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Megaoperativo policial terminó con los detenidos en sus casas obligados a pagar agua y luz
Diez detenidos en el operativo policial realizado en el barrio Tres Ombúes este domingo en procura de desarticular una "red criminal" , fueron imputados por la Justicia este lunes por hurto de luz y agua, y ninguno irá a prisión ya que se acordó suspenderles los cargos a cambio de que cumplan con determinadas condiciones.
La fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, a cargo del operativo dijo a El Observador, que los detenidos deberán fijar un domicilio fijo y "regularizar" las conexiones a los servicios públicos, además de presentarse una vez por semana ante la seccional del barrio, durante lapsos que van entre cuatro y seis meses, dependiendo del imputado. En este caso se aplicó la suspensión condicional del proceso, figura que introdujo el nuevo Código del Proceso Penal -vigente desde noviembre del año pasado- y que consiste en que las partes acuerden dejar sin efecto las acusaciones cuando los delitos no son graves, a cambio de acciones de reparación a la sociedad.
"La policía estaba investigando la asistencia a varias bocas de droga en el barrio", dijo Ferrero, pero lamentó que la presencia de un sistema de videovigilancia -que fue desmontado el mismo domingo durante el operativo-, que contaba con cámaras instaladas en las columnas de alumbrado del barrio, permitió a los delincuentes esconder la droga a tiempo antes de que ingresaran los efectivos.
Ese fue del resultado del Operativo Mirador IX que la cartera de seguridad anunció en un comunicado que era "fruto de la investigación sistemática, (en la que) se identificaron un conjunto de viviendas que se utilizan para diversas actividades delictivas relacionadas al narcotráfico y a grupos criminales que ejercen intimidación a los vecinos", y que implicó la demolición de viviendas "que se habían instalado en una calle pública" cerrada por "grupos delictivos".
En el procedimiento policial participaron "la Dirección de Crimen Organizado e Interpol con el apoyo del Área de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección Nacional de Policía Científica, la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y la Unidad Aérea de la Policía Nacional".
Tras todo ese despliegue se realizaron 27 allanamientos, se incautaron drogas y municiones, y se detuvo a casi dos decenas de personas.
