estos asuntos al interior del MGAP. Pues naturalmente se espera que prime lo productivo sobre lo ambiental (o la salud ocupacional). Pero no es el único asunto ambiental actualmente fuera de la órbita del Minsterio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).
Es imprescindible que las cartas se firmen con nombre, apellido y que se proporcione número de cédula de identidad o credencial cívica. También debe constar dirección y teléfono de su autor. El Observador se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar las que considere oportunas.
Por ejemplo, la Armada Nacional es la encargada de atender la prevención y respuesta a derrames de hidrocarburos, y actividades de un alto riesgo potencial como los STS (trasbordo de combustible) o la vigilancia de la descarga de efluentes y residuos de cientos de buques en tránsito por aguas territoriales. Podríamos seguir enumerando asuntos, como la gestión de residuos sólidos urbanos por las intendencias, o el saneamiento (en particular sus deficiencias o falta de) que es competencia de OSE en el interior y de la Intendencia de Montevideo en la capital.
Ninguno de estos asuntos es controlado efectivamente por el Mvotma actualmente. A la vez, existen importantes actividades y sectores fuera de cualquier evaluación o seguimiento ambiental. Se puede verificar en la lista de actividades sujetas a autorización ambiental previa del Decreto 349/2005 y sus modificaciones.
El grueso de las actividades agropecuarias, que usan productos químicos, que generan efluentes líquidos y residuos sólidos y que producen emisiones a la atmósfera, ha estado excluido de una evaluación ambiental independiente. Y no es un tema menor, si se consideran los resultados de recientes estudios y la responsabilidad de las “fuentes difusas” (agropecuarias) en los aportes de nutrientes para el problema de las cianobacterias.
Fortalecer la gestión ambiental no es solamente crear instituciones, sino asignar competencias a través de leyes y decretos, y además dar recursos para la eficiente evaluación y control de todas las actividades y emprendimientos que pueden contaminar. Esperemos que así sea.
