De no haberse provocado la peor crisis política de Cabildo Abierto, entre las 12 adjudicaciones directas remitidas, la exministra hubiera podido lucir ante los suyos que atendió la situación de la cabildante Mónica Píriz –aún cuando no era "urgente"– y que quiso hacer lo mismo con el militante Eduardo Videla, aunque el trámite quedó trunco tras su salida.

También que en Rivera autorizó el ingreso de una familia vinculada a Cabildo –aún cuando siete meses después un informe social recomendaría lo contrario–, y que facilitó el cambio de vivienda, con subsidio incluido, a la secretaria cabildante Olga Camacho, incluso cuando la Asesoría Legal había remarcado que el MVOT no debería actuar como una "inmobiliaria", porque la "problemática de las familias es muy amplia e inabordable". 

Foto: Leonardo Carreño.

"Quienes más nos están cuestionando son los propios cabildantes", cuestionaba la diputada Elsa Capillera varios meses antes de irse de Cabildo. "Algunos fueron al ministerio con el dinero para el alquiler con opción a compra, pero a ellos se los mandó a esperar al sorteo".

Cuando Guido Manini Ríos visitó en marzo del año pasado el barrio Santa María, convencido de que en zonas como esa estará "el quid de la elección", el senador recorrió las calles seguido detrás por un grupo de vecinos y un periodista de El Observador. "Probá pedirle trabajo", le susurró una mujer a la otra. El pedido, al menos en presencia del periodista, no llegó a consumarse. 

La tentación del clientelismo, ya sea por vocación de solucionar problemas o por cimentar una base política propia, pica cerca de todos los dirigentes políticos y en pleno 2024 salpica la campaña electoral. 

"Hasta que no lo corrijamos en la ciudadanía, se va a reflejar en el sistema político", decía la senadora blanca Graciela Bianchi en el Parlamento. "Nos culpan a nosotros, pero cuando nos eligen, a los cinco minutos están llamando para ver qué podemos darles".

Algo así confiesan, con el diario del lunes, que le pasó a su correligionario Carlos Albisu en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, cuyas designaciones directas le costaron el cargo como presidente de la delegación uruguaya y motivaron una tensa interpelación del Frente Amplio a las autoridades, que por momentos tuvo de aliados a diputados oficialistas.  

Solo cuatro dirigentes en Salto Grande presentaron su renuncia. Otros 15 accedieron a firmarla, pero para volver a ser designados con contrato a término. Y hubo otros 12 vínculos que la contraparte argentina no autorizó a recategorizar, por lo que siguen en las mismas condiciones. Tres de ellos son ediles del Partido Nacional, que prefirieron presentar renuncia a la Junta Departamental antes que retirarse de la CTM, aún cuando la Cámara de Diputados demandó por unanimidad su salida. 

La estructura política sigue firme y el conflicto no evitó que el precandidato Álvaro Delgado proclamara a Albisu como su delfín para la Intendencia de Salto en 2025. "Hubo un exceso de discrecionalidad" pero "no hubo delitos", justifica el exsecretario de la Presidencia. 

El Poder Ejecutivo tuvo que enviar al Parlamento un proyecto de ley para que los delegados políticos en comisiones binacionales deban "abstenerse" de participar en política. Desde octubre del año pasado sigue pendiente de aprobación.

Diego Battiste

La idea de alejar al proselitismo de las empresas públicas tiene larga data. Cuando estaba en la oposición al FA como senador del Partido Independiente, Pablo Mieres impulsaba hacer reformas para que los jerarcas de empresas públicas no hicieran política, en tiempos en que arremetían contra las carreras de Raúl Sendic en Ancap y la de Carolina Cosse en Antel. 

El "patronazgo"

"Esta ley nos viene de novela en estos tiempos electorales, porque las gente nos dice: '¿No habrá un lugarcito?'", ironizaba Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, cuando salía al cruce del proyecto que se votará el martes en el Senado. "Ahora voy a tener la excusa: 'No puedo, hay una ley nacional que me lo impide'".

"No seamos hipócritas (...) todos utilizamos el dedo", enrostraría a los intendentes del FA, los tres precandidatos presidenciales.

El salteño Andrés Lima ha sido el más salpicado por sucesivos episodios tales como el nombramiento de su cuñada mientras buscaba otro trabajo; la designación en la intendencia, en pleno año electoral, de su jefe de campaña y su encargado de comunicación –cuando los dos son de Montevideo–; y que dos listas de su entorno quedaron señaladas en una misma semana por clientelismo. 

Tampoco se ha salvado de las críticas de propios y ajenos Yamandú Orsi en Canelones. Pero si de influencia a través del empleo se trata, las intendencias del Partido Nacional lideran en casi todo el ránking, al calcular la tasa de funcionarios públicos por gobierno departamental. Lo mismo con el Estado en su globalidad: en Flores, por ejemplo, hay un funcionario público por cada siete personas en edad de trabajar.

La academia refiere a estos casos como "patronazgo": "Solo lo puede hacer alguien que está en el Estado", explica a El Observador el magíster en Ciencia Política, Fabricio Carneiro. La definición más clásica refiere a la oferta de recursos públicos por parte de jerarcas a cambio de apoyo electoral. 

Una peculiaridad del caso uruguayo –y para algunos analistas una virtud– es su escala: "Al ser un país unitario, tiene pocos recursos para distribuir, comparado con un país federal", sostiene Carneiro. Basta mirar a las provincias argentinas, que gestionan policías, servicios de salud y sistemas educativos propios. 

"Es una vieja práctica que vive y lucha en Uruguay. Hay algunos lugares donde no se la ve como problemática, y desde una parte de la clase política se la defiende como una estrategia válida de construcción de poder político", analiza Carneiro, que acaba de ganar un fondo concursable en la Universidad de la República para profundizar en el tema. 

"Sabemos bastante poco. Es súper difícil de medir cómo se construyen las estrategias de patronazgo a nivel subnacional, porque necesitás datos muy específicos que muchas veces no están". La Oficina del Servicio Civil (ONSC) ha dado cuenta de las dificultades para tener datos certeros, tanto por omisión de información como por los distintos criterios manejados en cada departamento. 

Carneiro sostiene que esta "práctica extendida" del siglo XX empezó a limitarse "a partir de la década del '90", ante un Estado más moderno con registros más sistematizados, pero que al mismo tiempo veía crecer a un Frente Amplio que hasta entonces era "externo" a la estructura estatal y se paraba desde un "puritanismo" que daba "mayores incentivos para limitar" el patronazgo.  

"Hoy el FA ya no es más un partido externo. No tengo evidencia, pero es posible que sobre todo en las intendencias del interior se haya sumado a estas prácticas, porque son redituables políticamente", afirma. 

Leonardo Carreño

En los 15 años de gobiernos frentistas aumentó en más de 70 mil la plantilla de funcionarios públicos, con Danilo Astori tildándolo de "exceso", pero con otros en la izquierda y los sindicatos bregando por un Estado más presente.  

A pesar de que Luis Lacalle Pou intentó en un inicio restricciones, su decreto para reponer una baja por cada tres en la Administración Central generó inquietudes. Al filo del plazo constitucional y en los albores de la campaña, el presidente firmó 932 presupuestaciones, que son tanto un "alivio" para varias reparticiones como también el nombramiento definitivo de militantes. 

Falta un voto

Con el voto asegurado de colorados, Cabildo y el Frente, al proyecto de Peña para generalizar los concursos como vía de ingreso –o el sorteo público en su defecto– solo le falta una mano en el Partido Nacional para lograr la necesaria mayoría especial y pasar a Diputados. 

Varios blancos se amparan en la inconstitucionalidad de legislar sobre autonomías departamentales. Peña manejaba a Jorge Gandini y Juan Sartori como dos hombres propensos a votar. Mientras el primero no contestó las consultas, el suplente del segundo dijo a El Observador que será él quien esté en sala y adelantó su oposición. 

"Me parecería casi que una falta de respeto hacer entrar por concurso en tareas que son el ABC de las intendencias, cuando hay gente desesperada por conseguir el trabajo y con zafrales que no requieren casi ningún tipo de especialización", dijo Juan Straneo, aspirante a intendente de Durazno. 

Prueba de que la realidad puede ser más fuerte que la ley es la advertencia que hizo en el Parlamento el exdirector de la ONSC, Conrado Ramos: "Si a los intendentes les planteamos ir de cero a cien, (...) se puede recurrir a los contratos por afuera y luego las eternas regularizaciones que usan los ministerios (...) en todos los gobiernos".